Un jueves de agosto de 1892, el horror irrumpió en la casa número 92 de Fall River, Massachusetts. Dos miembros de una de las familias más adineradas de la ciudad, Andrew y Abby Borden, aparecieron brutalmente asesinados a hachazos en su propia casa. Su hija menor, Lizzie Borden, dejó un testimonio que alimentaría especulaciones y leyendas en torno a su figura y su participación en el asesinato de sus padres. El caso se convirtió rápidamente en una obsesión nacional. Alrededor del nombre de Lizzie se fundieron prejuicios de clase, género y etnicidad, así como múltiples pistas que, hasta hoy, dejan un eco inquietante en la historia criminal de los Estados Unidos.
Fall River no solo era un pujante centro textil, sino también un microcosmos de las tensiones sociales del siglo XIX. Según Smithsonian Magazine, Andrew Borden, a pesar de su fortuna, nunca hizo ostentación de riqueza. Prefirió vivir entre comerciantes e inmigrantes, lejos de las mansiones de la Colina, el enclave de la élite local. Esta vida sobria y distante, regida por normas estrictas, influyó notablemente en la familia Borden. Su hija menor, de 32 años, asistía a la iglesia y pariticipaba actividades benéficas, pero albergaba el sueño de salir del barrio dominado cada vez más por extranjeros, y creía que su padre podía mudarse a un entorno acorde a su fortuna.
La mañana del 4 de agosto de 1892, Lizzie y la empleada irlandesa Bridget Sullivan permanecían en casa junto a Abby, la madrastra. Horas después, la brutalidad quedó expuesta: Abby había recibido 19 hachazos en el segundo piso; Andrew, 10 más en la sala. No hubo testigos ni móvil evidente: ni robo, ni agresión sexual, ni señales de lucha. El arma homicida nunca fue identificada con certeza. Los únicos adultos presentes eran Lizzie y Sullivan, mientras que Emma, la hermana mayor, estaba de vacaciones a 24 kilómetros. La policía, influida al principio por prejuicios de género y origen, se inclinó por buscar a un hombre extranjero, al cual detuvieron y luego liberaron por falta de pruebas.
Las primeras declaraciones de Lizzie despertaron sospechas. Afirmó haber encontrado el cuerpo del padre tras regresar del granero y llamó a la criada para pedir ayuda. Sin embargo, obvió buscar apoyo entre los médicos del vecindario de origen irlandés o francocanadiense; solo uno “yanqui” le pareció lo suficientemente digno. Ese detalle evidenció las poderosas barreras culturales que marcaron la recepción inicial de las pistas y la propia investigación, según Smithsonian Magazine.
El clima social de Fall River convirtió rápidamente el caso en una excusa para la rivalidad política y étnica. El periódico del alcalde irlandés, Fall River Globe, adoptó una línea abiertamente acusatoria contra Lizzie, mientras que el diario de la clase alta la defendió. La figura de Lizzie se presentó como irreprochable: maestra de escuela dominical, activa en la iglesia protestante, mujer soltera dedicada a causas benéficas. Para muchos de su clase, una devota protestante jamás habría sido capaz de semejante brutalidad.
Durante los interrogatorios, Lizzie cayó en contradicciones. La joven modificó sus relatos sobre sus movimientos en la casa. Un posible intento de comprar ácido prúsico la víspera del crimen y la quema de un vestido días después —según testificó su amiga Alice Russell— sumaron dudas sobre su inocencia. Sin embargo, los análisis científicos no hallaron rastros de sangre en las herramientas recuperadas ni en la ropa entregada a la policía. A lo largo del proceso, varios testigos justificaron sus lagunas de memoria y su conducta distante como efectos secundarios de una alta dosis de morfina prescrita tras el trauma de los asesinatos.
La detención de Lizzie, ocurrida el 11 de agosto, sorprendió y agitó a la opinión pública. Agrupaciones femeninas, como la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza, y sufragistas salieron en su defensa. Smithsonian Magazine subrayó la paradoja: Lizzie no iba a ser juzgada por un jurado de sus pares, ya que la ley prohibía a las mujeres integrar estos lugares. Esto fortaleció a sus partidarios, que llenaron el pequeño tribunal durante las audiencias. La fiscalía, por su parte, sólo reunió pruebas circunstanciales, sin un arma homicida clara ni una versión determinante sobre la motivación.
Durante el juicio estatal, Lizzie compareció vestida con atuendo recatado y sereno, por instrucción de sus abogados. La prensa describió su figura como “modesta y bien educada”, incapaz de poseer la fuerza brutal necesaria para empuñar la hachuela con la violencia requerida. A esto se sumó su posición social: los recursos de la familia le permitieron contratar a abogados de primer nivel e influenciar el ambiente del tribunal.
En junio de 1893, 12 hombres —en gran mayoría agricultores protestantes— formaron el jurado del caso. Ningún residente de Fall River integró ese cuerpo; solo un irlandés fue admitido. Según Britannica, el veredicto resultó rápido: Lizzie fue absuelta con poco más de una hora de deliberación y una recepción jubilosa por parte de los asistentes, aunque condenada a vivir en la sombra de la sospecha hasta el final de sus días.
La absolución brindó libertad, pero terminó por aislarla. Dos meses después del fallo, las hermanas Borden se mudaron a una mansión en la Colina, pero buena parte de la élite local les dio la espalda. Los niños la hostigaban con burlas, y testimonios recogidos por Smithsonian Magazine reportan que terminó por replegarse, viajando a Boston o Nueva York y evitando la vida social de Fall River. La relación con su hermana Emma se rompió años después, hasta morir ambas en 1927, con solo nueve días de diferencia.
El asesinato de los Borden dejó más interrogantes que certezas: un crimen sin un motivo patente, una acusada absuelta por falta de pruebas directas, pero marcada para siempre como protagonista de una de las leyendas más tenebrosas de Estados Unidos. La historia de Lizzie Borden revela los entrecruzamientos de clase, género y cultura que moldean la justicia y la memoria colectiva.