- La UTEP intensifica diálogos con líderes políticos para mejorar la situación de la economía popular.
- En un encuentro con Axel Kicillof, se analizaron políticas nacionales y su impacto en Buenos Aires.
- La organización también denuncia el aumento de la inseguridad alimentaria y el narcotráfico en barrios populares.
Lo esencial: En medio de una grave crisis económica y social, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se ha reunido con figuras clave de la política argentina, incluyendo a Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, para buscar soluciones conjuntas. La UTEP ha expresado su preocupación por el cierre de unidades productivas y la creciente influencia del narcotráfico en barrios vulnerables, donde actúa como prestamista y suministrador a comedores comunitarios. Un informe reciente de Barrios de Pie alerta que un 62% de las familias en barrios populares enfrentan inseguridad alimentaria severa. La UTEP sigue en contacto con líderes políticos, incluidos ex candidatos presidenciales, para propiciar el diálogo social.
Por qué importa: la situación en los barrios populares de Argentina se agrava, con crecientes índices de pobreza y una reducción de la ayuda alimentaria que incrementa la indigencia y endeudamiento familiar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha convocado una audiencia con el Gobierno y la UTEP tras una denuncia sobre la pérdida de derechos básicos en estos sectores.
- Inseguridad alimentaria severa afecta al 62% de familias en barrios vulnerables.
- El narcotráfico incrementa su presencia como principal prestamista en comunidades desfavorecidas.
- El recorte en la asistencia alimentaria agudiza la crisis en los sectores más empobrecidos.
La Mesa Directiva de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) ha intensificado sus esfuerzos para abordar “la crisis económica y social que afecta a la Argentina” y en busca de “consenso” dentro y fuera del peronismo “para buscar soluciones” y alertar sobre la “inseguridad alimentaria” en los barrios populares del conurbano. En las últimas horas, los principales dirigentes de la organización se reunieron con el gobernador bonaerense Axel Kicillof en la Casa de Gobierno provincial quien estaba acompañado de su ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Le advirtieron que desde que el Estado Nacional abandonó la asistencia social en los comedores y merenderos, “el narcotráfico tomó protagonismo” en esos lugares.
Ante la certeza de un agravamiento “de la crisis social y económica” y la “pérdida de derechos” los referentes de la UTEP, impulsan el diálogo con otros sectores políticos, y la “unidad del peronismo contra la motosierra de (Javier) Milei como herramienta esencial para enfrentar los desafíos” como la pérdida derechos sociales y las crecientes dificultades de acceso a servicios básicos en las comunidades populares.
Entre los referentes sociales estuvieron presentes el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, también referente del Movimiento Evita; el secretario de interior de la organización, Mariano Marini, y dirigente Barrios de Pie; y Dina Sánchez la secretaria general adjunta de la UTEP y vocera Nacional del Frente Darío Santillán.
El encuentro estuvo precedido de uno anterior con Cristina Fernández de Kirchner, y adelantaron que la intención es la búsqueda de diálogo y objetivos comunes con el diputado Miguel Ángel Pichetto, el ex alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ex candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa y el precandidato por ese mismo espacio, Juan Grabois. Buscamos sumar apoyo y plantear estrategias para mitigar el impacto de la crisis sobre los sectores más vulnerables”, le dijo a Infobae uno de los asistentes al encuentro con Kicillof.
La controvertida interna del PJ Nacional también impactó entre los dirigentes sociales, algunos alineados con el líder bonaerense -que no se había definido de manera explícita por CFK o el gobernador riojano-, otros con la ex Presidenta de la Nación, un sector sobre todo de dirigentes del norte del país que apoyaban a Ricardo Quintela y un número importante que se mantenía prescindible porque evaluaban que la interna en el mayor partido de la oposición llevaría a más divisiones y terminaría beneficiado al gobierno de La Libertad Avanza.
La reunión con el mandatario bonaerense se centró en la elaboración de diagnósticos sobre l”a difícil situación que atraviesa el país y que impacta en cada rincón”. Sobre ese tema, Mariano Marini, referente nacional de Barrios de Pie y secretario del interior de la UTEP, sostuvo al ser consultado por este medio: “Nos reunimos con Axel para charlar sobre la difícil situación que atraviesa el país, encontramos un montón de puntos de coincidencias; en cuanto a la brutalidad del gobierno nacional, el recorte de derechos y, sobre todo, en relación a los caminos para enfrentar este ajuste y pensar una nueva alternativa para un país con justicia social y, que fundamentalmente, recupere los derechos que este gobierno está intentando eliminar y genere mejores condiciones de vida para los trabajadores y trabajadoras”.
Sin preámbulos expusieron ante Kicillof y Bianco que la expansión del narcotráfico se ha convertido en un desafío significativo, especialmente en barrios donde el deterioro de la economía ha dejado a muchas familias sin acceso a recursos básicos. En estos contextos, las bandas narcos “han asumido un rol inesperado y preocupante, convirtiéndose en el principal prestamista” en las comunidades más desfavorecidas y ejerciendo una creciente influencia en la vida cotidiana de los habitantes.
El avance del narcotráfico y del crimen organizado, que empezaron a abastecer de alimentos a los comedores barriales, y que se transformó en el principal prestamista “porque la gente no puede pagar el alquiler, la luz, el gas, los medicamentos, la comida” fue uno de los temas centrales que expusieron ante el mandatario bonaerense.
“La influencia del narcotráfico no solo profundiza la crisis social, sino que también representa una amenaza directa a la seguridad y la cohesión comunitaria, agravando los riesgos para los jóvenes y aumentando la violencia en los barrios”, expusieron.
“Lo que están haciendo es adueñarse del territorio, ocupando el lugar que otros no ocupan”, denunciaron los referentes de la economía popular refiriéndose al rol que anteriormente desempeñaban las organizaciones sociales en colaboración con el Estado. “Al combatir a las organizaciones sociales, achicarlas, liberar el territorio y quitar la presencia del Estado, lo que están haciendo es que con el deterioro social avance el narcotráfico”.
En otro tramo del encuentro se mostraron preocupados por el aumento en la tasa de suicidios e intentos de suicidios por “la desesperación, la angustia y la depresión que genera no poder parar la olla, no poder pagar el alquiler, el crecimiento del desempleo que deriva de la grave crisis social”.
Para los referentes sociales “la crisis se seguirá profundizando”, y alertaron sobre “el retroceso en materia de pérdida de derechos como la paralización de obras de urbanización en los barrios populares, el cierre de las unidades productivas y de negocios, que en muchos casos servían para sacar de la esclavitud a familias enteras como en el caso de los talleres textiles que se transformaron el cooperativas que sirvieron para sacar a la gente de la casi esclavitud, cómo las cooperativas de cartoneros”.
“Pudimos intercambiar miradas respecto a la terrible crisis que atraviesa el país producto de las políticas económicas del gobierno nacional y como esto afecta a la provincia para pensar estrategias de abordajes en una mesa de trabajo conjunta”, comunicaron desde la UTEP después de la reunión con Axel Kicillof y explicaron que desde el sindicato de la economía popular “venimos desarrollando distintas reuniones interpelando a los diferentes sectores de la dirigencia política para alertar sobre la problemática del hambre que se vive nuestro Pueblo”.
Hace seis meses Barrios de Pie, la organización que coordina a nivel nacional Daniel Menéndez, funcionario de Kicillof presentó un informe sobre la “Inseguridad alimentaria extrema afecta a barrios populares en Argentina”, en noviembre se anunciará la actualización que, adelantan, arrojará índices “más alarmantes”. Sobre la falta de alimentos en los comedores sociales por falta de distribución del Gobierno de Javier Milei y la inseguridad alimentaria, también se habló en la cumbre con el gobernador. Ese trabajo destaca que:
- El 89% de los hogares en barrios populares sufre inseguridad alimentaria..
- El 62% de estas familias enfrentan inseguridad alimentaria severa, incluyendo días sin comida.
- La reducción del consumo de proteínas afecta al 81% de los hogares, optando por alimentos baratos y menos nutritivos.
El estudio de Barrios de Pie, que encuestó a 5.357 hogares en 20 jurisdicciones del país, reveló que la inseguridad alimentaria afecta a gran parte de la población vulnerable en Argentina, en un contexto donde el 57% de la niñez vive en pobreza. La crisis refleja la falta de eficacia en las políticas alimentarias y un escenario económico que limita el acceso a una alimentación básica. Allí también se destaca que:
- Los hogares con más niños son los más perjudicados.
- El endeudamiento de las familias se ha disparado al 76% para cubrir necesidades básicas.
El informe, que ya había sido entregado al mandatario bonaerense, alertaba sobre la falta de distribución de alimentos de primera necesidad a comedores y merenderos que no “hace más que empeorar la situación”. “Mientras algunos alimentos se pierden o quedan sin distribución, muchas familias en Argentina pasan hambre”.
Un informe de la organización Barrios de Pie revela que “el 62% de las familias en barrios populares sufren de inseguridad alimentaria severa, lo que significa que muchas personas pasan días sin comer”, para Daniel Menéndez, subsecretario de Economía Popular del ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque, le dijo a este medio que “esta situación se ha agravado debido a la reducción de la asistencia alimentaria por parte del gobierno de Javier Milei, lo que ha llevado a un aumento en la indigencia y el endeudamiento de las familias”.
Por este “desabastecimiento a los comedores comunitarios y la pérdidas de derechos” el 14 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cito en audiencia al Gobierno Nacional y a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular luego de una denuncia realizada por la UTEP que expresa. La comitiva estará encabezada por Alejandro Gramajo quien designó como abogado al ex precandidato presidencial Juan Grabois.