La ex secretaria de Deportes de San Luis, Cintia Ramírez, enfrentará desde este lunes un juicio por un millonario caso de corrupción que alcanza casi los 500 millones de pesos entre sobreprecios y fraudes al Estado. La funcionaria supo trabajar durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá.
De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, el proceso judicial está previsto que comience este lunes 16 de marzo. La investigación estuvo a cargo del fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, quien solicitó una pena de 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Ramírez ocupó el cargo durante el período 2022-2023 y allí creó el Ente Deporte San Luis en marzo de 2022. A través de este organismo descentralizado, recibió un aporte no reintegrable de $280 millones por parte de la gobernación. Seis meses después, en octubre de 2022, Ramírez fundó la asociación civil San Luis FC, un club dedicado al fútbol femenino y donde también fue designada como presidenta, con su pareja como vicepresidente y un socio fundador que, a su vez, dirigía el ente público. “No tenía sede social, era inexistente”, explicaron a este medio.
En ese marco, la investigación reveló que, desde que se creó esta asociación civil, se realizaron 188 transferencias desde el Ente de Deporte al club por más de $166 millones, abarcando gastos de transporte, viandas, electrodomésticos y otros rubros. Para fundamentar los cargos, la fiscalía sostuvo: “Cualquier gasto que tuviera San Luis FC, propiedad de Ramírez, era cubierto por fondos públicos gestionados por la Secretaría de Deportes y canalizados por el ente presidido también por ella”. Según la presentación ante la Justicia, las operaciones tenían apariencia legal, pero ocultaban una maniobra destinada a beneficiar intereses particulares.
Sin embargo, todo se destapó pocos días antes del cambio de gestión en diciembre de 2023 con un giro de 290 millones de pesos desde el Poder Ejecutivo hacia el club San Luis FC para la compra de un micro de larga distancia de 60 asientos. Según explicaron, “la cuantiosa erogación se materializó en un expediente administrativo iniciado el 1° de diciembre del 2023, es decir, nueve días antes de la salida de la funcionaria”.
La tasación oficial que realizó la Justicia determinó que el valor real del vehículo era de $114 millones porque estaba en malas condiciones, lo que implicaba un sobreprecio de $176 millones. Según las imágenes a las que accedió este medio, se observa que el motor está en malas condiciones, incluso las gomas estaban peladas. Se trata de un vehículo modelo 2018, que tenía más de 800 mil kilómetros recorridos.
La fiscalía provincial de San Luis calificó inicialmente los hechos como malversación de caudales públicos, pero a partir de un dictamen del Procurador General provincial, la máxima autoridad judicial local, la figura legal aplicable resultó ser la de corrupción. También se incluyeron los delitos de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso ideal y real.
La defensa de Ramírez, encabezada por Marcos Juárez y Ramiro Rubio, planteó la nulidad de la acusación formal, alegando que vulnera principios procesales básicos. Argumentaron que no todas las órdenes de pago estaban dirigidas a San Luis FC y que hubo un cambio en la calificación legal sin nueva convocatoria para ejercer la defensa. “No es lo mismo que a mí me acusen de haber sacado plata de un lugar y destinado a otro, que es la malversación de caudales públicos, que me acusen de sustraer dinero de las arcas del Estado, que es el peculado”, enfatizó Juárez. La jueza de Garantía N° 4 de la ciudad de San Luis, Luciana Banó, rechazó el planteo y habilitó la apertura a juicio.
En esa línea, la fiscalía apunta a que Ramírez se excusó en la compra del colectivo con los fondos desde su propia secretaría y, finalmente, se terminó ejecutando la partida desde el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobierno, y después se depositó el dinero en la cuenta del club. Todo quedó plasmado en el Decreto N°11.596-SGG-2023
Es por eso que entre los testigos citados para el debate figura el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, propuesto por la defensa de la exfuncionaria. Su declaración está vinculada a la operación que fue autorizada mediante un decreto firmado durante su gestión. También deberán declarar el exsecretario de la Gobernación Miguel Ángel Berardo, el exministro de Hacienda Eloy Horcajo, exfuncionarios de la Secretaría de Deportes e interventores del club, así como peritos que realizaron tasaciones y verificaciones del vehículo.
De acuerdo con lo que trascendió en medios locales, Rodríguez Saá podría ausentarse del país durante los días del juicio, lo que pondría en duda su presencia en los tribunales. El abogado defensor de Ramírez sostuvo que esperan que el ex gobernador declare: “Entendemos que es un testigo clave porque, dentro de sus facultades, fue quien dio la orden de la compra del colectivo”.
“Un gobernador puede tomar de manera discrecional decisiones de ese tipo, como realizar una donación a una entidad como el San Luis Fútbol Club”, agregó en diálogo con Radio Universidad.
En tanto, desde la defensa buscarán plantear un recurso para suspender la audiencia con el argumento de que todavía se encuentra pendiente un recurso en el Superior Tribunal de Justicia. De acuerdo a lo que explicó, el proceso presenta “irregularidades” porque la acusación formulada en la etapa de elevación a juicio “difiere del hecho por el cual Ramírez fue indagada durante la investigación”.
Todo comenzará este lunes y el debate se extenderá hasta el 20 de marzo. El tribunal estará integrado por Fernando De Viana como presidente, y Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso como vocales.