Es de público conocimiento que el gobierno nacional rechaza la narrativa global sobre el cambio climático. Desde la campaña presidencial hasta ahora, la administración libertaria buscó mostrarse como uno de los bastiones que lucha contra lo que cataloga como un socialismo encubierto, que, entre otros temas, incluye la política climática. Sin embargo, las declaraciones pierden fuerza cuando intentan concretarse. Específicamente, esto se refleja en la salida de espacios multilaterales relacionados con la temática.

Un ejemplo claro ocurrió en diciembre pasado, durante la Cumbre del Clima (COP29) en Azerbaiyán, cuando la Cancillería decidió retirar a la delegación argentina de la conferencia sin dar explicaciones. Pocos días después, el mismo ministerio entregó a Naciones Unidas el Informe Bienal de Transparencia, un documento que tiene como función esencial explicar los avances del país en el cumplimiento del Acuerdo de París, que involucran la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático.

Algo similar sucede ahora, poco más de un mes después de aquel escándalo, en coincidencia con la toma de protesta de otro bastión de la “batalla cultural” internacional: Donald Trump. Tras el anuncio de que el nuevo presidente estadounidense hizo el lunes sobre su decisión de salir del Acuerdo de París –pero no de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático– y la confirmación oficial de su gobierno, funcionarios cercanos a la Presidencia argentina deslizaron a LA NACION que existe la intención de seguir los pasos de su aliado norteamericano: “Conceptualmente, no estamos a favor del Acuerdo de París. Estamos evaluando si es factible salir y discutiendo qué implicancias tendría”, admitieron.

La realidad es que nuestro país no es Estados Unidos, y las consecuencias de una salida serían, según fuentes consultadas, completamente perjudiciales. “La Argentina se condena a aislarse si decide salir del acuerdo”, afirmó la exdiputada nacional y abogada especializada en política para la conservación marina Graciela Camaño. “Yo creo que no van a poder salir, aunque Trump haya dicho lo que dijo”, añadió.

Tanto Camaño como otras fuentes consultadas resaltan tres razones fundamentales por las que es poco probable que el Ejecutivo avance con su intención de salir del Acuerdo de París. La primera, vinculada a objetivos comerciales y de financiamiento, es perder fuerza en espacios multilaterales que sí interesan a la administración libertaria. En especial, destacan dos: el G20 y el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La segunda razón es el acceso a financiamiento internacional vinculado a la acción climática, que podría reducirse al abandonar este espacio. La tercera se relaciona con los estándares ambientales que organismos crediticios como el FMI y el Banco Mundial exigen para otorgar nuevos préstamos.

Ser parte del club

A pesar de reconocer un “cambio de época” y de que la agenda climática perdió centralidad incluso en países europeos, el ambientalista y exdiputado nacional de PRO Juan Carlos Villalonga opina que no existen condiciones favorables para que la Argentina abandone este compromiso multilateral. Aunque no se atreve a vaticinar un futuro posible, considera que si Javier Milei insiste en aferrarse a la batalla cultural, podría quedar debilitado en los espacios internacionales.

“Si la Argentina se queda en el Acuerdo de París, tendrá mejores condiciones en el G20 y en su proceso de adhesión a la OCDE. Esto no tiene que ver solo con el tema climático; también hay acceso a financiamiento y fondos”, afirma Villalonga. Además, menciona el episodio que el mandatario libertario vivió en Río de Janeiro en noviembre pasado. Fue después de un incómodo encuentro con Lula da Silva que Javier Milei firmó –en disidencia– el documento final del G20, que incluía compromisos relacionados con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Villalonga apela a este pragmatismo que, aunque a regañadientes, el gobierno nacional demostró en ciertas ocasiones.

En coincidencia, Consuelo Bilbao, directora política de la organización Círculo de Políticas Ambientales, explica que algo similar ocurre en el proceso de adhesión a la OCDE, iniciado por la actual administración mediante el decreto 591 en julio pasado. El equipo de Bilbao publicó un documento de análisis en el que destaca que, durante el proceso de evaluación de los países, existe un capítulo específico sobre “Ambiente, biodiversidad y clima” y cuatro comisiones que abordan temas ambientales. Estas comisiones evaluarán al país, entre otros aspectos, en el cumplimiento de los compromisos asumidos al ratificar el Acuerdo de París mediante la Ley 27.270.

Un dato no menor

Camaño argumenta que una de las razones más sólidas por las cuales la Argentina no puede salir del Acuerdo de París es el creciente énfasis que tanto el FMI como el Banco Mundial ponen en la responsabilidad climática y ambiental. El FMI, por ejemplo, dispone de herramientas específicas para abordar estos temas y explica en su sitio web que desempeña un “papel importante en ayudar a sus miembros a implementar políticas fiscales y macroeconómicas para enfrentar los desafíos climáticos”.

El caso del Banco Mundial es aún más enfático. No solo porque ya no financia proyectos de combustibles fósiles, sino también porque administra el Fondo para el Medio Ambiente, del que nuestro país tiene 30 proyectos activos entre nacionales y regionales, que suman poco más de 400 millones de dólares, según la propia página del fondo. Según el último reporte del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (Gflac), la Argentina recibió solo el año pasado 2082 millones de dólares de ingresos sostenibles, lo que lo posiciona como el país más financiado de la región. A esto se refieren a todos los fondos provenientes de organismos multilaterales, bilaterales y flujos oficiales dedicados a la acción climática y a la protección de la biodiversidad.

Estos fondos son utilizados en distintos proyectos que buscan potenciar la transición energética a fuentes renovables no convencionales como la potencia eólica y solar, y también a proyectos de adaptación al cambio climático. Son, por ejemplo, para desarrollar planes para evitar inundaciones en la zona mesopotámica o la atención a sequías u olas de calor.

Qué pasa si salimos

Salir del Acuerdo de París implica un proceso de por lo menos un año. Camila Mercure, responsable de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), aclara que primero, sea por decreto o a través del Congreso, el Ejecutivo tendría que derogar la Ley 27.270. Luego, debería enviar una notificación a la Secretaría General de Naciones Unidas y esperar un año para que la salida entre en vigencia.

Un posible obstáculo sería el Congreso. Sin embargo, tanto Camaño como Villalonga, con amplia experiencia legislativa, consideran que este no sería un freno efectivo. “No veo que les interese el tema”, opina la exdiputada. LA NACION contactó a los presidentes de las comisiones vinculadas a temas ambientales y climáticos tanto de la Cámara baja como del Senado para conocer su postura; sin embargo, no obtuvo respuesta antes del cierre de esta nota.

Mercure señala que, incluso saliendo del Acuerdo de París, la Argentina seguiría siendo parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. “Esto significa que podría volver a ingresar”, detalla la experta. Además, agrega que “los gobiernos subnacionales aún podrían participar en las Cumbres del Clima, fortaleciendo vínculos con otros países y organizaciones, y promoviendo la recepción de fondos para las provincias”.