La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cuatro años de prisión al principal acusado de un grupo de extorsión que reclamaba dinero a usuarios de páginas web de citas de los que tomaban imágenes comprometedoras, en ocasiones manipuladas, para amenazarlos con difundir dichos contenidos si no les transferían de ciertas cantidades que alcanzaban hasta los 3.000 euros.
La sentencia, consultada por Europa Press y sobre la que cabe recurso de apelación, impone al acusado tres años de prisión por un delito continuado de extorsión y un año más de cárcel por un delito contra la salud pública después de que se le hallara cierta cantidad de droga durante el registro policial que se practicó en su vivienda.
El tribunal ha tenido en cuenta la atenuante de reparación del daño para establecer la pena al igual que con las otras dos acusadas, en este caso, su madre y su novia, quienes participaron de los hechos al actuar como ‘gancho’ para atraer a las víctimas y como depositaria de la cuenta en la que se recibían los pagos frutos de la extorsión, respectivamente.
La resolución judicial impone a cada una de las mujeres un año de prisión, si bien entre todos deberán indemnizar a los perjudicados, incluso por daños morales, con distintas cantidades que suman un importe global de 8.150 euros. Una de las acusadas, la novia del principal acusado, ya consignó la cuantía reclamada antes del juicio.
La Audiencia da por probado que entre julio y octubre de 2022 el principal acusado y su pareja, quien reconoció los hechos, junto con su madre se orquestaron para extorsionar a hombres que accedía a páginas webs de citas.
A los cibernautas les exigían distintas cantidades de dinero para no hacer públicos «asuntos personales relativos a sus comportamientos sexuales», de modo que también les amenazaban con «denunciarlos por tener sexo a través de internet con menores de edad» o simplemente «causarles daños físicos».
Para ello, el condenado puso anuncios en páginas de contactos sexuales para adultos con el fin de llegar a sus víctimas, sentido en el que algunas ocasiones se servía de su madre, quien aparecía como reclamo e interactuaba con los usuarios de la página web mientras, a quienes invitaba a masturbarse mientras ella hacía lo propio.
APARICIÓN DE MENORES
Así, tomaban imágenes de las víctimas con las que después eran chantajeados, si bien incluso manipulaban el vídeo original para que en lugar de salir la acusada en las imágenes apareciera una menor con apariencia de tener menos de 16 años «desnuda bailando con gestos obscenos y masturbándose».
El vídeo manipulado era remitido a la víctima a la que amenazaban con publicarlo o denunciarlo por corrupción de menores si no realizaba una serie de pagos a la cuenta bancaria de la novia del principal acusado, quien era la que se encarga de recibir las sumas para después extraer el dinero y entregarlo a su pareja.
Los hechos desembocaron incluso en que el perjudicado, que compareció ante la Guardia Civil para denunciar la extorsión, llegara a ser detenido por presunta corrupción de menores, de modo que se abrió un procedimiento penal contra él que finalmente fue archivado, si bien dicha situación le ha obligado a seguir un tratamiento psicológico y psiquiátrico.
En otra ocasión, los acusados se servían de las redes sociales. Así, contactaron con otra de sus víctimas a través de una solicitud de amistad con un perfil falso en Facebook que llevaba la madre del principal acusado. Del mismo modo, consiguieron imágenes comprometedoras de la víctima a la que llegaron a reclamar hasta 3.000 euros para no difundir el vídeo.
También consta que los acusados llegaron a solicitar otra cantidad de dinero a una tercera víctima en compensación por «las teóricas molestias que había ocasionado a una chica de compañía al entrar en una página de internet», de forma que incluso en ese caso incluso amenazaron con que «un miembro de su familia o él mismo serían perseguidos y asesinados por dos sicarios». La víctima llegó a ingresarles hasta 1.300 euros.
A otra de sus víctimas, a la que exigieron hasta 1.500 euros por supuestamente haber llamado a una chica de una agencia de favores sexuales, le llegaron a enviar «fotos de personas descuartizadas» y «le dijeron que si no pagaba le mandarían hombres que le hiciesen a él lo mismo».
El principal acusado ha sido condenado además por un delito contra la salud pública, ya que cuando se practicó el registro de su vivienda en Madrid se le intervinieron cerca de 400 gramos de resina de cannabis lista para su venta al menudeo valorada en el mercado ilícito en unos 2.430,15 euros.
La sentencia recoge la absolución a un cuarto acusado sobre el que se retiraron los cargos por parte de la Fiscalía durante la celebración del juicio al no quedar acreditada su participación en estos hechos.