La Procunar pidió este miércoles la pena de 15 años de prisión, más la unificación con su condena previa de 17 años y 6 meses; una multa de 50.000.000 de pesos, la declaración de reincidencia y la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena para Mario Segovia, conocido como “El Rey de la Efedrina”. Lo hizo durante los alegatos en el juicio donde se juzga como líder de una asociación ilícita que operaba desde el Complejo Penitenciario Federal Nº1 en Ezeiza.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, este clan operó entre septiembre de 2016 y julio de 2021, con actividades centradas en la fabricación, tenencia y tráfico ilícito de armas de guerra, explosivos y estupefacientes, alcanzando a numerosas organizaciones narcocriminales asentadas en la ciudad de Rosario.
Para los fiscales, Segovia dirigía la organización desde prisión, emitiendo órdenes a través de cartas y comunicaciones telefónicas clandestinas a los restantes miembros del grupo: Matías Agustín Segovia (su hijo), Hernán Segovia (su hermano), Gonzalo Rodrigo Ortega (su cuñado) y Ezequiel Hernán Bergara.
Según la acusación, los roles se distribuían así:
- Mario Roberto Segovia: líder de la organización, quien impartía órdenes desde la cárcel, organizaba la compra de armas y explosivos, y establecía los contactos necesarios para la operación criminal.
- Matías Agustín Segovia: hijo de Mario Segovia, se encargaba de operar los correos electrónicos hackeados y coordinar ciertas tareas operativas fuera de prisión.
- Hernán Jesús Segovia: hermano de Mario Segovia, colaboraba con la organización y tenía en su poder un fusil AR-15 y explosivos en su domicilio.
- Gonzalo Rodrigo Ortega: cuñado de Mario Segovia, actuaba como receptor de las encomiendas que traían piezas de armas y otros elementos ilegales.
- Ezequiel Hernán Bergara: su identidad fue utilizada como destinatario de múltiples envíos internacionales de piezas de armas.
Durante los alegatos se planteó que la banda se dedicaba al tráfico de armas y explosivos, logrando introducir un fusil de asalto AR15, silenciadores y piezas del armamento al país mediante encomiendas internacionales. Estas piezas, declaradas como manufacturas de metal o juguetes, ingresaban por el Aeropuerto de Ezeiza, eran ensambladas y comercializadas en Rosario.
Según las pruebas presentadas, consiguieron también elevados niveles de logística y conocimientos técnicos. Utilizaron correos electrónicos del Gobierno de Formosa hackeados, simulando ser empleados públicos con el objetivo de adquirir capacitación en el manejo de explosivos.
“Estas comunicaciones, destinadas a empresas extranjeras, tenían como fin reducir la operatividad de las fuerzas estatales y potenciar el poder de fuego de las bandas narco con las que pretendían negociar armas», según los fiscales.
Para los investigadores, el núcleo de operación de la organización tenía un objetivo claro: abastecer de armas y explosivos a las organizaciones narcocriminales de Rosario, incluyendo facciones como Los Monos, liderada por Ariel Máximo Cantero, y el clan Funes/Ungaro, facilitando que adoptaran niveles de control equiparables a los de los cárteles mexicanos como el Cártel de Juárez o el Comando Vermelho brasileño.
“Los testigos durante el juicio explicaron que el ascenso en armamento de estas bandas significaría niveles de violencia inéditos en Argentina”, según la acusación.
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