El avance del proyecto de ley en la Asamblea Nacional que busca regular el autoconsumo de energía solar en Panamá ha reactivado el debate sobre el modelo energético, la seguridad jurídica para los usuarios y los límites que hoy condicionan la expansión del sector.
La iniciativa pretende elevar a rango de ley de la república una actividad que actualmente depende de resoluciones administrativas, en un contexto marcado por el crecimiento sostenido de la generación distribuida, el interés de hogares y empresas por reducir costos y la presión por acelerar la transición energética.
Para el sector, el principal valor del proyecto radica en que otorga certeza jurídica, define derechos y obligaciones, y reduce la discrecionalidad regulatoria. Actualmente, la instalación de sistemas solares para autoconsumo está sujeta a normas emitidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
Jesús González, director ejecutivo de la Cámara Panameña de Energía Solar, considera que la iniciativa representa un paso clave para consolidar el mercado. A su juicio, el proyecto es positivo porque eleva a rango de ley un tema que hoy depende de criterios técnicos y administrativos.
“Creemos que una tecnología robusta requiere de una política pública robusta”, ha señalado, al destacar la importancia de contar con reglas claras y permanentes.
El dirigente recordó que recientemente la ASEP emitió un decreto mediante el cual se estableció un nuevo límite transitorio para la generación solar distribuida. La medida elevó el tope de penetración del 4% al 5% del consumo energético anual en gigavatios hora, y del 13% al 16% en el componente de demanda, lo que fue recibido como una señal positiva por el sector.
Sin embargo, González advierte que este aumento solo ofrece un alivio temporal. “Esto nos da un poco de oxígeno para poder instalar energía solar, pero entendemos que representamos más de cuatro mil empleados dentro de nuestras empresas y creemos que pueden existir más empleos verdes si existe un mayor porcentaje de penetración”, sostuvo, al insistir en la necesidad de ampliar los límites de forma estructural.
Uno de los puntos centrales del debate es precisamente el porcentaje máximo permitido. Expertos del sector coinciden en que, si el proyecto es aprobado, será necesario revisar o eliminar el límite actual que impide que la generación solar de autoconsumo supere el 5% del total nacional. Este techo es considerado por muchos actores como una barrera artificial que frena inversiones, innovación y crecimiento.
Durante 2025, el sector logró instalar más de 40 megavatios de energía solar, alcanzando un acumulado superior a los 192 megavatios en el país, con más de siete mil usuarios activos.
Estas cifras reflejan un crecimiento sostenido, impulsado por el encarecimiento de la electricidad, los incentivos tecnológicos y la búsqueda de mayor autonomía energética por parte de consumidores residenciales y comerciales.
No obstante, la proyección para 2026 está condicionada por los límites regulatorios. González reconoce que, si se mantiene el actual esquema, el mercado podría alcanzar rápidamente el tope permitido.
“Si hacemos todo lo que dicta el procedimiento de autoconsumo, podríamos este año lograr ese cinco por ciento”, explicó, lo que dejaría al sector nuevamente sin margen de expansión.
Actualmente, la penetración real se sitúa alrededor del 3.55% en consumo, con variaciones según distribuidora. En el caso de ENSA, la demanda asociada a proyectos solares supera el 11%, lo que demuestra que en algunas zonas el desarrollo avanza más rápido que en otras, generando asimetrías territoriales en el acceso a la energía renovable.
El proyecto de ley, que ya recibió aprobación en primer debate en la Asamblea Nacional, busca precisamente ordenar este crecimiento.
Entre sus objetivos figuran el reconocimiento legal del autoconsumo, la creación de un régimen de compensación transparente, la simplificación de trámites, la protección contra prácticas abusivas y la implementación de una ventanilla única digital. Además, establece mecanismos de monitoreo para evaluar el impacto económico, social y ambiental.
Otro aspecto de la propuesta del diputado Ernesto Cedeño, es la regulación de los créditos energéticos. La propuesta plantea que los excedentes inyectados a la red se reflejen de forma clara en la factura eléctrica, evitando discrecionalidades y garantizando transparencia. Para los usuarios, este punto es clave, ya que determina la rentabilidad real de la inversión en paneles solares.
Desde el punto de vista laboral, el sector destaca su aporte al empleo verde. Las empresas vinculadas a la instalación, mantenimiento y comercialización de sistemas solares generan miles de puestos de trabajo directos e indirectos, especialmente en áreas técnicas, ingeniería, logística y servicios. Una expansión del mercado tendría efectos positivos sobre este ecosistema.
También existe un componente social. El proyecto contempla incentivos para hogares, comercios pequeños, PYMES y comunidades rurales, con el objetivo de democratizar el acceso a tecnologías limpias. Esto permitiría reducir subsidios, mejorar la eficiencia energética y disminuir la dependencia de fuentes tradicionales.
No obstante, persisten preocupaciones sobre la capacidad de las redes de distribución para absorber mayores volúmenes de generación distribuida. La ASEP mantiene que los límites responden a criterios técnicos de estabilidad y seguridad del sistema interconectado, por lo que cualquier ampliación debe basarse en estudios actualizados.
El proyecto también introduce reglas sobre certificación de equipos, responsabilidades de instaladores y mecanismos de resolución de conflictos, con el objetivo de profesionalizar el mercado y proteger al consumidor final frente a prácticas deficientes o engañosas.
Para los usuarios residenciales y comerciales, la aprobación de la ley representaría mayor estabilidad regulatoria, reducción de riesgos y mejores condiciones para planificar inversiones. En un contexto de volatilidad tarifaria, la energía solar se consolida como una herramienta de control de costos a mediano plazo.
En el plano macroeconómico, el impulso al autoconsumo se alinea con los compromisos de descarbonización y con la agenda de transición energética 2020-2030. Panamá busca reducir emisiones, diversificar su matriz y fortalecer su seguridad energética, objetivos que dependen en gran medida del desarrollo de fuentes renovables distribuidas.
El debate legislativo será clave para definir el rumbo del sector en los próximos años. La discusión no se limita a un porcentaje técnico, sino a la visión de país sobre cómo integrar a ciudadanos y empresas en la producción energética.
Según datos oficiales, Panamá cuenta con más de 7,000 usuarios de sistemas solares de autoconsumo conectados a la red, entre hogares, comercios e industrias, dentro de un universo que supera los 1.3 millones de clientes del sistema eléctrico nacional.