La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de la excongresista Aída Merlano Rebolledo, que fue hallada culpable del delito de violación de los límites de gastos establecidos para las campañas electorales.
Merlano, que fue condenada el 2 de noviembre de 2022, deberá cumplir una pena de cinco años y seis meses de prisión, además de pagar una multa que asciende a más de 3.400 millones de pesos.
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El caso se remonta a las elecciones al Congreso de 2018, cuando un allanamiento a la sede de la campaña de Merlano reveló irregularidades en los fondos destinados a su candidatura al Senado. Durante el operativo, se hallaron documentos y comprobantes de cheques cuyo destino fueron personas relacionadas directamente con la campaña de la excongresista.
A través de un comunicado, la Corte Suprema precisó que los recursos en cuestión provienen de operaciones financieras llevadas a cabo por los hermanos Gerlein Echeverría, los cuales fueron utilizados para financiar la campaña de Merlano. “Los medios de convicción acopiados dentro de las presentes diligencias demuestran que los recursos económicos provenientes de las operaciones financieras ejecutadas por los hermanos Gerlein Echeverría, se destinaron a la financiación de la campaña al Senado de la República de la exrepresentante a la Cámara”.
Además, la Sala Penal desestimó los argumentos de la defensa, que intentaba exonerar a Merlano de responsabilidad. Además, se destacó que los recursos fueron manejados de forma clandestina con el objetivo de evadir el control de las autoridades. “La clandestinidad que rodeó los giros de recursos buscaba evadir el control de las autoridades, como, por lógica, también lo era el omitir la rendición de cuentas sobre ingresos y gastos de campaña”, agregó el alto tribunal.
“Los razonamientos expuestos sirven para concluir que, en su aspiración electoral, la procesada y los colaboradores de su proyecto político que prestaron su concurso para la administración de los recursos de campaña, propiciaron un exceso ostensible de los topes de financiación y gasto fijados por el Consejo Nacional Electoral”, determinó la Corte.
La sentencia subraya que la excongresista y sus colaboradores en la campaña sabían que los gastos superaban ampliamente los límites legales. Este exceso en la financiación de la campaña provocó una alteración de los principios de igualdad y pluralismo político, que deben regir en las elecciones.
Por lo anterior, el alto tribunal concluyó que la violación de los topes de gasto electoral alteró las condiciones de competencia en el proceso electoral, afectando la equidad en la contienda; y por eso, reafirmó la postura sobre la necesidad de mantener la transparencia y el cumplimiento de los límites financieros en las campañas electorales, en aras de garantizar la justicia y la equidad en los procesos democráticos.
Merlano fue una de las figuras políticas más conocidas del Centro Democrático, se ha visto involucrada en diversos escándalos judiciales. Tras su condena por los delitos de corrupción electoral, la excongresista se encuentra en prisión, a la espera de que otros casos vinculados a su carrera política sean resueltos en las instancias judiciales correspondientes.
Su caso no es el primero en generar controversia sobre el financiamiento de campañas en Colombia. En los últimos años; varios casos, entre ellos el del mimso presidente Gustavo Petro; han puesto en evidencia las prácticas presuntamente irregulares en los procesos electorales, lo que ha motivado a las autoridades a reforzar el control sobre las campañas políticas y la financiación electoral.
La condena de Merlano es un mensaje claro de que el incumplimiento de las normativas en materia electoral será sancionado con rigor, garantizando que las reglas del juego sean respetadas para asegurar la igualdad de condiciones en las contiendas políticas.