Un gran cortocircuito se produjo ayer en la reunión de la Mesa de las Carnes, que integra toda la cadena cárnica, luego de que uno de los presentes cuestionara el beneficio de tener en funcionamiento un organismo como el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). Esto ocurre en medio de que el presidente Javier Milei, con la facultad otorgada por la Ley Bases, tiene en la mira eliminar o fusionar unos 50 entes en general. El Ipcva, creado por la ley 25.507 de 2001, es un ente de derecho público no estatal. Recibe aportes de los ganaderos en su mayor parte y luego de la industria.

Según pudo reconstruir LA NACION, el motivo principal del encuentro presencial y virtual era analizar la problemática de un stock ganadero planchado, donde hace cuatro décadas había 50 millones de cabezas y en la actualidad continua el mismo número cuando se duplicó la población en el país. Debatían que esa situación compleja no era bueno ni para los productores, la industria, los consumidores ni el Gobierno.

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Fue ahí que Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores de Carne (Camya), pidió la palabra y planteó: “No es una cosa mía, tengo la autorización de Camya para hacerlo. Todos los que conformamos esta cadena somos unos impresentables. Estamos hablando de que no hay vacas, de que se faenan vacas preñadas, de se que matan terneros, del kilaje de faena, del chip pero nadie dice que tenemos un Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) que le está cobrando a los productores, frigoríficos y matarifes un montón de plata para promover la carne en el exterior y no tenemos ganado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos promoviendo un producto que no tenemos y el problema está en la producción”.

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Ante esa declaración varios de los presentes “se le fueron al humo”. Uno de ellos fue el representante de Coninagro, Gonzalo Álvarez Maldonado, quien le retrucó que estaba totalmente equivocado y que no era el lugar para hablar de ese tema puntual. “¿De qué me hablás? Si antes en la Argentina comíamos 60 kilos y ahora solo 40. No sirve para nada, es una agencia de viajes y de eventos”, le contestó Pedace.

Por su parte, Franco Brunetti, de Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica) Salta, remarcó: “Siempre dije lo mismo y lo sigo diciendo: los exportadores y los productores que produzcan animales para la exportación son los que deben manejar el Ipcva y son los que deben financiar el instituto porque es un lucro para ellos poder desarrollar los mercados. El consumo se maneja solo, no tiene por qué Doña Rosa pagar en su costo de alimentación un subsidio a un sector que no le corresponde”.

Hoy por hoy, cada ganadero paga unos $834 por animal faenado, vaya al mercado doméstico o a la exportación; mientras que la industria, tanto frigoríficos exportadores como los consumeros, abona $375. Fue en diciembre pasado que el Consejo de Representantes del Ipcva estableció nuevos valores: en 2023 los productores ya pagaban $676 por animal faenado.

Para calmar las aguas, enseguida, Daniel Urcía, presidente de la Federación de la Industria Frigorífica Regional de la República Argentina (Fifra) y consejero del Ipcva, llamó a votación para saber quién estaba de acuerdo con el Ipcva y quien no. “Por lo que veo 16 a 1 [a favor]″, dijo tras una votación donde no se pronunciaron todos los concurrentes, que eran 28. Luego la reunión prosiguió en tensa paz y se tocaron otros temas de la cadena aviar y la porcina.

Consultado Pedace por LA NACION, reconoció la discusión sobre el Ipcva. Por su parte, Urcía admitió la diferencia que se generó en la reunión: “Una gran mayoría estamos de acuerdo de que el Ipcva es una herramienta que funciona y que ha dado resultados a lo largo de 20 años. Planteada esta situación, dije que era un tema que no estaba en el orden del día, que no daba para debate y que había que cortarlo de cuajo. A excepción de Camya, la posición unánime de la mesa fue que el Ipcva sirve y que hay que ratificarlo”.

En este contexto, Camya, vale recordar, en noviembre pasado le envió una carta a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, para que ponga en consideración la disolución del Ipcva o que sea un ente de aporte voluntario, ya que por su “ineficacia ha demostrado ser un elefante blanco en términos de costos y resultados”.

“Mientras nuestros aportes obligatorios sostienen una estructura burocrática ineficiente, los beneficios reales para los matarifes y abastecedores son nulos. En un mercado globalizado, los productores deberían tener la libertad de elegir cómo y dónde promover sus productos sin la intromisión de un organismo privado/estatal”, dijeron en la misiva.

“Se estima que el 44,5% de las cabezas faenadas entre enero y septiembre de 2024 corresponden a la actividad de matarifes y abastecedores. De esta forma, puede afirmarse que el 14% de los fondos que financian al Ipcva provienen de la actividad de los matarifes. El aporte de los matarifes entre enero y septiembre de 2024 ascendió a $1705 millones”, agregaron.

Por último, dijeron que “la única manera de avanzar es a través de una verdadera desregulación y la eliminación de las intervenciones estatales que hoy frenan el crecimiento y la innovación”.

Antecedentes

No es el primer grito que aparece en la cadena cárnica contra el Ipcva. En mayo pasado, el diputado nacional Sergio Acevedo presentó un proyecto de ley para derogar la ley 25.507, que creó el instituto y así disolver este ente. Entre los motivos, el legislador señaló: “Es una incorrecta asignación de recursos públicos. Resulta necesario poner fin a esta inadecuada política de asignar recursos a grupos que constituyen, en muchas oportunidades, grupos de presión o de defensa de intereses particulares”. Finalmente la iniciativa no fue tratada en el recinto.

A principios de enero pasado, las Sociedades Rurales de Jesús María y de Río Cuarto se habían manifestado en contra de la suba del canon para el organismo. “En un contexto de extrema dificultad, saliendo de un proceso de larga sequía y con costos que no paran de subir, la revisión de las cuentas se hace inevitable. Y entonces, cada gasto debe justificar plenamente su funcionalidad y utilidad en el negocio para sostenerse ¿Es necesario que cada ganadero resigne $834 por cada animal que tiene destino de faena? ¿Para qué? ¿Qué recibe a cambio?”, dijo en un comunicado la entidad.

“Antes de reclamar un aumento de la contribución obligatoria, debería dar una explicación acabada de los motivos, el uso detallado que se hace de esa importante recaudación y por último, cómo retorna a los miles de aportantes de todo el país ¿Por qué solo los ganaderos deben sostener la estructura gremial mediante este costoso aporte? El contexto obliga a revisar muchas cosas que estaban dadas desde hace mucho tiempo, y no solo en la política”, agregó.

Un productor del sur cordobés que prefirió resguardar su nombre, si bien rescata la promoción de la carne, coincidió que “lo único que hacer al ganadero es sacarle plata que no le vuelve”.

“Estamos sosteniendo el 65% del aporte del Ipcva. Ese es el planteo de base. En las entidades gremiales nacionales no se toca el tema porque todos reciben parte de ese aporte. Este Ipcva que hace stands en todos los países con la plata de los productores ya no tiene sustento porque nuestro aporte no se derrama en nosotros. No seamos ingenuos. Hay que sincerase y Sturzenegger lo tiene en carpeta”, contó.