Fabián “Pepín” Rodríguez Simón fue el consejero judicial más determinante que tuvo Mauricio Macri como presidente. Llevaba más de tres años radicado en Uruguay para eludir a la justicia argentina (la jueza María Servini lo había citado a indagatoria) y hoy regresó al país, después de cubrir una fianza millonaria con ayuda de otro exfuncionario del macrismo, José Torello.
Sin un cargo formal en el gobierno nacional, fue asesor de la jefatura de gobierno de la Ciudad en asuntos vinculados con el juego. Servini lo citó a prestar declaración como sospechoso, acusado de haber amenazado y extorsionado a Cristóbal López, en nombre de Mauricio Macri, para que pagara impuestos por el juego y apoyara al gobierno de Cambiemos desde sus medios, bajo pena de provocarle perjuicios a sus negocios.
Macri es un ingeniero al que le llevó tiempo entender los vericuetos de la Justicia. Los percibió en carne propia cuando le tocó asumir procesado por el exjuez Norberto Oyarbide. Rodríguez Simón fue el más audaz de los asesores que le iluminó el camino de los tribunales.
Fue suya la idea de designar por decreto y en comisión a los jueces de la Corte que propuso Macri, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Una idea que ahora volvió y que el gobierno de Javier Milei amenaza con aplicar para concretar los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos por el Poder Ejecutivo y cuyos pliegos están frenados en el Senado porque el oficialismo no reunió los votos para que la Cámara alta les de su acuerdo.
El razonamiento era que el Senado no estaba funcionando, por lo que podía echar mano de ese atajo. Fue tal el rechazo opositor e interno y los cuestionamientos constitucionales que la designación de los jueces se pospuso hasta que el Congreso estuvo en funciones. Rosenkrantz y Rosatti finalmente fueron designados por los mecanismos tradicionales.
Mientras que Macri anunciaba ese decreto 83, por el cual nombraba a esos dos jueces de la Corte Suprema en comisión, el ideólogo, Rodríguez Simón, juraba en Montevideo como diputado del Parlasur junto a Mariana Zuvic, a quien acompañó como segundo candidato de la lista de Cambiemos.
Si bien no se graduó en el Colegio Newman, “Pepín” Rodríguez Simón perteneció al núcleo más cercano de Macri. Era respetado y escuchado por el entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, y tenía ascendencia sobre el entorno de amigos íntimos del Presidente que sí surgieron del Newman: el empresario Nicolás Caputo; el exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia Pablo Clusellas y el exasesor presidencial José Torello (hoy, el hombre que puso un campo para la cubrir la fianza de Rodríguez Simón).
Fue justamente Torello, su padrino político, quien lo incorporó a la función pública en 2008, cuando desembarcó en el Ministerio de Espacio Público, que estaba a cargo de Juan Pablo Piccardo. Rodríguez Simón estaba a punto de irse a estudiar a la London School of Economics. Dice que aún se debe se viaje. Su cargo como asesor en temas interjurisdiccionales, especialmente en el juego, hizo que tratara con Cristóbal López y sus socios.
Fue director de YPF por los accionistas privados y también fue abogado de Clarín, para llevar adelante todo el caso por la ley de medios hasta que llegó a la Corte Suprema de Justicia.
En su vida política se ganó enemigos internos en Cambiemos, como el empresario del juego y operador judicial de Macri Daniel Angelici y la exnúmero dos de la Agencia Federal de Inteligencia Silvia Majdalani.
Los más moderados en el macrismo lo consideran un fundamentalista y un operador judicial en las sombras. Y le atribuyeron haber cometido un error político al haber impulsado el nombramiento en comisión de Rosatti y Rosenkrantz.
En el equipo de asesores judiciales de Macri, era dueño de las posturas directas y más radicalizadas, aunque fundamentadas. Era uno de los que consideraban que las medidas fuertes había que adoptarlas de un plumazo y sin anestesia. Eso lo llevaba frecuentemente a tener discusiones con los ministros más moderados de Cambiemos.
Junto con Torello, “Pepín” impulsó la acción declarativa que provocó el fallo de la jueza María Servini, el martes 8 de diciembre, que fijó el final del mandato de Cristina Kirchner el miércoles 9 a las 23.59.
Parte de Pro desde sus inicios, mantuvo con Elisa Carrió una relación política de amor y odio, que se profundizó cuando Macri le delegó la tarea de contener a su socia política mientras encabezaba la Presidencia. Después, Carrió fue una de las pocas referentes de Juntos por el Cambio que respaldó la decisión del abogado de pedir asilo como refugiado en Montevideo.