A dos semanas de que se conocieran los detalles de la trama de violencia de género y trata de personas que vivió A. Y., una joven japonesa de 23 años, a manos de M. L., su ex pareja y padre de su bebé de cuatro meses en Salta, la Justicia autorizó la salida del país y el cambio de residencia definitiva a Japón de ambas víctimas.
El fallo fue firmado por el Juzgado de Personas y Familia de 4ª Nominación, a cargo de la jueza María Mercedes Cabrera, el 10 de febrero, tras considerar que sería la respuesta más idónea para resguardar la seguridad de la denunciante y su hijo. Además, argumentó que el interés superior del niño fue el eje central de la decisión judicial.
Al remarcar que las medidas previas no habían evitado que el acusado cesara la violencia en su contra, la magistrada sostuvo que la mujer se encontraba en una posición de extrema vulnerabilidad al indicar que había arribado embarazada a Salta y quedó aislada. Asimismo, destacó que la joven no tenía dominio del idioma ni red de contención, por lo que siempre dependió casi exclusivamente de su ex pareja.
“La Justicia resolvió en forma inmediata respetando el interés superior del menor, contando con el esfuerzo conjunto del Polo de la Mujer con el único objetivo común de que la ciudadana japonesa regresara a su país”, valoró Claudia Kayssner, la abogada que representó a la joven en el proceso.
Desde que se conoció la sentencia, la joven espera en un domicilio neutral el envío de fondos desde Japón para poder concretar el regreso junto a su hijo a Ichikawa. El abuelo materno será quien afronte el costo de los pasajes internacionales, mientras las autoridades ya tramitaron el DNI y pasaporte del niño para viabilizar la salida.
No obstante, la resolución judicial impuso las costas del proceso al acusado, luego de que consideraran que su accionar fue determinante en la situación que llevó a la intervención de la Justicia. Asimismo, continuará detenido e imputado por violencia de género, delitos económicos y trata de personas.
En el caso también intervino el Asesor de Incapaces y organismos locales de protección de la mujer, quienes dictaminaron en favor del pedido de la madre. Coincidieron en que la permanencia en Salta era inviable por la ausencia de red social, la barrera idiomática y la continuidad de los hechos de violencia.
Según reconstruyó El Tribuno, las pruebas judiciales documentaron los episodios de apropiación de dinero que la familia enviaba desde Japón para solventar sus adicciones, control compulsivo, amenazas, agresiones, incluso abusos sexuales y violencia en presencia del niño recién nacido. En paralelo, los informes del Polo Integral de la Mujer clasificaron el caso como de “riesgo grave”.
La situación alcanzó su punto más álgido en diciembre de 2023, cuando el hombre fue detenido tras una agresión en el domicilio que compartían. En esa circunstancia, se negó al ingreso de la policía y mantuvo una actitud hostil con los efectivos, lo que motivó su detención.
Para ese entonces, la víctima ya se encontraba inmersa en un espiral de violencia. De acuerdo con el expediente judicial, la joven arribó embarazada a Argentina instada por su pareja, quien la había convencido de que nazca en el país y reciba asistencia sanitaria gratuita.
Pero, según pudo narrar la propia víctima, los maltratos comenzaron apenas se instalaron. Una situación que no había logrado advertir al comienzo de su relación en Japón, pese a que reconoció que el embarazo fue producto de que el acusado no respetara su pedido de que utilizara preservativo.
No obstante, el caso cobró visibilidad a partir de una denuncia y la intervención de organizaciones de defensa y agentes judiciales, lo que permitió a la joven acceder a protección formal. El fallo representó, en palabras de su entorno, mucho más que un trámite legal, ya que se trata de la oportunidad concreta para reconstruir su vida lejos del miedo.