El embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, generó intenso debate en la esfera pública con sus declaraciones sobre el papel del Estado en medio del escándalo de presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Su mensaje, difundido a través de redes sociales, sugiere que la crisis desatada por el caso de alias Papá Pitufo trasciende lo particular y pone en cuestión la estructura misma del Estado colombiano y su relación con las economías ilegales.
Romero, que presentó su carta de renuncia a la embajada con efecto a partir del 7 de marzo de 2025, sostuvo que “el capítulo que se abre para Colombia con el caso de Papá Pitufo es el de un debate de fondo que siempre hemos advertido: el del Estado como aparato criminal”. Su afirmación llevó la discusión más allá de la simple verificación de si existió o no una financiación irregular en la campaña de Petro, colocando el foco en cómo las redes ilícitas han permeado las instituciones del país.
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El caso que desató la polémica involucra a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, un reconocido contrabandista señalado de aportar 500 millones de pesos a la campaña de Petro a través del empresario español Xavier Vendrell. El presidente reconoció que dichos fondos ingresaron, aunque insistió en que fueron devueltos y que “siempre mi mensaje ha sido: ‘Cuente toda la verdad’”.
La corrupción como una estructura dentro del Estado
Romero no solo aludió a este hecho en particular, sino que vinculó el caso con una problemática estructural. “No solo hay un Estado criminal cuando se es cómplice o autor de asesinatos, se intercepta ilegalmente a la oposición, la prensa y se persigue a la justicia, como pasó con el DAS, o cuando se asume un proceder sistemático de violación de derechos humanos”, expresó en su publicación, en referencia a episodios históricos de corrupción estatal en Colombia.
El diplomático se refirió a episodios históricos en Colombia donde instituciones estatales estuvieron involucradas en prácticas ilegales y violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, y las interceptaciones ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Su denuncia sugiere que la corrupción dentro del Estado no se manifiesta únicamente a través de hechos puntuales de financiación irregular, sino en una red sistémica de prácticas que involucran a múltiples actores de la política y la economía. En este sentido, advirtió que “el Estado se convierte en criminal cuando se permea a la institucionalidad a todo nivel para que se arrodille al poder corruptor de las mafias”.
Romero también señaló que estas dinámicas no son nuevas ni coyunturales, sino que fueron sostenidas en el tiempo: “Esa operación perversa se ha mantenido por décadas porque se sostiene en los largos tentáculos del poder político que sirve para perpetuar esta dinámica corrupta y perversa para luego enriquecerse con millones y millones de dinero turbio”.
Con esta afirmación, vincula el caso de alias Papá Pitufo con una tendencia histórica en la que el poder político y las economías ilegales han coexistido.
¿Manipulación y desvío de la atención por parte del Estado?
Otro de los puntos en los que insistió el embajador fue la capacidad de quienes se benefician de estas redes ilícitas para desviar la atención pública. “Si algo ha quedado claro en las últimas horas, es que la lógica política que se ha beneficiado infamemente de ese modelo recurrirá a todo tipo de mentiras para desviar la atención, apoyándose en sus aliados con poder para engañar al país e impedir que se conozca la verdad”.
Romero concluyó su mensaje con una advertencia sobre las consecuencias de no actuar frente a estas problemáticas. “Si el Estado no se reestructura, se perpetuará como mafia y allí morirá lo que queda de democracia. Y ese no puede ser el destino para un país que quiere salir de sus eternas tragedias. ¡Que se sepa toda la verdad!”. Su postura implica que el problema no puede resolverse únicamente con la aclaración del caso específico de alias Papá Pitufo, sino que requiere reformas profundas en la estructura del Estado.