En el marco de la causa por la investigación de la criptomoneda $Libra que lleva adelante el fiscal Eduardo Taiano, allanaron últimas horas domicilios y oficinas de tres de los investigados en los Tribunales de Comodoro Py: los consultores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores del evento Tech Forum en el que participaron los empresarios involucrados en el lanzamiento del token promocionado por Javier Milei, y de Sergio Morales, asesor de la Comision Nacional de Valores, quien renunció ayer a su cargo.
Los allanamientos tuvieron lugar bajo extrema reserva el jueves por la tarde en la Capital Federal y en la localidad bonaerense de San Isidro. Fueron dispuestos por la jueza federal María Servini, a pedido de Taiano, quien tiene delgada la investigación. Según pudo saber Infobae, los efectivos de la Policía Federal secuestraron celulares y computadoras de los tres investigados por la Justicia Federal.
Tras los operativos, Morales -quien se desempeñaba como asesor contratado en la CNV- , presentó ayer su renuncia de forma indeclinable por “motivos de público conocimiento”. Morales trabajaba para la CNV desde octubre pasado. Fue uno de los oradores del Tech Forum, y anteriormente, en un evento realizado el 31 de julio de 2024, había participado como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia”.
En este expediente, el fiscal investiga al Presidente y a un grupo de empresarios por el escándalo de $LIBRA, entre los que también figuran el norteamericano Hayden Davis y Julian Peh, oriundo de Singapur y CEO de Kip Protocol. La criptomoneda subió abruptamente su cotización luego de que el jefe de Estado la difundiera por redes sociales, aunque luego se derrumbó a la hora por el retiro de gran parte del dinero invertido por un grupo reducido de inversores – que se sospecha tenían información privilegiada -, lo que habría generado una presunta estafa que dejó unos 40.000 daminificados.
Taiano busca “establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA” y qué participación tuvieron los ahora investigados. Las figuras penales que se investigan son abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. El fiscal ya había pedido dos tandas de medidas previamente. La primera incluyó pedidos de informes al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores y a la Inspección General de Justicia (IGJ), así como a empresas como Google.
Además, Taiano dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación para que colaborara en la preservación y recuperación de evidencia digital. Esto incluye buscar el registro de las transacciones en línea y cualquier rastro en la plataforma utilizada en el lanzamiento de Libra para determinar cómo fueron las operaciones del criptoactivo. El objetivo es identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas. También se ha ordenado la recuperación de publicaciones eliminadas en redes sociales, incluyendo el posteo del Presidente que promovió la criptomoneda el pasado 14 de febrero a las 19:01.
La causa se inició el 17 de febrero, por una denuncia formulada por Claudio Lozano, a la que se acumularon otra decena de denuncias presentadas con posterioridad. Asimismo, la Unidad de Cibercrimen deberá precisar los dominios de internet de las empresas involucradas en la comercialización de las criptomoneda de la polémica.
En paralelo, el fiscal trabaja en la redacción de exhortos internacionales para acceder a información sobre las transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero. Se han iniciado gestiones con organismos internacionales y entidades reguladoras para obtener registros de los movimientos financieros y determinar si existieron intentos de lavado de activos. El fiscal evalúa pedir los listados de ingresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos para precisar si hay registros de las visitas de los investigados.
Otra de las medidas clave en esta nueva etapa de la investigación es la identificación de los responsables directos detrás de la maniobra. Para ello, Taiano ha solicitado informes sobre las comunicaciones telefónicas y los registros de visitas a la Casa Rosada y la quinta de Olivos, con el fin de establecer posibles vínculos entre los involucrados.
Además, se está elaborando una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA y el papel de los principales acusados. Entre ellos se encuentran expertos en blockchain y criptomonedas, así como personas cercanas al entorno presidencial que podrían haber tenido conocimiento previo sobre la maniobra.
El fiscal también ha puesto el foco en el análisis patrimonial de los sospechosos, con el objetivo de detectar posibles incrementos injustificados en sus bienes o movimientos financieros sospechosos. Se están revisando cuentas bancarias, inversiones y otros activos que pudieran estar vinculados a los fondos obtenidos mediante la comercialización de $LIBRA.Para evitar la dispersión de fondos, Taiano ha solicitado el congelamiento de direcciones digitales identificadas en la investigación. Se busca impedir que los activos obtenidos mediante la operatoria fraudulenta sean movilizados o transferidos a otras plataformas, lo que dificultaría su rastreo.
Disputa por la competencia
En paralelo a la causa que tramita en la Justicia de Comodoro Py, hay otro expediente abierto en los Tribunales Federales de San Isidro, a partir de una denuncia abierta por el dirigente de origen peronista Juan Ricardo Mussa. Ayer por la tarde, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado resolvió que es competente para avanzar con la investigación, por considerar que el “hecho a investigar” que desencadenó la maniobra de la presunta estafa tuvo lugar en Olivos. Así lo confirmó después de pedir informes a la Quinta Presidencial, donde el primer mandatario estuvo desde el jueves a la noche hasta el lunes.
Arroyo Salgado firmó esta resolución pese al dictamen del fiscal José Iuspa que consideró que debía enviarle el expediente a la Juzgado de Servini en Comodoro Py. Ahora se abre una disputa judicial de competencia. Como es factible que Iuspa apele la decisión de la magistrada de San isidro, deberá intervenir la Cámara Federal de San Martín, el Tribunal de alzada en su jurisdicción.