Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump mantiene firme su promesa de llevar adelante la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Con la mira puesta en miles de inmigrantes indocumentados, el presidente no solo confía en las políticas federales, sino también en el apoyo de los estados republicanos. Entre ellos, Texas y Florida se destacan como aliados estratégicos, listos para implementar medidas radicales que refuercen el control fronterizo y aceleren las deportaciones masivas.
Texas: Abbott y su modelo contra la inmigración ilegal
Bajo la dirección del gobernador Greg Abbott, Texas fue uno de los primeros en adoptar políticas extremas contra la inmigración no autorizada. El estado destinó más de 3000 millones de dólares en la Operación Lone Star, lanzada en 2021, que desplegó fuerzas estatales y la Guardia Nacional para patrullar la frontera.
Una de las iniciativas más recientes de Texas es la oferta de más de 500 hectáreas de terreno cerca de la frontera para la construcción de centros de detención. Esta propuesta podría convertirse en una pieza fundamental del plan de deportación del presidente Donald Trump, cuyo enfoque en la inmigración ilegal se caracterizó por la construcción de un muro fronterizo y políticas de “tolerancia cero”.
Por otro lado, una de las prácticas más comentadas –por su controversial naturaleza– es el transporte de inmigrantes en autobuses hacia otros estados. Esta medida, implementada por Abbott, fue vista como una respuesta directa a las políticas federales del gobierno de Joe Biden, al intentar distribuir de manera más equitativa a los migrantes a lo largo del país. Sin embargo, aunque la acción logró captar la atención mediática, el futuro de este programa permanece incierto.
Texas, que alberga a 1,6 millones de inmigrantes indocumentados, según revela un informe de Pew Research Center. Además, se perfila como un ejemplo a seguir por otros estados en cuanto a la implementación de medidas agresivas para arrestar y procesar a los migrantes.
Florida: DeSantis refuerza la seguridad fronteriza
Al igual que Texas, Florida adoptó políticas migratorias similares a las de la administración de Trump. En este sentido, el gobernador Ron DeSantis implementó medidas estrictas contra los inmigrantes indocumentados, como la criminalización de la entrada ilegal. Con más de 1,2 millones de inmigrantes indocumentados en el estado, Florida juega un papel clave en los planes de deportación del presidente.
DeSantis también propuso una medida para reducir el envío de remesas a países extranjeros, lo que afectaría directamente a la comunidad inmigrante al limitar las transferencias de dinero hacia sus hogares en otros países.
En la misma línea, el gobernador de Florida convocó a una sesión legislativa especial para la semana del 27 de enero de 2025, con el fin de actualizar las leyes migratorias del estado y alinearlas con las políticas federales de Trump. Otra de las políticas implementadas en el estado fue la de otorgar una asignación de decenas de millones de dólares para fortalecer las acciones de cumplimiento y detención en el estado.
“Es necesario que se adopten medidas para exigir responsabilidades a quienes violan nuestras políticas contra los santuarios”, afirmó DeSantis en conferencia de prensa. “Florida debe asegurarse de que no existan incentivos para que la gente ingrese ilegalmente a nuestro estado”, planteó el gobernador.
La resistencia y los desafíos de la implementación de las medidas migratorias de Trump
A pesar del fuerte apoyo de Texas y Florida, las políticas migratorias de Trump enfrentan una creciente resistencia en varias ciudades santuario, donde las autoridades locales rechazan la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Además, algunos estados como California y Nueva York se mantienen críticos de las estrategias de deportación, lo que podría complicar aún más la ejecución del plan.
El futuro de la política migratoria de Trump depende de la capacidad de estos estados republicanos para mantener el ritmo de sus medidas y de cómo el gobierno federal manejará los obstáculos legales que se presenten.