Luego de conocerse que el gobierno nacional convocó a una subasta pública por el edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), situado en la calle Cerviño 3101/67, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta), mandó una carta documento a Nicolás Pakgojz, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El gremio, en conjunto con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), también preparan una demanda contra el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich por haber cedido este inmueble.
En la carta documento, firmada por el secretario general de Apinta, Mario Alberto Romero, señalan que el edificio es “propiedad del INTA en dominio pleno”. Argumentan que “sus bienes no pueden ser enajenados por un decreto del PEN -Poder Ejecutivo Nacional”. Pidieron que se “declare la nulidad de la orden 16 del anexo del decreto 950/2024″, donde están los detalles del edificio. En la AABE confirmaron que ya tomaron conocimiento de la carta documento.
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El 12 del actual, el presidente del INTA envió una nota a Pakgojz en la que brinda las características del edificio y los detalles de las oficinas que allí funcionan, sumado al argumento del Estado para subastar este inmueble. En ese predio se desarrollan actividades de las Direcciones Nacionales de Vinculación Tecnológica y de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional; el Centro de Investigación de Economía y Prospectiva; la Fundación ArgenINTA; y la empresa Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTeA).
“Todas ellas, ante el proceso de desafectación iniciado, pueden desenvolverse en otras locaciones. El inmueble de marras se ha tornado innecesario para la gestión específica de este organismo; razón por la cual, la desafectación en trámite conlleva una significativa reducción de los gastos de este Instituto”, justificó Bronzovich en la nota a Pakgoj.
A través de la Resolución 70/2024, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno convocó a una subasta pública que se realizará el lunes 23 de diciembre a las 12, de acuerdo con la publicación oficial. Además, establece: “La presente medida se enmarca en la decisión política del Poder Ejecutivo de hacer prevalecer el mejor aprovechamiento y utilización del patrimonio estatal, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas”.
Julieta Boedo, delegada de ATE e integrante de la Coordinación Nacional de ATE-INTA, dijo a LA NACION que “Cerviño no es otra cosa que una expropiación y es parte del plan sistemático que tiene el Gobierno de quedarse con el patrimonio de nuestro organismo y es lo que venimos denunciando desde ATE”.
Además, agregó que el edificio estaba a nombre del INTA y para que pueda estar a la venta debía pasar por el Consejo Directivo del organismo. “Hoy, sin pasar por el CD, el nuevo presidente Bronzovich entregó Cerviño de manera unilateral. Este es el comienzo del arrebato de Aapresid [el presidente del INTA llegó al Gobierno viniendo como socio de esa entidad de productores] hacia el patrimonio, pero también hacia los trabajadores y trabajadoras del INTA que también estamos adentro del plan de recorte con el anuncio de despidos masivos”, apuntó.
En el gremio Apinta ratificaron que la escritura está a nombre del INTA, que es una persona jurídica propia y distinta. “El vender una cosa ajena está tipificado en el Código Penal como estafa (artículo 172). El administrador que gestiona la cosa en perjuicio de su dueño comete delito de administración fraudulenta (artículo 173 inciso 7). Cualquiera de estas dos figuras son aplicables a las conductas de Nicolás Alberto Pakgojz, presidente martillero del AABE, y de Nicolás Bronzovich, presidente liquidador del INTA”, apuntaron.
También agregaron que el “último entregó el edificio de Cerviño a título particular”, ya que, dijeron, no le consultó al Consejo Directivo, órgano de conducción del INTA, donde la mitad de sus integrantes representan a las entidades de productores: la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro.
“De concretarse esta operación tan fraudulenta como nula, el daño patrimonial para el INTA será de unos 6 millones de dólares. La pregunta del momento es cómo reaccionarán las entidades agropecuarias ante esta intentona que los está pasando por encima”, dijeron allí.