Todo comenzaba en la zona de Once o en las cercanías de la Facultad de Medicina, en Recoleta. No eran robos violentos. Eran arrebatos. Cuando las víctimas advertían la situación ya era tarde. No había tiempo de casi nada, solo de hacer la denuncia. El objetivo de los arrebatadores o de los “punguistas” eran “teléfonos de diferentes marcas y modelos, pero especialmente de último lanzamiento comercial”. Los celulares sustraídos podían, después de ser desbloqueados o “blanqueados”, ser comercializados en locales de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano o también ser llevados a Corrientes, Chaco y Formosa para ser revendidos o incluso sacados del país hacia Brasil y Paraguay por pasos fronterizos ilegales. Los delincuentes tuvieron un rédito económico de 1.000.000 de dólares.
Así surge de una investigación judicial a cargo de la jueza nacional en lo criminal y correccional Alejandra Provítola que, como informó en su momento LA NACION, comenzó después de una denuncia presentada por el periodista Gabriel Levinas, víctima de la banda.
“La actividad de la organización se centró, principalmente, en el inicial desapoderamiento ilegítimo de teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, principalmente iPhone de último lanzamiento comercial, cometidos en la vía pública o lugares de acceso público, que se seguía de su posterior receptación ilícita con fines y ánimo de lucro, acopio y ocultamiento a sabiendas de su origen delictivo; y seguido traslado de los equipos hacia el interior y posiblemente hacia el exterior del territorio nacional, a países limítrofes para lo cual se trasladarían constantemente por distintos medios a diferentes provincias [Corrientes, Chaco y Formosa] o a Brasil y Paraguay, para lograr allí en impunidad su ‘blanqueo’ destinado a erradicar su origen ilícito y rastros de procedencia, al efecto de lograr posiblemente su posterior acogimiento en locales comerciales, depósitos o receptación por parte de comerciantes independientes, para ofrecerlos finalmente a la venta al público en general bajo la falsa apariencia de constituir legítimas terminales o elementos electrónicos, obteniendo con ello lucros indebidos derivados de los emolumentos pagados por los compradores de buena fe, sobre bienes inicialmente sustraídos”, sostuvo la jueza Provítola en una reciente resolución donde procesó a 19 integrantes de la banda por delitos como asociación ilícita, hurto y encubrimiento.
A Levinas le robaron su iPhone 15 Pro Max en la zona de Once el 8 de octubre pasado. Hizo la denuncia el mismo día en una comisaría de la Policía de la Ciudad en el barrio de Balvanera.
Una semana después se presentó en una dependencia de la Policía Federal Argentina para advertir que la noche anterior el geolocalizador del móvil se había activado en la Terminal de Ómnibus de Retiro. Aportó el historial completo del registro del GPS de su iPhone desde el momento en que se lo robaron hasta que se activó en la terminal.
Poco después, el celular “comenzó a moverse”. En el mapa virtual lo vio pasar por Corrientes y Chaco para continuar hacia Formosa. Seguía en tiempo real el recorrido del teléfono que le habían robado. Ante la flagrancia, la Justicia ordenó interceptar un ómnibus de larga distancia que se dirigía hacia la ciudad de Clorinda, en la frontera con Paraguay. En la requisa no solo se encontró el teléfono del periodista, marchand y coleccionista de arte: también se secuestraron 17 iPhone último modelo y fueron detenidos los dos pasajeros que los tenían en su poder, un hombre y una mujer.
Era el comienzo del fin para la banda, que hasta ese momento estaba fuera de los radares policiales y judiciales. La causa, como se dijo, quedó a cargo de la jueza Provítola. En el expediente judicial, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Paula Asaro.
Después de la detención de los dos sospechosos que tenían el celular de Levinas y los otros iPhones, la jueza Provítola ordenó la intervención de una serie de líneas telefónicas cuyos usuarios podrían tener vinculación con la organización criminal.
Las escuchas telefónicas, según se desprende del expediente judicial, fueron determinantes para identificar a los distintos eslabones de la banda.
“Parece que Graciela traía celulares de afuera. Más de 100 por viaje no traía. Se llevaba iPhones robados. El problema venía con los iPhones robados: se llevó uno prendido, la siguieron hasta la frontera y está presa [desde] hace 20 días”, fue una de las conversaciones interceptadas por parte de los investigadores.
Graciela había sido una de las personas detenidas con el teléfono celular de Levinas y los otros iPhones robados. Lo que pudiera pasar a partir de ese momento comenzó a generar una importante preocupación en los otros integrantes de la banda, que comenzaron a pensar qué hacer con los teléfonos sustraídos que tenían almacenados y preparados para vender o contrabandear.
No estaban equivocados en estar preocupados. La investigación avanzó a pasos agigantados. A mediados de noviembre pasado, un mes después de que se recuperara el iPhone de Levinas, la jueza Provítola ordenó 34 allanamientos donde se secuestraron 1134 teléfonos celulares, 200.000 dólares y casi 20.000.000 pesos.
“Profundizada la investigación, los funcionarios establecieron el funcionamiento de una megabanda criminal dedicada a la sustracción, transporte y comercialización de equipos de telefonía celular, tanto en nuestro país como también en territorio extranjero”, explicaron, en su momento, desde la PFA en un comunicado de prensa, que resaltó el trabajo hecho por personal de la División Unidad Operativa Federal Formosa y por detectives del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la fuerza.
En la resolución donde procesó a 19 sospechosos, la jueza Provítola sostuvo: “El rédito económico derivado de ese accionar al menos resultante de las maniobras hasta ahora detectadas, su rédito subyacente y el posterior, se alzaría hasta ahora en una suma aproximada de más de 1.000.000 de dólares conforme al valor de mercado promedio de los distintos efectos recuperados y del dinero en efectivo en distintas denominaciones y monedas incautado, destinado a financiarse a sí mismos.
Cuatro etapas
Según el expediente judicial, la organización criminal operaba en cuatro etapas:
- “La primera fase se centraría en el desapoderamiento ilegítimo de teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, pero especialmente de último lanzamiento comercial, cometidos en la vía pública o lugares de acceso público”.
- “En un segundo tramo, con los teléfonos sustraídos [integrantes de la banda] concurrían a los domicilios particulares o comerciales de la ciudad de Buenos Aires donde, otros de sus consortes de causa, los receptaban con fines ilícitos y ánimo de lucro; para luego acopiarlos y ocultarlos, a sabiendas de su origen delictivo”.
- “En la tercera fase, otra parte de la organización se dedicaba especialmente al traslado de parte de los equipos que no eran ya puestos a la reventa, hacia el interior del país, en provincias como Corrientes, Chaco y Formosa, por intermedio de medios transporte de pasajeros a los fines de reacondicionarlos con el objeto ulterior de volver a introducir dichos elementos sustraídos en el mercado nacional y revenderlos, regresándolos para ellos a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad Buenos Aires, no pudiéndose descartar que en algún caso el destino o alguna parte de esta operatoria se desarrollara fuera del territorio nacional”.
- “La última parte de la maniobra, pero que podría según el episodio concreto ocurrir en el interregno de las otras fases, algunos de los imputados revendían al público en locales comerciales de fachada o por medio de ofertas particulares los celulares robados”.
Tras los allanamientos de mediados de noviembre pasado, detectives policiales continuaron la búsqueda de sospechosos que continuaban prófugos. Tres fueron detenidos por personal de la PFA a entre fines de noviembre y mediados de diciembre.
Un cuarto prófugo fue atrapado en Palermo por personal de la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad el 19 de diciembre pasado, cuando intentaba sustraer elementos de valor en vehículos estacionados en la vía pública. El sospechoso, identificado como Leandro Josué M. B. era buscado por ser uno de los arrebatadores de teléfonos celulares en la zona de Once y en cercanías de la Facultad de Medicina.
“La investigación que se ha emprendido desde el inicio del expediente, ha logrado determinar al menos por ahora, que efectivamente existiría una organización de distintas personas, con permanencia en el tiempo, y con división de roles y funciones entre sí, que se dedicaría a cometer delitos cuanto menos contra el orden público, la propiedad, la correcta administración de justicia, el orden migratorio, económico, financiero, aduanero, y la regulación del servicio de comunicaciones móviles y telefónicas”, sostuvo la jueza Provítola al dictar el procesamiento de los sospechosos.