“Privatizamos Impsa”. Así anunció hoy a la mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, el fin de un proceso que empezó hace más de ocho meses, cuando el Gobierno decidió vender las acciones que tiene de la emblemática empresa metalúrgica fundada en Mendoza por la familia Pescarmona, en 1907.
A partir de ahora, la compañía estadounidense Arc Energy tendrá el control de la firma, luego de ofrecer US$27 millones por la adquisición del 85% de las acciones que estaban en manos del Estado y de la provincia de Mendoza, además de hacerse cargo de la deuda por US$576 millones que Impsa acumula con acreedores internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La empresa mendocina se dedica a la fabricación de equipos tales como turbinas para centrales hidroeléctricas, grúas y reactores nucleares para abastecer a los sectores de metalurgia, generación de energía y tecnología.
“La Comisión Evaluadora de las ofertas para la venta de Impsa –integrada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza– resolvió recomendar la preadjudicación de las acciones de la compañía en poder del Estado Nacional y provincial al consorcio IAF, cuyo socio principal es Arc Energy”, dijo Comercio.
Arc Energy había presentado la única oferta para quedarse con las acciones de Impsa. Según narraron a LA NACION, fueron ellos quienes se acercaron al Gobierno para iniciar esta negociación por la capitalización de Impsa. “Es el complemento ideal para nuestra unidad de negocios y exportación de valor agregado”, dijeron. La empresa nació en 2011 y se especializa en brindar soporte operativo a la industria del petróleo y del gas. Posee inversiones en Estados Unidos, América Latina, África, Asia y Europa.
Como parte del capital accionario de Impsa, el Estado tenía el 63,7% de participación, a través del Fondep, mientras que la provincia de Mendoza era propietaria del 21,2%. El resto está en manos privadas, repartido en un 5,3% de la familia Pescarmona y 9,8% le pertenece a acreedores a través de sendos fideicomisos de garantía.
“La decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno y la no asignación de recursos federales a empresas privadas, abriendo así la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado. La provincia de Mendoza manifestó su voluntad explícita de acompañar la decisión del gobierno federal”, dijo la Secretaría de Comercio.
El CEO de ARC Energy, Jason Arcenaux, visitó varias veces las instalaciones de Impsa en Mendoza y recorrió su Centro de Desarrollo Tecnológico. En esas ocasiones dijo que la firma “cuenta con un capital humano de altísima formación y con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la puede convertir en un actor protagónico del sector energético mundial”. Ayer fue recibido por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
El ocaso de un símbolo de la industria argentina
El proceso de estatización de Impsa comenzó en 2020, durante la pandemia, cuando el CEO Juan Carlos Fernández le envió una carta al entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para solicitarle ayuda para “garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina”.
Los problemas financieros de la empresa, sin embargo, habían empezado mucho antes, en 2014, cuando entró en cesación de pagos por “malos negocios”, principalmente con Venezuela. Impsa acumulaba un pasivo superior a los US$1000 millones, que finalmente redujo a menos de la mitad, luego de llevar adelante un plan para restablecer operaciones.
En abril de 2018, el empresario Enrique Menotti Pescarmona, de 78 años, tuvo que dar un paso al costado de la compañía que había fundado su abuelo, en 1907, y que fue un símbolo de la industria argentina durante un siglo.
En diciembre de 2020, el gobierno de Alberto Fernández confirmó que la empresa había ingresado en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp) y que, por lo tanto, el Estado iba a pagar durante cuatro meses el 75% de los salarios de los trabajadores. En mayo de 2011, finalmente se anunció que el Estado invertía US$15 millones y se quedaba con el 63,7% de la firma, mientras que Mendoza aportaba US$5 millones e ingresaba con el 21,2%.
Pese a ese salvataje, la empresa nunca logró mejorar su balance. Según la cartera que conduce Luis Caputo, Impsa generaba una pérdida mensual de US$5 millones, además de la deuda con sus acreedores internacionales equivalente a US$576 millones.