El juez de garantías de Paraguay, Rolando Duarte, envió un oficio a través de la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional de la Corte Suprema de ese país para que amplíe y complemente la solicitud de extradición del ex senador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, realizada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. El documento le hizo lugar a lo solicitado por la Fiscalía y se tramitará vía la embajada argentina en Asunción para que llegue a la Cancillería. El trámite demorará la posibilidad de que el legislador sea enviado detenido a nuestro país.
El dictamen de la fiscal adjunta Matilde Moreno, fechado el 7 de enero, requería aclaraciones, información complementaria y documentación de las causas en las que la jueza argentina investiga al ex legislador por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Fue adjuntado por Duarte en su oficio “para facilitar una mayor comprensión de lo requerido y permitir la emisión de un pronunciamiento adecuado sobre la solicitud de extradición” de Kueider y Guinsel Costa.
Según Moreno, el pedido de Arroyo Salgado para que ambos sean enviados detenidos a Argentina “contiene errores que son destacables en materia de exhortos”, y “genera una confusión que el Estado requirente se encuentra legalmente obligado a aclarar”. La fiscal había considerado que “no contaba con la información necesaria para un pronunciamiento adecuado y ajustado a derecho en este momento, por defectos de forma y fondo atribuibles al Estado requirente”, por lo que no podía expedirse en esta instancia sobre el pedido de extradición.
Sostuvo que la jueza argentina mencionaba en forma “genérica” convenciones internacionales que “persiguen propósitos y objetivos distintos, que podrían generar inconvenientes de encuadre y hasta exclusiones de una respecto de la otra, por sus diferentes ámbitos de aplicación”.
Kueider y su secretaria Iara Guinsel están acusados en Paraguay de tentativa de contrabando, al ingresar con dinero en efectivo sin declarar al cruzar desde la frontera con Brasil. Cumplen prisión preventiva domiciliaria en un departamento de lujo en Asunción. Los fiscales de Ciudad de Este que lo investigan tiene plazo hasta principios de abril, para concluir su investigación
La fiscal paraguaya recordó que el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la capital, a cargo del juez Humberto Otazú, “entendió pertinente y legalmente viable que litiguen con medidas alternativas a la prisión preventiva”. Por este motivo, recomendó que “la República Argentina corrija los defectos advertidos” antes de poder pronunciarse sobre la posibilidad de someterlos al proceso de extradición. “No contamos con la información necesaria para un pronunciamiento adecuado y ajustado a derecho en este momento, por defectos de forma y fondo atribuibles al Estado requirente”, escribió en su dictamen.
Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de esa localidad de la Provincia de Buenos Aires, investiga a Kueider en dos causas conexas: la de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero abierta a mediados del 2024 y la conocida como el “Caso Securitas”, en la que se determinó la existencia del pago de coimas por parte de directivos de esa empresa de vigilancia privada a funcionarios de la firma Energía de Entre Ríos SA, (ENERSA) a fin de obtener y mantener las concesiones de contratos de prestación de servicios de seguridad. Abierta en 2020, en ese expediente hay casi una veintena de procesados, acusados de los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
El exhorto con la solicitud de extradición incluyó el pedido de secuestro de sus celulares y el allanamiento del departamento donde cumplen prisión domiciliaria en Asunción. La magistrada dictó, además, el pedido de captura internacional de ambos por si fueran liberados por la Justicia paraguaya.
La fiscal señaló en su contestación que “no obra en el cúmulo de documentos recibidos por el estado requirente”, la resolución judicial que resolvió la acumulación de las dos causas, “a fin de conocer los motivos de hecho y de derecho que llevaron a tal decisión judicial”. Por eso considera que “la Justicia argentina no indica con precisión cuáles son los hechos punibles (delitos/crímenes) atribuidos a los requeridos, requisito indispensable para el estudio -en el momento procesal oportuno- de la Doble Incriminación y garantizar el Principio de Especialidad”.
Y en ese sentido, agregó que “teniendo en cuenta que ambos requeridos se encuentran sujetos a un proceso en el territorio paraguayo, el Ministerio Público estima que tal petición podría salvarse con una carta rogatoria específica para lograr la oportunidad procesal y derecho de ser oídos en un proceso penal, lo que deviene un contradictorio en la pretensión del trámite”.