La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), y Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), manifestaron este lunes su preocupación por la reciente aprobación por parte del Congreso Nacional, de la modificación al régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), ocurrida el pasado 10 de julio, en el marco de la reforma jubilatoria que aprobó el Senado.
En un comunicado conjunto, las entidades señalaron: “Esta decisión legislativa impacta negativamente en uno de los instrumentos más eficientes, inclusivos y federales para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), al afectar el fondeo de las SGR, que han demostrado ser una herramienta clave para facilitar el acceso al crédito bancario en todo el país”.
Las cámaras bancarias recordaron que las SGR actúan como un puente esencial entre las PyMEs y el sistema financiero. En el texto afirmaron: “Las SGR constituyen un puente esencial entre las PyMEs y el sistema financiero, al ofrecer garantías que, por su calidad, son consideradas autoliquidables por la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.
Las entidades subrayaron que el sistema de garantías recíprocas amplía el acceso al crédito, mejora condiciones de financiamiento, reduce requisitos y disminuye previsiones por eventuales incumplimientos. Según indicaron, este modelo se consolidó como un mecanismo público-privado eficiente y transparente, generando impactos positivos tanto en la actividad productiva como en la recaudación tributaria.
“El costo fiscal asociado es ampliamente compensado por los beneficios económicos que genera, especialmente en términos de inversión, formalización y crecimiento de las PyMEs, lo que a su vez genera mayor recaudación impositiva de los impuestos nacionales, provinciales y municipales (IVA, Ganancias, ICD, IIBB, Sellos, TISH, etc)”, dijeron en el comunicado.
El reclamo de las entidades también apuntó a la falta de análisis técnico en el cambio normativo. Afirmaron: “Modificar este régimen sin un proceso adecuado de análisis técnico y de impacto, representa un grave error de política económica y un retroceso institucional que debilita la previsibilidad de las reglas de juego”.
En el marco del paquete fiscal que incluyó la reforma previsional, se votó la eliminación de las exenciones impositivas para los aportes a las SGR. Según datos del sector, estos aportes equivalían a apenas 0,02% del PBI, pero resultaban clave para la conformación de los fondos de riesgo que permitían avalar préstamos a las PyMEs.
La nota de Infobae sobre el tema señaló que el régimen anterior permitía desgravar aportes destinados a constituir esos fondos de riesgo, y que los bancos consideraban las garantías emitidas por las SGR como autoliquidables, reduciendo el costo del crédito. Más de 70.000 PyMEs accedían cada año a financiamiento por más de 1,2 billones de pesos gracias a estas herramientas, fundamentales para capital de trabajo, inversiones y renovación de equipamiento.
Desde las cámaras bancarias enfatizaron la relevancia del crédito productivo en un contexto donde, pese a duplicarse en términos reales en el último año, todavía está por debajo de los niveles regionales. En el comunicado señalaron: “El crédito productivo en la Argentina viene creciendo con fuerza, duplicándose en términos reales en el último año, pero aún se encuentra muy por debajo de los niveles observados en países comparables de la región. Las SGR son un instrumento relevante para sostener e impulsar este proceso”.
Los representantes bancarios alertaron que el desfinanciamiento o debilitamiento de las SGR tendrá efectos directos en la inversión, la generación de empleo y la competitividad de miles de empresas en todo el país. Frente a este escenario, llamaron a las autoridades a actuar: “Exhortamos al Poder Ejecutivo Nacional y a Congreso a realizar los actos jurídicos necesarios, en el marco de sus obligaciones y facultades, para preservar uno de los pilares del financiamiento productivo en la Argentina”.
El sector pyme manifestó también su preocupación por el efecto inmediato que tendrá la eliminación de los beneficios fiscales. Los bancos reducirán la capacidad de conceder préstamos a las pequeñas y medianas empresas por la necesidad de elevar previsiones de riesgo, encareciendo el crédito y limitando el acceso, en especial en el interior del país.
La eliminación del incentivo fiscal se justificó en el objetivo oficial de incrementar la recaudación para reducir el déficit previsional. Sin embargo, desde el sistema bancario y las cámaras empresarias advirtieron que se trata de un alivio fiscal de corto plazo que puede comprometer la recuperación económica.
Las entidades financieras insistieron en que el régimen de Sociedades de Garantía Recíproca es un componente esencial de la estructura de crédito productivo en la Argentina, y remarcaron su función contracíclica. Advirtieron que el retiro de aportes privados podría reducir drásticamente la disponibilidad de fondos para otorgar avales, en un contexto donde el financiamiento para las PyMEs ya enfrenta limitaciones estructurales.