Una gran polémica se generó en la provincia de Salta luego de las declaraciones de Darío Palmier, abogado defensor de Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, el intendente de la localidad de Aguas Blancas preso por entorpecer la investigación del crimen narco de su propio hermano, quien aseguró que “es más fácil matar a un miembro de la familia de un fiscal que a un fiscal”.
Sus dichos fueron considerados por el Poder Judicial de la provincia como una amenaza directa contra el procurador general salteño, Pedro García Castiella, quien había denunciado hace más de un mes una conspiración del narcotráfico para matarlo y una escalada del crimen organizado. Por eso emitieron varios comunicados con un amplio repudio a la supuesta advertencia del abogado.
Durante una entrevista en el programa Día de Miércoles, en un canal local, Palmier comparó las medidas de seguridad dispuestas por los fiscales federales en casos complejos como el tráfico de drogas, la trata de personas, la venta ilegal de armamento o el lavado de activos, con las adoptadas por el procurador general salteño después de que se desbaratara el plan para matarlo.
“Si lo tuviésemos acá al doctor Ricardo Toranzo o al doctor (Eduardo) Villalba -fiscales Federales-, son hombres que están enfrentados al crimen organizado hace más de más de una década y ninguno de ellos tiene custodia personal ni se necesita entrar a tribunales ni pasar por un detector de metales ni nada por el estilo. Y hace años que vienen combatiendo el narcotráfico, al tráfico de armamento, al lavado de activos, a lo que hace realmente a la corrupción, sin ningún tipo de custodia”, dijo el abogado.
Inmediatamente después, el abogado hizo una reflexión que generó una ola de rechazo dentro del Ministerio Público Fiscal y el resto del Poder Judicial. “Dentro de la jerga penal hay una análisis lógico y simple. Si está con 200 custodios alrededor, si está bien custodiado, ¿qué es más fácil? ¿matar a algún miembro de su familia?, ¿a un hijo? o ¿matarlo al fiscal?” preguntó al aire.
“Es mucho más fácil matar a un miembro de la familia. Yo no conozco el pensamiento de los fiscales, pero probablemente, en una actitud plena de valentía, prefieren que, si son blanco de algo, caigan ellos -por los fiscales- en el ejercicio de la función y que no toquen a su familia”, afirmó.
Repudio del MPF de Salta
El Ministerio Público de la provincia emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a las declaraciones de Palmier. Consideran que minimizan la gravedad de las amenazas contra García Castiella. El escrito, que lleva las firmas de las fiscalías y las unidades fiscales de toda la provincia, calificó a las declaraciones como “desacertadas y contrarias a la normativa constitucional”.
“Las y los Fiscales de la Provincia de Salta abajo firmantes RECHAZAN ROTUNDAMENTE las manifestaciones vertidas por el abogado Darío Palmier”, expresaron.
“El rol del abogado litigante es una función esencial dentro de todos los procesos de justicia en garantía de los derechos que representa, pero también, como auxiliar de justicia, tiene el deber legal de ser colaborador de los organismos públicos que ejercen el poder punitivo del Estado”, continuaron con el comunicado.
“La función de los fiscales penales provinciales, que tan livianamente ha analizado, es otra postura de su pensamiento, que dista de la colaboración que se ha prestado desde este Ministerio Público Fiscal con los colegas que desempeñan la misma y delicada función en el ámbito federal a lo largo de los años, respecto de la cual los justiciables no entienden de jurisdicciones”, agregaron.
“La expresión vertida de que un fiscal, en la jerga penal, prefiere perder su vida a que le quiten la de un familiar, cuando son objetivos, resulta totalmente repudiable e intenta normalizar el término «muerte» en cualquier tipo de investigación penal en la que nos toca intervenir, y atenta directamente contra la tranquilidad y la paz social a la que tenemos derecho todos los habitantes de la provincia”, dijeron.
Más críticas del Poder Judicial a los dichos del abogado
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de Salta también emitieron ayer un duro comunicado en el que manifestaron críticas a los dichos del letrado. Dijeron que repudian “las declaraciones mediáticas del abogado penalista Darío Palmier”.
En ese sentido, señalan que es “altamente irresponsable y peligroso que un abogado litigante deslice en medios de comunicación que la custodia policial a un funcionario de alto rango que recibió amenazas gravísimas podría provocar el asesinato de sus hijos o algún otro miembro de su familia, o que el ejercicio de la función naturalice la entrega de la propia vida”.
“El servicio de justicia debe funcionar en un contexto de garantías y seguridad, tanto para la ciudadanía como para quienes lo desarrollan”, finalizaron.
Por su parte, la Asociación Argentina de Fiscales (AAF) también respondió a las polémicas declaraciones de Palmier.
“No sólo desacredita las medidas de seguridad dispuestas para proteger a los fiscales y al Procurador General -y que como ya se dijo- fueron consecuencia de datos objetivos sobre una planificación para atentar contra la integridad del aludido, sino que además sugiere y aporta vías delictuales alternativas propias de la mafia italiana de épocas pasadas”, sostuvieron.
La Asociación dijo que cuando los fiscales avanzan con investigaciones y denuncias contra el crimen organizado o la corrupción estructural, “se ha vuelto moneda corriente -y como respuesta a éstas- ejercer distintas formas de presión que van desde las amenazas hasta la desacreditación profesional y personal de los Fiscales”.
Y que pese a que se informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la respuesta de estas organizaciones delictuales es siempre la misma. No se defiende el hecho imputado, sino que se ataca a los Fiscales”.
“Tampoco pasa inadvertido que a partir de DATOS OBJETIVOS se iniciaron distintos procesos que tienen como finalidad esclarecer la intimidación que tiene como víctima al Jefe de los Fiscales de la Provincia de Salta, -como consecuencia de su desempeño funcional- y de las que no serían ajenas personas vinculadas al narcotráfico y a la corrupción”, finalizaron.