La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate un proyecto de ley que busca combatir las ciberestafas mediante la creación de un certificado de conformidad gratuito, que será emitido por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para validar la identidad de empresas y personas que operan a través de sitios web.
La iniciativa, correspondiente al Proyecto de Ley 302, establece que todas las empresas que ofrezcan productos o servicios en línea, tanto desde el país como desde el extranjero, deberán incluir de forma obligatoria en sus páginas un perfil de identidad corporativa visible en el “footer”, donde se detalle la razón social, el domicilio comercial o fiscal y otros datos verificables.
Entre los requisitos más estrictos, la normativa exige que el domicilio declarado sea una ubicación física comprobable y exacta, incluyendo información como oficina, local, piso, corregimiento y provincia, con el objetivo de evitar el uso de direcciones falsas que faciliten esquemas de fraude digital.
El proyecto también crea un registro gratuito ante la Dirección General de Comercio Electrónico del MICI, que permitirá validar la autenticidad y legalidad de los sitios web y sus titulares, convirtiéndose en un mecanismo adicional de control y trazabilidad dentro del ecosistema digital panameño.
El diputado Jamis Acosta, proponente de la iniciativa, sostuvo durante el debate que el crecimiento del comercio electrónico y la digitalización de servicios ha incrementado los riesgos asociados a delitos como la suplantación de identidad, las estafas en línea y la manipulación de información, lo que obliga a fortalecer los mecanismos de prevención.
De acuerdo con lo expuesto en la discusión legislativa, esta norma busca desincentivar la comisión de delitos mediante herramientas que dificulten la configuración de fraudes, en un contexto donde las transacciones digitales se han convertido en un pilar de la economía moderna.
El proyecto surge en medio de un escenario preocupante: en Panamá, en promedio, al menos siete personas son estafadas cada día a través de distintos mecanismos digitales, lo que evidencia la vulnerabilidad de consumidores y empresas frente a esquemas cada vez más sofisticados.
Además, se advirtió que la falta de marcos legales actualizados ha permitido que proliferen prácticas ilícitas en plataformas digitales, afectando tanto la confianza del consumidor como la reputación de empresas que operan de forma legítima en el país.
Para los diputados, la aprobación de esta ley representa un paso clave para fortalecer la seguridad del entorno digital, al tiempo que promueve la transparencia y la integridad en el uso de páginas web, estableciendo reglas más claras para quienes participan en el comercio electrónico.
Con esta normativa, Panamá busca cerrar brechas en la regulación digital, en un momento donde el crecimiento del comercio en línea exige mecanismos más robustos para proteger a los usuarios y reducir el impacto de las ciberestafas en la economía.
El alcance de la ley también incluye a plataformas digitales extranjeras que operen en el mercado panameño, lo que implica que deberán cumplir con los mismos estándares de identificación y registro, independientemente de su país de origen, si ofrecen bienes o servicios a consumidores en Panamá.
Adicionalmente, el certificado de conformidad funcionará como un elemento visible de confianza digital, permitiendo a los usuarios identificar con mayor facilidad qué sitios han sido verificados por la autoridad competente, lo que podría influir directamente en las decisiones de compra en línea.
La norma también abre la puerta a posibles sanciones para quienes incumplan con los requisitos establecidos, especialmente en casos donde se detecte información falsa, omisión de datos obligatorios o uso indebido de identidades comerciales para engañar a los consumidores.
En paralelo, se espera que la implementación de este sistema impulse una mayor formalización del comercio electrónico, obligando a muchos actores informales a cumplir con estándares mínimos de transparencia, lo que podría reconfigurar parte del ecosistema digital en el país.
Otro de los elementos relevantes es que la ley reconoce la necesidad de contar con herramientas preventivas, más allá de las sanciones, apostando por mecanismos que permitan anticipar el fraude en lugar de actuar únicamente después de que ocurra.
Este enfoque responde a la evolución de las ciberestafas, que han migrado desde esquemas tradicionales hacia modelos más complejos que combinan ingeniería social, uso de plataformas digitales y suplantación de marcas reconocidas para generar confianza en las víctimas.
Datos recientes reflejan que al menos siete panameños al día son víctimas de algún tipo de fraude, lo que evidencia la dimensión del problema y la sofisticación de las modalidades utilizadas por los delincuentes.
Hace unos días, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) emitió una advertencia pública ante el incremento de ofertas fraudulentas de préstamos que circulan en redes sociales y canales digitales, donde presuntas empresas utilizan de forma indebida el logo oficial de la entidad o del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para generar confianza entre potenciales víctimas.
La aprobación del proyecto marca un intento del Estado por adaptarse a una realidad donde el riesgo digital crece al mismo ritmo que la adopción tecnológica, en un entorno donde la protección del usuario se convierte en un elemento central para sostener la confianza en la economía digital.