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Tras la sentencia, emitida en Seattle, un portavoz del Departamento de Justicia prometió que «defenderá enérgicamente» la orden ejecutiva de Trump.
El jueves, un juez federal frenó temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía automática para los bebés nacidos en territorio estadounidense, lo que supone el primer revés para el mandatario en su intento de trastocar las leyes de migración del país y revertir décadas de precedentes.
En una audiencia celebrada tres días después de que Trump emitiera su orden ejecutiva, un juez del Tribunal Federal de Distrito, John C. Coughenour, se puso del lado de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, los cuatro estados que pusieron una demanda, al firmar una orden de restricción que bloquea la acción ejecutiva de Trump durante 14 días, renovable a su vencimiento. «Se trata de una orden abiertamente inconstitucional», dijo.
«Francamente», continuó, desafiando a los abogados del gobierno de Trump, «me cuesta entender cómo un miembro del colegio de abogados puede afirmar inequívocamente que se trata de una orden constitucional. Me deja perplejo sencillamente».
Trump respondió horas después, diciendo a la prensa en la Casa Blanca: «Obviamente vamos a apelar».
La orden del presidente, una de varias emitidas en las primeras horas de su presidencia para frenar la migración, tanto legal como ilegal, declaraba que los niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados después del 19 de febrero ya no serían tratados como ciudadanos. La orden se aplicaría también a los bebés nacidos de madres que están en el país legalmente pero de forma temporal, como turistas, estudiantes universitarias o trabajadoras temporales, si el padre no es ciudadano de Estados Unidos.
En respuesta, 22 estados, junto con grupos activistas y futuras madres, presentaron seis demandas para detener la orden ejecutiva, argumentando que viola la 14.ª Enmienda. Los precedentes legales interpretan desde hace tiempo que la enmienda –que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos»– se aplica a todos los bebés nacidos en EE. UU., con algunas excepciones: los hijos de diplomáticos extranjeros acreditados; los hijos de no ciudadanos nacidos en territorio estadounidense ocupado por un ejército invasor; y, durante un tiempo, los hijos de nativos americanos nacidos en reservas indígenas.
Los tribunales nunca han reconocido la legitimidad constitucional de más limitaciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento, y Coughenour, juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, no parecía dispuesto a romper esa pauta el jueves.
La orden Coughenour marca el comienzo de lo que casi con toda seguridad será una larga batalla entre el nuevo gobierno y los tribunales en torno a la ambiciosa agenda del segundo mandato de Trump, que pretende transformar las instituciones estadounidenses de formas que podrían interpretarse como contrarias a la ley y a los precedentes. Otras órdenes, como los intentos de despojar de protecciones laborales a los empleados federales de carrera y acelerar las deportaciones, también se enfrentan a desafíos judiciales.
Brett Shumate, abogado del gobierno federal, dijo que la orden de la gestión sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento era «absolutamente» constitucional. Argumentó en nombre del gobierno de Trump que los inmigrantes indocumentados «siguen sometidos a una potencia extranjera» y, por tanto, «no tienen lealtad a Estados Unidos». Tampoco la tendrían sus hijos nacidos en Estados Unidos, argumentaba el gobierno en un escrito.
Tras el fallo, un portavoz del Departamento de Justicia prometió que el departamento «defenderá enérgicamente» la orden ejecutiva de Trump respecto a la ciudadanía por derecho de nacimiento ante los tribunales y «ante el pueblo estadounidense, que está desesperado por que se cumplan las leyes de nuestra nación».
La 14.ª Enmienda se refiere a las personas que están «sujetas a la jurisdicción» de Estados Unidos. El juez preguntó al gobierno si los hijos de inmigrantes indocumentados que cometieran un delito estarían sujetos a la legislación estadounidense. Shumate respondió que estarían «sujetos a la jurisdicción con respecto a las leyes de este país, pero no con respecto a la cláusula de ciudadanía de la 14.ª Enmienda».
«La ciudadanía es diferente», dijo Shumate.
Ante esto, la decisión de Coughenour fue tajante: «Llevo en el banquillo más de cuatro décadas», dijo. «Se trata de una orden abiertamente inconstitucional. ¿Dónde estaban los abogados cuando se tomó esta decisión?».
En el caso presentado ante Coughenour, que fue nombrado juez por el presidente Ronald Reagan, los cuatro fiscales generales estatales argumentaron que la orden de Trump negaría derechos y prestaciones a más de 150.000 niños nacidos cada año y dejaría a algunos de ellos en calidad de apátridas. Los estados también perderían financiación federal para diversos programas de asistencia.
La demanda de 32 páginas de los estados citaba el testimonio del ex fiscal general adjunto Walter Dellinger. En 1995, Dellinger dijo al Congreso que una ley que limitara la ciudadanía por derecho de nacimiento sería «inconstitucional a primera vista» y que incluso una enmienda constitucional iba a «contradecir rotundamente la historia constitucional y las tradiciones constitucionales de la nación».
En la audiencia, los abogados del gobierno federal pidieron más tiempo, afirmando que un aplazamiento de la sentencia no supondría gran diferencia, ya que la orden ejecutiva no entraría en vigor hasta el mes próximo. Los estados respondieron que la orden les suponía una carga inmediata, al exigirles que modificaran los sistemas que determinan si una persona es elegible para los programas respaldados por el gobierno federal, y que mientras tanto no estaría clara la situación de los bebés nacidos de madres indocumentadas.
Un tribunal de Massachusetts está estudiando otra demanda federal contra la orden ejecutiva que presentaron otros 18 estados y dos ciudades. En los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts y Nuevo Hampshire, así como en el Distrito Central de California se han presentado cuatro demandas adicionales por parte de activistas y madres embarazadas.
En una conferencia sobre la situación del caso de Maryland celebrada el jueves, Joseph W. Mead, abogado del Instituto de Defensa y Protección Constitucional de la Facultad de Derecho de Georgetown, quien representa a cuatro madres embarazadas y a dos grupos sin ánimo de lucro, argumentó que los tribunales debían intervenir rápidamente para que las madres pudieran conocer la situación legal de sus futuros hijos.
«Ahora las madres tienen que temer que sus hijos no reciban la ciudadanía estadounidense a la que tienen derecho», dijo.
Tras la audiencia celebrada en Seattle, Nick Brown, fiscal general del estado de Washington, calificó la orden ejecutiva de «antiestadounidense». Pero advirtió que la lucha contra ella dista mucho de haber terminado.
«Volveremos a los tribunales», dijo, «como muchas otras personas en todo el país».
Mike Baker es reportero nacional de The Times, con sede en Seattle. Más de Mike Baker