WASHINGTON.- Estados Unidos amaneció este martes bajo una durísima ola de frío polar y hundido en un océano de interrogantes para intentar dilucidar el impacto total de la batería de medidas que tomó el presidente Donald Trump en su primer día tras su regreso a la Casa Blanca. Un grupo en especial ya se encontraba en una situación particularmente vulnerable: los inmigrantes indocumentados, en pánico ante la puesta en marcha de un plan de deportaciones masivas, una de las promesas de campaña de Trump.

La nueva administración le dio rienda suelta a los agentes federales para comenzar a arrestar a los extranjeros que viven en el país sin papeles, y el nuevo zar de la frontera de Trump, Tom Homan, dijo que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) ya habían comenzado a ir en busca de los inmigrantes con antecedentes penales. Homan afirmó que el primer foco sería las “amenazas a la seguridad pública”, pero los planes de la nueva administración comenzaban a ir más allá con el objetivo de atenazar la inmigración ilegal y la llegada de refugiados a la primera potencia global.

Miembros de la Guardia Nacional Mexicana en la frontera con Estados Unidos. (AP Photo/Gregory Bull)

“No las llamaría redadas ni operaciones específicas. Saben exactamente a quién están buscando. Saben prácticamente dónde los encontrarán. Se trata de operaciones bien planificadas”, dijo Homan a la cadena CNN. “Se investigan bien, por lo que permiten obtener información de respaldo. Cuando salen, sale todo un equipo para atender las preocupaciones de seguridad de los agentes. Esto sucede en todo el país”, ahondó el funcionario.

El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, emitió dos directivas para “poner fin a la invasión de la frontera sur de los Estados Unidos y empoderar a las fuerzas del orden para proteger a los estadounidenses”, indicó un comunicado de la agencia federal.

Un grupo de migrantes se dirige a una camioneta de la Patrulla Fronteriza en San Diego, California, después de cruzar ilegalmente y esperar para solicitar asilo entre dos muros fronterizos que separan a México y Estados Unidos, el martes 21 de enero de 2025. (AP Photo/Gregory Bull)

La primera directiva anula las directrices de la administración Biden para limitar las acciones de cumplimiento de la ley ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, según sus siglas en inglés) cerca de las llamadas áreas “sensibles” como escuelas o iglesias.

La segunda directiva pone fin “al amplio abuso” de los programas para conceder permisos de residencia por motivos humanitarios y vuelve a un sistema de caso por caso. Ambas agencias eliminarán ahora gradualmente cualquier programa de libertad condicional que no se ajuste a la ley, indicó la agencia. El gobierno de Biden permitió que migrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela solicitaran la entrada en Estados Unidos por un periodo de dos años, si tenían un patrocinador en el país y pasaban una verificación de seguridad.

La medida permitió bajar drásticamente los arrestos en la frontera ante la caída de los traspasos ilegales, que ahora, ante la nueva ofensiva trumpista, pueden comenzar a trepar nuevamente.

El ICE prioriza la remoción de individuos con antecedentes criminales (Archivo)

Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional dijo que las medidas le daban el poder a los agentes de CBP y ICE para “hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y atrapar a los extranjeros criminales, incluidos asesinos y violadores” que ingresaron ilegalmente al país.

“Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La administración Trump no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que utilicen el sentido común”, agregó.

El gobierno de Trump también congeló el uso de la aplicación CBP One a través de la cual los extranjeros que huyeron de la pobreza, la violencia, el crimen organizado o las inclemencias climáticas en América latina podían solicitar asilo en Estados Unidos. Miles esperaban en Méxco que les llegara el turno para asistir a una cita en la frontera con la esperanza de obtener un permiso de residencia en el país. Ante las nuevas medidas, todo su periplo en busca de una vida mejor en Estados Unidos fue en vano. El gobierno de Trump dijo que iba a revisar el uso de la aplicación.

En Washington, donde el frio perforó los termómetros y congeló las calles, Trump salió de la Casa Blanca temprano para una misa en la Catedral Nacional de Washington, donde la arzobispa de Washington, Mariann Edgar Budde, le pidió que tenga “piedad” con la gente que vive en Estados Unidos.

“En el nombre de nuestro Dios, le pido que tenga piedad de la gente de nuestro país”, le dijo a Trump en el servicio en la catedral. Trump, serio, se sentó en la primera fila junto con la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente, J.D. Vance, y la segunda dama, Usha Vance.

Budde le pidió a Trump que ayude a quienes huyen de las zonas de guerra, que tenga piedad de los niños que “temen que se lleven a sus padres” y que tenga en cuenta a los “niños homosexuales, lesbianas y transgénero de familias demócratas, republicanas e independientes, algunos de los cuales temen por sus vidas”. Su mensaje se hizo eco del pedido del papa Francisco, quien le envió un mensaje a Trump, le aseguró oraciones y bendiciones y le advirtió que será “una desgracia” la deportación de millones de indocumentados.

Trump firmó en su primer día en la Casa Blanca 26 decretos, un récord para un presidente en la historia de Estados Unidos. Varios de esos decretos apuntaron a los extranjeros, incluido uno que ya desató una batalla legal: la eliminación de la ciudadanía para las personas nacidas en Estados Unidos cuyos padres sean inmigrantes sin autorización para estar en el país. Dieciocho estados y dos ciudades, San Francisco y Washington, D.C., todos demócratas, impugnaron la orden en el Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, argumentando que la ciudadanía por derecho de nacimiento bajo la 14ª Enmienda es “automática” y que ni el presidente ni el Congreso tienen la autoridad constitucional para eliminarla. Otros cuatro estados presentaron una segunda demanda en el Distrito Oeste de Washington. La pelea, que puede afectar los derechos de unos 150.000 bebés cada año en el país, muy probablemente termine en la Corte Suprema de Justicia, de mayoría conservadora.

“Los presidentes son poderosos”, dijo el fiscal General de New Jersey, Matthew J. Platkin, quien lideró una de las demandas.Pero él no es un rey. No puede reescribir la Constitución de un plumazo”, agregó.

A última hora de ayer, el mandatario también envió fuertes advertencias a su aliada la Unión Europea y a Rusia.

“La Unión Europea es muy, muy mala con nosotros”, dijo, repitiendo comentarios hechos anteayer. “Así que van a estar en los aranceles. Es la única forma… de conseguir equidad”, dijo en referencia a lo que llamó desequlibrios comerciales.

En tanto, el mandatario reveló que sería “probable” una nueva ronda de sanciones si Moscú no negocia con Kiev el fin de la guerra. “Estamos hablando con [el presidente ucraniano Volodimir] Zelensky”, afirmó. “Hablaremos muy pronto con el presidente [ruso Vladimir] Putin y veremos qué pasa”.