Gran parte de la corrupción en la obra pública que se investigó en los últimos años pasó por los pasillos de Vialidad Nacional, un organismo que tiene en sus entrañas excelentes técnicos viales y enormes bolsones de cómplices de las maniobras fraudulentas contra el Estado que se escondieron bajo el asfalto. La política destrozó el basamento técnico de una dependencia que fue modelo de federalismo y desarrollo y la convirtió en un shopping de kioscos en decenas de escritorios, en una cámara compensadora de favores en todas las provincias y en una pequeña fábrica de millonarios que no pueden justificar su patrimonio.
Por estos días, lejos de depurarla, La Libertad Avanza está a punto de premiarla con un viejo anhelo de los burócratas del organismo: absorber la empresa estatal Corredores Viales y con ella, la recaudación de los peajes y la obra pública programada en las principales rutas de la Argentina. Intentarán un proceso similar al que ya ha fracasado desde principios de los 90, cuando se pusieron barreras en las rutas. En Vialidad ya se frotan las manos para el proceso que seguramente terminará en la entrega de esas vías a los principales dueños de las empresas de obra pública de la Argentina, las mismas que hace pocos años se sinceraron en la causa de los cuadernos y contaron cómo se repartían las reparaciones en las rutas, cuánto dinero devolvían y dónde lo hacían. Gran parte de los burócratas administrativos de entonces, silenciosos cómplices de aquellas maniobras, se mantienen agazapados, y no tanto, en los rincones del organismo.
Vialidad Nacional es, quizá, una de las principales responsables ya no sólo de los baches y la falta de una red vial razonable sino de la muerte de miles de argentinos que se accidentan en las rutas cuando viajan y continuamente invaden el carril contrario para un sobrepaso. Es verdad que las maniobras temerarias hacen lo suyo, pero no menos cierto es que la falta de infraestructura vial es un drama que no se pudo resolver jamás. La política viaja en avión pero en la superficie, la muerte sobrevuela el asfalto.
El organismo se prepara estos días para volver a aplicar la misma receta: los dueños de la patria contratista volverán a sacar pecho en las rutas nacionales. Un logo, un nombre, una cabina de peaje y los negocios con los contratos en la traza. De eso se trata el futuro vial del país, al menos si la balanza mantiene la inclinación que por estos días parece sellada.
La relación del kirchnerismo con Vialidad es un perfecto manual de corrupción, impunidad y situaciones ridículas y extremas que alumbraron a la luz de los miles de millones de dólares que pasan por esa caja. Durante el gobierno de Néstor Kirchner y los dos de Cristina Kirchner el hombre fuerte del organismo fue José López, “Lopecito” para los amigos de entonces.
Uno de los hechos que llevaron a la condena de primera instancia de la expresidenta fue la operatoria para adelantar los certificados a los amigos. Un ejemplo extremo se dio a fines de 2015, a poco del cambio de gobierno y de la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada.
En los expedientes donde se liquidaban los pagos no se lo nombraba pero sí se lo refería. José López estaba presente en cada una de las carpetas que terminaban con un cheque de la poderosa Vialidad Nacional. Se lo llamaba “Superioridad”, casi un lenguaje castrense en medio de los constructores viales.
“Me dirijo a usted a efectos de informarle que por disposición de la Superioridad los expedientes que se detallan deberán ser pagados el día 10/11/2015″, se lee en la una nota denominada con el número 701. Luego, un listado de los expedientes autorizados y la firma de una jefa de liquidaciones. Ese papel era la luz verde para que se confeccionara el pago. Ningún documento que certificara la obra o el motivo del desembolso. La mención sagrada era el único requisito.
“La Superioridad” se convirtió en la contraseña que certificaba que los pasos previos al pago estaban cumplidos. Significaba que aquella ya conocida “lista de la felicidad”, una nómina de las empresas que iban a cobrar ese mes los certificados de obras viales, había llegado.
Así funcionó Vialidad de la mano de la voluntad de “Josecito” o “Lopecito”. Imperó como en otras áreas del Estado, la discrecionalidad absoluta. “La Superioridad” autorizaba continuamente el destino de los millones de la obra vial a quienes él quería.
Todo en tiempo récord. A principio de mes llegaba la nómina. Según reveló este cronista entonces, en un caso testigo, de los que había decenas por mes, el 9 de noviembre de 2015, se inició el expediente, obviamente, con la debida mención. Un día después, una oficina de Vialidad confeccionó el importe sobre la base de un cálculo de intereses reclamados. A Khant y Costilla, una empresa perteneciente al grupo Austral Construcciones, conglomerado manejado por el ahora detenido Lázaro Báez, se le certificaron alrededor de 41.511 dólares, de acuerdo a la cotización de entonces. Tres días más tarde, el 13 de noviembre, se efectuó el pago.
“Josecito” o “Lopecito” o “La Superioridad” había iniciado la maquinaria de millones y corrupción apenas unos días antes con la confección de la “lista de la felicidad”. En poco menos de dos semanas estaba el pago en ventanilla mientras decenas de constructores tenían retrasos de hasta un año calendario. La premura en los desembolsos fue el motivo por el que aquella anomalía discrecional tomó aquel nombre.
La gran mayoría de los constructores viales esperaba en vano ser incluida en la nómina encantada. Pocos lo lograban, a tal punto que Vialidad tenía una enorme deuda con sus contratistas. A fines de diciembre de 2015, cuando la nueva administración que lleva adelante Javier Iguacel terminó una auditoría, se acumulaba 1000 millones de dólares de deuda y existían 930 proyectos adjudicados, la mayoría de ellos paralizados por falta de pago.
Las licitaciones no eran tales. Más bien eran una suerte de puesta en escena en la que todos sabían antes de empezar quién iba a llevarse tal o cual obra. Los constructores viales bien podrían haberse ahorrado el pegamento para sellar el sobre durante la gestión de López. “La Superioridad” ya había tomado decisiones por ellos.
Un tiempo más tarde, esas suposiciones tomaron cuerpo cuando en la causa cuadernos aquellos amantes de la listas de López lo relataron con crudeza. Carlos Wagner, el poderoso empresario dueño de Esuco, entonces presidente de la Cámara de la construcción, después de estar detenido, cambió la cárcel por un puñado de verdades. Contó que se reunían para establecer cuál de las contratistas sería beneficiada con la adjudicación de una obra pública en las licitaciones viales y que la seleccionada debía pagar entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la obra de coima. Si alguna empresa, contó Wagner, no cumplía con ese compromiso, era el propio empresario quien se hacía cargo de los pagos. A esa operatoria que validaba Vialidad, los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, en la causa cuadernos, la consideraron “aportes de campaña”.
Ese esquema de “aportes de campaña” con los fondos de Vialidad fue descrito por Wagner de la siguiente manera. “La obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos [durante el kirchnerismo]. A modo de ejemplo, llamada una licitación los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar al ganador”, relató el empresario al fiscal Carlos Stornelli.
Wagner dijo que el “porcentaje del anticipo financiero era entre el 10 y 20% del total de la obra: “Deducidos los impuestos, el compromiso era entregar la totalidad restante del anticipo a modo de retorno”. Lapidario el constructor.
José López, también conocido por revolear millones de dólares a un convento en General Rodríguez, también contó cómo recaudaba dinero, y el contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, dio detalles de los malabares que hacía para esconder sacos de dólares que llegaban a Santa Cruz. Hubo más, Claudio Uberti, ex número uno de Concesiones Viales recordó los tiempos románticos cuando también manejaba la relación con Venezuela y llegaba con bolsos repletos a la Casa Rosada después de recorrer las cocheras de los dueños de los peajes en las rutas. No sólo eso, se puso nostálgico cuando agregó que muchas veces Néstor Kirchner lo retaba cuando el contenido de los bultos eran pesos y no dólares. Hubo más, hasta el financista del poder regulado, Ernesto Clarens, aportó una planilla de cálculo con los datos de quién pagaba, a qué licitación correspondía y qué porcentaje restaba cancelar. Cada pago que salía de Vialidad era notificado a la oficina de Clarens para que el “financista” llamara al afortunado contratista.
Cuando era Esuco el “ganador” de la licitación de Vialidad, Wagner dijo que pagaba en lugares como el Café La Puerto Rico, Alsina al 400, a una cuadra de la Casa Rosada; en el Hotel NH, a dos cuadras de Balcarce 50 o en un estacionamiento. “A veces venían a San José 151 [donde es la sede de la empresa], pero el grueso lo recaudaban en otros lugares”, confesó.
Había un elenco estable en el listado de cobro que enviaba López a las oficinas de Diagonal Sur, allí donde funciona el corazón vial del país. La gran mayoría de las veces, el imperio Austral Construcciones y todas las empresas relacionadas con Báez se llevaban los primeros puestos. Mes a mes se repetían.
Obviamente, la inclusión en el listado le otorgaba un tratamiento especial en los plazos de pagos de Vialidad. Por dar un ejemplo, en 2012, el promedio de tiempo desde que las empresas presentaban su certificado de obra hasta que cobraban era de 210 días. En ese año, el pago que se hizo más rápido fue en 48 días. Este universo, claro está, excluía al desaparecido grupo Austral. Aquellos 210 días de espera en el caso de Báez eran 69 y el mínimo de tiempo fue de 14 días.
Cristóbal López con su constructora CPC era otro de los habituales beneficiados. Hay quienes dicen que la relación entre López, el escondedor de dólares en conventos, y el otro López, el dueño de casinos, era óptima. Pero había más. En el Norte supo haber tantas sorpresas como en el Sur. Vialidad hizo de las suyas en aquellas provincias también, y, obviamente, en Tucumán, el lugar donde vivió en su infancia “La Superioridad”.
Durante el cuarto kirchnerismo, que encabezó Alberto Fernández, se puso en marcha un sigiloso proceso para esconder algunos burócratas del organismo. Varios fueron trasladados a regionales, en las provincias. Otros dejaron sus cargos políticos y volvieron a la línea. Estos verdaderos gestores administrativos de los favores políticos permanecen sonrientes, agazapados y mullidos en los millones que supieron conseguir. Nadie de La Libertad Avanza los molestó, al menos por ahora.