El primer encuentro entre funcionarios y gremios en el Ministerio de Salud de la Nación por el conflicto en el Hospital Laura Bonaparte tras la decisión oficial de no renovar el contrato de unos 200 empleados concluyó con el pase a un cuarto intermedio para que la intervención dispuesta ayer releve el estado de situación del funcionamiento de ese centro nacional especializado en salud mental y adicciones. En ese plazo, que sería de alrededor de una semana, no habrá medidas de fuerza.
“Continúa la mesa [de trabajo] abierta”, señalaron a LA NACIÓN desde la cartera sanitaria al término de las reuniones –por separado– con delegados de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Participaron por el Gobierno el jefe de Gabinete de Salud, Roberto Olivieri; el secretario de Gestión Sanitaria, Alejandro Vilches; el subsecretario de Institutos y Fiscalización, Enrique Rifourcat, y la directora de Administración del hospital, Pamela Pacheco.
“Fue la primera reunión formal y expresamos que rechazamos no solo los despidos, sino los criterios utilizados y la forma en que se comunicaron”, manifestó Diego Gueren, secretario general de UPCN Salud. Concurrieron junto con Juan Manuel Llanos, secretario de organización de ese gremio. Entre los ejemplos que pusieron sobre la mesa estuvo la no renovación de los contratos de los liquidadores de sueldos del Bonaparte.
En el ministerio, optaron por el silencio tras el encuentro, en el que se ajustó a 192 (114 profesionales médicos y no médicos y 78 administrativos a cargo de gestión de pacientes y otras áreas de apoyo, según pudo saber LA NACIÓN), la cantidad de notificaciones enviadas al personal con contratos temporarios, un recurso que desde hace décadas utilizaron sucesivas gestiones para incorporar personal, sea profesional o técnico, como así también por motivos políticos. En los hospitales, como viene publicando este medio, esa forma de contratación del Estado siempre fue un reclamo habitual por la falta de estabilidad laboral. Desde el año pasado, esos contratos pasaron a renovarse cada tres meses, en lugar de doce como hasta entonces.
Desde ambos gremios sostienen que las desvinculaciones en el Bonaparte afectaron áreas críticas de atención. En el Ministerio de Salud, en tanto, afirman que no se resintieron servicios. Ayer, al anunciar la intervención del hospital ubicado sobre Combate de los Pozos al 2100, en el barrio porteño de Parque Patricios, argumentaron que esa decisión se había tomado luego de “la readecuación del personal a partir de la sobredotación encontrada en diferentes servicios”.
Los delegados de UPCN solicitaron a las autoridades la revisión “caso por caso” de los contratos dados de baja. Mencionaron que uno es el único psiquiatra infantojuvenil que tenía el centro, lo que también señalaron desde la representación de ATE en el Bonaparte. Al respecto, en el Bonaparte explicaron que, con esa salida, quedaron dos psiquiatras “que se reparten las tareas entre niños y adultos por falta de personal en el resto de los dispositivos. En el servicio, también despidieron a la única odontopediatra”.
“Nos pidieron un plazo perentorio para hacerlo. Apelamos a que se estudien, especialmente, las áreas críticas y refinar qué casos tienen que ser revertidos de forma inmediata para asegurar la atención”, dijo Gueren en diálogo con este medio. “Es importante que se haya abierto esta mesa de trabajo y que siga abierto el diálogo durante este proceso”, agregó.
A la par, iban llegando los resultados del encuentro al hospital, donde están previstas asambleas, según indicaron desde los gremios.