En su conferencia de prensa de este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) imputó por “presunta cartelización” a una serie de compañías de medicina prepaga, a la Unión Argentina de Salud (UAS) y al empresario Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical y hoy expresidente de la UAS.
Según precisó, las firmas alcanzadas por la denuncia son Galeno, Swiss Medical, Hospital Británico, Medifé, Omint, Hospital Alemán y Osde. “En abril, el Ministerio de Economía intervino dictando medidas de tutela que obligaron a retrotraer los precios de los planes de salud a diciembre y dictaminó que los aumentos no podrán ubicarse por encima de la inflación”, detalló Adorni.
En caso de comprobarse la culpabilidad, las multas que deberán pagar las empresas de medicina prepaga pueden ascender hasta un monto que equivalga al 30% de su volumen de negocios o al doble del “beneficio ilícito obtenido”. “El Gobierno aboga por los mercados libres y competitivos, ya no hay lugar para este tipo de avivadas”, sentenció el portavoz.
En abril de este año el Gobierno ya había anunciado el comienzo de las investigaciones sobre una potencial cartelización de las empresas para aumentar precios. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) explicó que se trató de “aumentos muy cercanos entre sí y, a la vez, muy lejanos a la inflación”.
Esta posible conducta lo que buscaría es definir los incrementos de las cuotas de los planes de salud, un comportamiento que se define como “práctica anticompetitiva”, y refiere a “los acuerdos entre dos o más competidores, consistentes en contratos, convenio o arreglos”, que tengan como efecto una concertación de precios de los bienes o servicios.
La denuncia se radicó luego de una serie de observaciones los primeros cuatro meses del año, en los que la CNDC observó abusos en el aumento de los valores de las cuotas. Por esta razón, la SSS presentó una acción de amparo que contiene una medida cautelar en la justicia para retrotraer estos aumentos que, según lo que estudió, fueron “abusivos producto de una posición dominante en el mercado”.
De cuánto sería la multa
En el marco de la investigación por presuntas conductas anticompetitivas, y según los plazos fijados por la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC), a partir de la notificación, los imputados tienen 20 días hábiles para realizar su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar la conducta imputada.
La CNDC fijará un plazo, que no podrá ser mayor a 90 días hábiles ―y que, de considerar necesario, podrá prorrogar por hasta 90 días hábiles más― para que se produzca la prueba concedida. Concluido este período, las partes imputadas contarán con seis días hábiles para presentar sus alegatos.
En caso de que las pruebas no sean suficientes para desvirtuar la imputación, la Secretaría de Industria y Comercio, en conjunto con la CNDC, podrán multar a las imputadas con hasta el 30% de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido.
La conferencia de Adorni
En otro tramo de su discurso, el vocero denunció un “hecho lamentable” que encontraron en el marco de las auditorías que realiza el Gobierno. Se trata de irregularidades, según marcó, en el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, ubicado en la localidad bonaerense de General Rodríguez, que funciona como la última institución con atención para pacientes de lepra en todo el país. “El hospital tiene 192 viviendas propias que debían ser destinadas a enfermos que estén cursando esta enfermedad, pero había una asociación que administraba estas cuestiones y que las alquilaba”, dijo Adorni y detalló: “Una vez que fallecían, las vendían sin papeles y fuera de la legalidad, porque son terrenos que forman parte del Estado nacional”.
Y sumó: “También había otras irregularidades, como el uso indebido del espacio que pertenecía al hospital: alquilaban parte del terreno para pastar ganado, había 100 vacas y 50 caballos que supuestamente se utilizaban para hacer labor terapia, pero no era cierto porque se alquilaban; había robo de alimentos; y a los pacientes internados -que se les pagaba una especie de monto de dinero para su subsistencia- se les sustraía una parte de ese monto y les vendían la comida a precios exorbitantes”.
“La asociación se valió de los recovecos del Estado ineficiente, pero este gobierno encuentra un curro, robo o acto de corrupción y lo elimina de cuajo”, cerró el funcionario.
Noticia en desarrollo