Congresistas, contratistas, altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) estarían implicados en lo que sería el mayor caso de corrupción de la actual administración. La Corte Suprema de Justicia investiga la presunta injerencia de senadores y representantes de la Comisión de Crédito Público en este entramado.
De acuerdo con revelaciones del exdirector de la Ungrd Olmedo López y del exsubdirector de manejo de desastres Sneyder Pinilla, varios congresistas están salpicados en el escándalo por la desviación de recursos públicos y el redireccionamiento de contratos.
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Así las cosas, el 17 de enero de 2025, se conoció que el alto tribunal citó a tres exfuncionarios a declarar por los hechos de corrupción que afectaron gravemente a la ciudadanía, sobre todo, a la población de La Guajira. Se trata del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Carlos Ramón González, del exsubdirector de la Unidad Luis Carlos Barreto y del exministro del Interior Luis Fernando Velasco.
Los exfuncionarios fueron señalados de haber participado en el entramado de corrupción y sus declaraciones se sumarán a la del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que habría sido parte del escándalo.
El 16 de enero, la Corte Suprema de Justicia ordenó escuchar los testimonios de ministro de Hacienda, Diego Guevara, que reemplazó a Bonilla en el cargo luego de que renunciara; a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez; al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; y al representante a la Cámara Jhon Jairo González.
Las presuntas actuaciones ilegales de los llamados a declarar
El exfuncionario Luis Carlos Barreto, que fungió como director de Conocimiento del Riesgo de la Ungrd, fue enviado a prisión como medida de aseguramiento por su presunta participación en el entramado de corrupción. Se le imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad de documento privado.
Barreto, que no aceptó los cargos, fue señalado de haber gestionado y tramitado el reintegro de $100.000 millones de un convenio celebrado entre la Ungrd y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Al parecer, de esta manera pretendía desviar recursos que, posteriormente, serían utilizados para la suscripción irregular de ocho órdenes de proveeduría a empresas. Los beneficiados entregarían un 7% del valor de cada contrato.
Por otro lado, el exdirector del DNI Carlos Ramón González habría sido una pieza clave en el caso, puesto que habría sido uno de los funcionarios encargados de dar órdenes para la ejecución de ilícitos. En su caso, según indicó la Fiscalía, ordenó a Olmedo López entregar contratos, cuyo valor acumulado era de $60.000 millones, para beneficiar a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle.
“Debido a la premura con la que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante el mes de septiembre Carlos Ramón González y Olmedo de Jesús López Martínez, variaron la oferta dirigida a Name Vásquez a una suma en efectivo de $3.000 millones y a Calle Aguas por una de $1.000 millones”, detalló la fiscal del caso en una audiencia.
El exministro del Interior Luis Fernando Velasco, por su parte, fue acusado de haber liderado las estrategias corruptas, específicamente, para comprar congresistas y lograr la aprobación de créditos internacionales. Así lo aseguró María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, en diciembre de 2024.
Sin embargo, Velasco aseguró que no tuvo ninguna vinculación con el entramado y pidió que se le permita dar su testimonio. “Toda historia tiene al menos dos versiones y la mía aún no se ha escuchado porque entiendo que mi defensa jurídica prima sobre la mediática”, indicó.
