Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el exasesor de Mauricio Macri que fue declarado rebelde por la justicia argentina, dio un paso clave para regresar al país: presentó ante el juzgado federal de María Romilda Servini a un amigo como su “fiador” para cubrir la exigencia que le puso la jueza para habilitarlo a regresar y levantarle la orden de captura.
El amigo en cuestión es José María Torello, exjefe de asesores de Macri durante su presidencia. Según el acta labrada ayer en el juzgado, Torello “aportó un inmueble” sobre el que ayer “se celebró la correspondiente escritura pública de garantía hipotecaria hasta alcanzar la suma fijada en 3.120.000.000″. Torello, dice el acta, “se compromete solemnemente a presentar a Rodríguez Simón cada vez que sea convocado” por el tribunal, “responsabilizándose in solidum por la suma de $3.120.000.000″.
Rodríguez Simón está radicado en Uruguay, se declaró perseguido del kirchnerismo y ante el cambio de gobierno pidió regresar al país sin que lo arrestaran. La jueza Servini le concedió su pedido el 8 de mayo, con el objetivo de que él declare en la causa por supuesta extorsión a los dueños del grupo Indalo. En la Argentina no existe el juicio en ausencia.
En mayo pasado, la Cámara Federal confirmó lo resuelto por la magistrada, pese a que el Ministerio Público Fiscal se había opuesto. Y lo mismo hizo la Cámara Federal de Casación, también con la oposición del fiscal. Pero restaba que Rodríguez Simón cubriera la garantía de $3.120.000.000 que le había exigido la jueza. Eso fue lo que hizo ayer.
El secretario del juzgado de Servini que firmó el acta, Hugo Gonzalo Mendieta, dejó asentado en ese documento: “Se le hace saber al compareciente que Rodríguez Simón deberá: comparecer ante estos estrados dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, solicitar autorización a este Tribunal cada vez que pretenda ausentarse más de 24 horas de su domicilio y dar aviso en el plazo de 24 horas en caso de modificar aquel”. La lista de requisitos a cumplir enumerada en el acta incluye también que “no podrá salir del país, debiendo entregar a la mayor brevedad posible su pasaporte”, y advierte que debe cumplir con estas reglas “bajo apercibimiento de revocarse el beneficio concedido y hacerse efectiva la caución”, que ahora alcanza también a Torello.