Escala el conflicto por la venta de un edificio vinculado al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la calle Cerviño 3101/67 en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Esta vez se sumó una denuncia contra el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, y el presidente de la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz, ante el Ministerio Público Fiscal por supuesta “estafa, administración fraudulenta y abuso de autoridad” por el caso de ese edificio. Desde la AABE respondieron a LA NACION que la denuncia “está mal hecha” dado que “hay un acuerdo con el presidente del INTA” para avanzar con la subasta. En tanto, fuentes cercanas a Bronzovich aclararon que todavía no tenían conocimiento del tema y que llegado el caso lo evaluarían con los abogados.

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Se trata de una denuncia anónima que se hizo el sábado pasado en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal cuya descripción del presunto hecho señala que es por “sacar a remate bienes sobre los que no tienen derecho con la participación del presidente del INTA para concretar una venta a precio por debajo del valor del mercado”. De la denuncia también se desprende que “la acción encuadra en estafa” por el artículo 172 del Código Penal, administración fraudulenta, por el artículo 173, inciso 7 del Código Penal, y abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal).

Desde la AABE respondieron a LA NACION que la denuncia “está mal hecha” ya que “hay un acuerdo con el presidente del INTA” para avanzar con la subasta. Señalaron que los gremios tienen que entender que “no son los dueños de los bienes del Estado”. Afirmaron que “están trabajando bien” y que pueden proceder a “poner las denuncias que quieran”. No tienen la intención de frenar un procedimiento que, según argumentaron, se está haciendo dentro del marco de la ley, ya que es un bien que pertenece a un organismo que está bajo la órbita del Estado. Vale aclarar que el INTA es un organismo público descentralizado con autarquía operativa y financiera, que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Economía de la Nación.

Ante una consulta de LA NACION, desde la Procuraduría respondieron que efectivamente la denuncia entró durante el fin de semana. Ahora lo que falta es analizar los argumentos probatorios de los denunciantes y los documentos de respaldo presentados. No obstante la limitante es que la denuncia está hecha de manera anónima y los organismos en cuestión serían los facilitadores de la información que requiera la Justicia para avanzar en la investigación en los próximos días. “Que se haga la denuncia no se pretende que se va a hacer lo que dice la denuncia. Se va a hacer un análisis serio para fundamentar una respuesta a los denunciantes”, respondieron. El próximo 23 de diciembre, a las 12, el Estado hará la ejecución de la subasta del inmueble.

La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) habían expuesto su disconformidad con el remate del edificio. Señalaron que la disposición y subasta del edificio “expone el fraude” detrás de la venta de tierras del INTA. “La AABE, pasando por encima de la ley y la autoridad del Consejo Directivo del INTA saca sin consultarle, sin fundamentos y de urgencia, a remate 84 inmuebles del INTA. Uno por ejemplo, ubicado en Cerviño 3101 CABA, valuado en 10 millones de dólares, el AABE lo remata a 6 millones”, indicaron.

Según indicaron, esta “liquidación de los bienes del INTA a precio vil fue lo que llevó a renunciar al saliente presidente del organismo, Juan Molina Hafford, pero que al parecer está dispuesto acompañar el entrante Bronzovich (también denunciado como partícipe necesario). Queda ver si las entidades de la Mesa de Enlace permanecerán pasivas ante el desguace, o harán valer sus votos en el Consejo Directivo”, lanzaron en un comunicado.

El Consejo Directivo del INTA está integrado, más allá del sector público, por entidades del sector agropecuario como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro. Al ser un órgano colegiado, también está conformado por un representante de la Facultad de Agronomía, uno de la Facultad de Ciencias Veterinarias de universidades nacionales, así como tres de parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre ellos están su presidente [Bronzovich] y vicepresidente [María Beatriz “Pilu” Giraudo]. El próximo jueves habrá una reunión del Consejo Administrativo.

En los gremios resaltaron que con la denuncia penal donde se imputa estafa y administración fraudulenta ha quedado evidenciado que esto se trata de un negocio para las inmobiliarias amigas del gobierno.

Argumentos

Entre los argumentos que exponen en los gremios es que el INTA es una entidad autárquica, según el artículo 1 del decreto ley 21.680, con patrimonio propio. “Este patrimonio del INTA solo puede ser dispuesto por su Consejo Directivo, atento lo dispuesto en el inciso H del artículo 7 que remite al artículo 15 del decreto ley 21.680″, observaron.

“En el año 1967 el presidente de INTA Gastón Bordelois, en representación del INTA, cumpliendo la resolución 86/1966 del Consejo Directivo del INTA, compra con recursos del INTA el edificio sito en Cerviño 3101 para el INTA, destinado al uso del INTA. Todo según consta en copia de la escritura traslativa de dominio que se acompaña. Cerviño 3101 está a nombre del INTA. El 13 de noviembre del año 2024 el Sr. Nicolás Alberto Pakgojz a través de la resolución 65/2024 AABE dispone ilegalmente la desafectación de uso de Cerviño 3101. Se trata de un inmueble ajeno. Es del INTA, por tanto sometido al uso que le asigne su Consejo Directivo. Luego intenta simular la procedencia de la desafectación previa exigida por el artículo 8 inciso 7 del decreto 1382/2012, pretendiendo que el INTA le habría dado su anuencia, cuando hasta el día de hoy su Consejo Directivo permanece al margen de la cuestión”, señalaron.

Expresaron que la AABE “invoca una inverosímil conformidad, dada por Bronzovich a título personal”, ya que no se trata de una resolución del Consejo Directivo del INTA aprobada por el voto de la mayoría de sus integrantes. “La pretensa enajenación no se hace para el fin de constituir emprendimientos de interés público, destinados al desarrollo y la inclusión social, en coordinación con las áreas con competencia específica en la materia, como lo ordena el mismo inciso 7 del artículo 8 del Decreto 1382/2012. Pero el AABE ni siquiera se preocupa de disimular esta ausencia de requisito. La maniobra criminosa se completa con la resolución 70/2024 AABE, convocatoria a subasta pública para el 23 de diciembre 2024 a las 12:00 horas a un precio base de 6.378.968 dólares estadounidenses, cuando el mencionado bien está valuado en 9.945.885 dólares estadounidenses, según registros de INTA de hace un año. El ardid de enajenar algo por parte de quien no tiene derecho a hacerlo está tipificado en el Código Penal como estafa (172 CP)”, argumentaron.