A través de una medida publicada este lunes en el Boletín Oficial, se dispuso la disolución del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), la eliminación del Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo y también del Fondo de Financiamiento, destinado a solventar los honorarios y notificaciones.
La decisión fue oficializada bajo el decreto 55/2025, en el que se determina que las tareas llevadas a cabo por el “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC)”, de intervenir “en los reclamos de derechos individuales de consumidores o usuarios que versaren sobre conflictos en las relaciones de consumo regidas por la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, cuyo monto no excediera de un valor equivalente al de 55 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles”, dejan de tener efecto.
Más allá de la decisión tomada, el Gobierno aclara que aquellos expedientes en curso dentro del COPREC, iniciados “en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 26.993 y sus modificaciones y que estuviesen pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto”, continuarán siendo tramitadas por la Secretaría de Industria y Comercio.
Esta iniciativa tuvo su primera repercusión a mediados del año pasado, por parte del Colegio de Abogados de la Ciudad, cuando trascendió que el Gobierno nacional analizaba el fin. Desde la asociación habían advertido a través de un comunicado que rechazaban “cualquier iniciativa de esa naturaleza”.
“Esta posible modificación en el COPREC podría afectar de forma directa a los abogados conciliadores que trabajan de manera independiente en cuestiones de consumo”, detallaba el documento.
Además, remarcaba: “Nos preocupa especialmente que una reestructuración pueda reducir, limitar o cercenar el ejercicio profesional de nuestros colegas en el ámbito de la conciliación prejudicial de consumo, un servicio que contribuye al acceso a la justicia y a la resolución pacífica de los conflictos entre consumidores y proveedores”.
Más allá del planteo, el Gobierno avanzó con la iniciativa, la cual fue publicada en horas de la madrugada de este lunes y lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía y Justicia, Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente. En las consideraciones, justificaron los cambios señalando que, desde el inicio de la gestión, “se han tomado distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan de manera eficiente”.
A su vez, aclararon que en ningún caso la decisión “afecta los derechos de los consumidores o usuarios, ya que se mantienen vigentes las normas aplicables a las relaciones de consumo y los organismos y procedimientos existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Provincias, que garantizan su protección.”
En segundo lugar, se estableció la disolución del “Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo”, el cual había sido creado por el artículo 4° de la Ley N° 26.993 y contenía el listado de profesionales encargados de llevar adelante los acuerdos.
Por último, el Decreto elimina el «Fondo de Financiamiento», cuyo fin era “solventar las notificaciones y el pago de los honorarios básicos, debidos a los conciliadores”, el cual estaba previsto en el artículo 20 de la mencionada ley.
Al igual que con los procedimientos que ya estaban en marcha, la Secretaría de Industria y Comercio “concluirá las obligaciones pendientes con los recursos remanentes del ‘Fondo de Financiamiento’” en caso de que los hubiere, o con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes a la cartera de Economía.
Según el Ejecutivo, se trataba de entidades con funciones similares, “organismos con facultades y atribuciones superpuestas, así como la existencia de instancias burocráticas con misiones y funciones similares en jurisdicciones geográficas coincidentes”.
El texto señala que esto ha generado “en numerosos casos incrementos en los costos para los proveedores, con el consecuente encarecimiento de los precios de los bienes y servicios para los consumidores o usuarios”.