La congresista María Fernanda Carrascal, perteneciente a la coalición del Pacto Histórico, volvió a poner en el centro del debate las controversiales obras de los Centros Felicidad (Cefe) en Bogotá. A través de su cuenta en X, la legisladora hizo un fuerte llamado de atención sobre los sobrecostos, los retrasos y las irregularidades que marcaron la ejecución de estos proyectos, los cuales, en su opinión, fueron mal administrados y están siendo utilizados como un negocio en lugar de servir a los ciudadanos de forma libre y accesible.
Durante el último debate en el Consejo de Bogotá, que abordó temas como la violencia contra la mujer, los Cefe y las canchas sintéticas, varios concejales, como Juan David Quintero y David Saavedra, de las bancadas En Marcha y del Nuevo Liberalismo, destacaron el funcionamiento de los Centros Felicidad como espacios claves para el libre desarrollo y la participación ciudadana, pero Carrascal no dudó en expresar su preocupación, recordando denuncias previas sobre los sobrecostos y los retrasos en la construcción de estos centros.
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A través de un hilo en X, la congresista detalló varios aspectos de las obras que, según ella, revelan serios problemas en su ejecución. Mencionó que “más de 100.000 millones de pesos fueron destinados para la construcción de los Cefe en Bogotá. Este proyecto inició desde la alcaldía de Peñalosa en 2019, y enfrentó escasez de materiales y equipos clave. Esto generó un retraso de casi tres años y sobrecostos por 30.000 millones de pesos”.
Además, señaló que la falta de actas de vecindad impidió obtener la póliza de todo riesgo, lo que, según la Contraloría de Bogotá, derivó en hallazgos fiscales y posibles irregularidades.
La congresista también compartió detalles de los derechos de petición que su equipo presentó en noviembre de 2024 a distintas entidades distritales, entre ellas la Contraloría, la Veeduría de Bogotá, la Alcaldía de Bogotá y el Consejo de Bogotá, para solicitar información relevante sobre el estado y la gestión de los Cefe.
Los hallazgos obtenidos, según Carrascal, fueron alarmantes: “La obra estaba presupuestada para 20 meses, y tras solicitar seis prórrogas, fue entregada en 47 meses. Eso es más del doble del tiempo que se tenía contemplado”. La congresista también informó que las auditorías realizadas a la obra revelaron 12 hallazgos administrativos y 6 disciplinarios, relacionados con presuntas incidencias fiscales y disciplinarias.
En su análisis, la congresista destacó las fallas en la gestión del gasto público y la planificación de las obras, que incluyen irregularidades en los estudios y diseños previos de los Cefe Fontanar del Río y San Cristóbal, así como problemas en la ejecución de los contratos clave. Según Carrascal, también hubo errores en la administración de los recursos financieros e inconsistencias en el sistema Soproj, además de reservas presupuestales que superan los límites normativos.
Un aspecto que la congresista señaló con especial preocupación es la falta de un modelo de gestión sostenible para los Cefe. A través de sus publicaciones, Carrascal insistió en que “no se ha diseñado un modelo de gestión que garantice su sostenibilidad, por lo que generan costos recurrentes a cargo del distrito”. Esto, según ella, pone en duda el futuro de los centros, que deberían ser espacios accesibles y sostenibles a largo plazo para los bogotanos.
En su última publicación, la congresista dejó claro su rechazo a cualquier intento de privatización o limitación del acceso a los Cefe. “Es inaceptable que un espacio público, financiado con los recursos de toda la ciudadanía, termine sujeto a privatización o limitaciones arbitrarias. Estos lugares deben estar al servicio de la comunidad, garantizando un acceso libre y equitativo para todos y todas”.
La congresista enfatizó la necesidad de revisar los protocolos de uso de los Cefe, al buscar que no se conviertan en barreras para los ciudadanos que desean disfrutar de estos espacios para el bienestar y la recreación colectiva.
Este pronunciamiento de Carrascal llega en un momento en que la administración de la ciudad, representada por Santiago Trujillo Escobar, secretario Distrital de Cultura, y Daniel Andrés García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), defendió el modelo de sostenibilidad de los Cefe, basado en el alquiler de espacios para eventos, arrendamiento de locales comerciales y alianzas estratégicas.
A pesar de los esfuerzos por justificar la viabilidad del proyecto, la congresista persiste en sus críticas, instando a la administración distrital a revisar y optimizar los protocolos de uso, con el objetivo de que estos centros estén al servicio de la comunidad de manera equitativa.
Por otro lado, en cuanto a las canchas sintéticas de fútbol, otro de los temas abordados en el debate, el concejal Jesús David Araque presentó datos sobre las 213 canchas administradas por el Idrd. Además, el concejal Ricardo Correa sugirió mejorar la coordinación con otras entidades y garantizar el mantenimiento adecuado de estas infraestructuras.
