CÓRDOBA.– Hace dos años y medio, Francisco Luperi radicó la denuncia judicial que abrió la posibilidad de que 13 familias en Córdoba sepan qué pasó con sus hijos: cinco de ellos murieron poco después de haber nacido sanos y ocho sobrevivieron a una repentina descompensación, entre marzo y junio de 2022 en el Hospital Materno Neonatal de esta ciudad. Su denuncia desembocó en la causa penal que condujo a este juicio por jurados a la enfermera Brenda Agüero como acusada de ser la autora material de cinco asesinatos y ocho intentos de homicidio, junto a diez exfuncionarios y profesionales imputados por encubrimiento, incumplimiento de deberes funcionarios públicos y falsedad ideológica.
Luperi, de 42 años, es esposo de Virginia Zamora, quien es anestesióloga en el Hospital Neonatal. “Trabaja un día fijo y a veces hace guardia; en esa época, me parece que los viernes. Cuando ella volvía del Neonatal, como cualquier pareja, cuando regresaba contaba algunas cosas que habían pasado en la guardia”, empezó esta mañana su declaración en el proceso oral.
Sostuvo que los comentarios de su esposa eran sobre hechos que le habían contado terceras personas: “Me refiere que una compañera de trabajo le comenta de la muerte de un bebé que, aparentemente, no tenía una explicación natural, cierta. Una muerte que no se sabe su causa. Lo tomamos como una noticia triste, pero no había nada más (…). A medida que se fueron acumulando los hechos, lo charlábamos entre nosotros con más alarma, con más preocupación (…). Le habían dicho que había más muertes o más lesiones”.
Luperi subrayó que, en conjunto con Zamora, tomaron la decisión de que “esto tenía que ponerse en conocimiento de la Justicia”. Afirmó que desconocían en ese momento si había una investigación policial o judicial. “Hice la denuncia como una manera de tratar de resguardarla un poco a ella, porque trabaja en el hospital y era un tema muy delicado. Decidimos presentar la información para que la Justicia verifique esos comentarios”, ahondó el testigo. La presentación recayó en la Fiscalía del Distrito N° 3, a cargo de Raúl Garzón.
La denuncia la concretó el 4 de julio de 2022, poco menos de un mes después de las últimas dos muertes y dos descompensaciones de criaturas. Hasta entonces solo había dos pedidos de autopsias por muerte dudosa realizados en la madrugada del 7 de junio, pero no una formalización de denuncia. Ayer miércoles, con las declaraciones de las últimas dos mamás de sobrevivientes, terminaron de pasar todas las madres de las víctimas.
Luperi recordó que Zamora le relató que un día había habido varios casos dudosos y una compañera de guardia le indicó que se iba a hacer “una biopsia en quirófano, cuando lo habitual es en sala”, y que en uno de los casos hubo “una extracción de una lesión en la piel y el resultado de la biopsia habría dado niveles muy altos de potasio”. También sostuvo que “en más de un caso se observó lesión como la que deja la aguja cuando se inyecta en las piernas”.
El ingeniero enfatizó que hizo la denuncia porque entiende que, “como ciudadano”, es lo que corresponde. Varias veces indicó, ante consultas de los abogados y del fiscal, que “no es lo mismo” evaluar ahora los hechos cuando ya trascendieron que en aquel momento. Sí mencionó que “alguien le comentó a mi esposa que había una investigación interna en curso y que ellos [por el hospital] iban a tomar las riendas”.
Cuando Nicolás Ruades, representante legal junto con Daniela Morales de seis madres, le transmitió que las madres le hacían llegar su agradecimiento por su “valentía, coraje y honor” al hacer la denuncia, Luperi se emocionó. “Gracias a las familias. Compartimos su dolor”, dijo. También respondió que “nunca” recibieron amenazas.
