El 19 de abril, las autoridades estadounidenses detuvieron a Stefan Andrés Correa, de 42 años, en el aeropuerto de Miami cuando intentaba abordar un vuelo hacia Medellín, Colombia, con escala en Bogotá. El sospechoso fue arrestado bajo cargos de tráfico sexual de menores, tras descubrirse que planeaba encuentros sexuales con niñas entre 10 y 12 años en territorio colombiano.
Las investigaciones revelaron que Correa había realizado 45 viajes a Colombia entre 2022 y 2023, período durante el cual estableció contacto directo con redes de trata y explotación sexual. Los mensajes interceptados mostraban que solicitaba específicamente ‘niñas pequeñas y delgadas’, ofreciendo 75 dólares a los intermediarios más un iPhone 7 u 8 como pago por el acceso a una menor de 11 años.
Durante el registro de los dispositivos electrónicos incautados al sospechoso, las autoridades encontraron material audiovisual que documentaba abusos sexuales contra dos menores: una con edad estimada entre 12 y 14 años, y otra entre 9 y 11 años.
Los investigadores encontraron conversaciones en las que Correa, quien ejerce como farmacéutico, negociaba pagos por actos sexuales con menores y coordinaba que las víctimas fueran trasladadas hasta su alojamiento en Medellín.
“Acordó con el presunto traficante sexual reunirse con las víctimas menores de edad una vez que llegara a Colombia”, señalaron las autoridades.
El coronel Edwin Urrego Pedraza, jefe de la Policía Criminal colombiana, confirmó que Correa estaba vinculado a una red delictiva de Medellín especializada en la explotación sexual de menores. La investigación relaciona a esta misma organización criminal con el caso de Timothy Alan Livingston, un ciudadano estadounidense de 36 años, quien fue encontrado el 28 de marzo en un hotel de Medellín en compañía de dos menores de 12 y 13 años. Livingston, procedente de Fort Lauderdale, fue puesto en libertad y posteriormente abandonó el país, lo que ha suscitado serias dudas sobre posibles irregularidades en el proceso judicial.
Estos casos, al igual que otros similares ocurridos en Medellín, revelan la incapacidad —e incluso la complicidad— de las autoridades colombianas para combatir la trata de personas y el abuso sexual infantil.
“Ya fue ubicado, se encuentra en Ohio y estamos intercambiando información con la agencia HSI del gobierno estadounidense”, señaló Urrego Pedraza sobre el caso de Livingston. De corroborarse los hechos, ambos turistas podrían enfrentar severas penas de entre 15 años a cadena perpetua por los delitos de tráfico sexual infantil.
Urrego señala que Correa y Livingston no se conocían. No obstante, los dos estadounidenses abusaron de las mismas menores en diferentes ocasiones.
“A raíz de lo que pasó con el ciudadano estadounidense que se encontraba con dos menores en un hotel en El Poblado (Medellín), se logró detectar a otra persona que también ingresaba a Colombia y también abusaba y violaba menores de edad”, dijo Urrego a medios colombianos.
“Esta investigación sobre Stefan Correa se inicia cuando estábamos desplazándonos con las menores y allí aparece otra menor manifestando lo que acontecía con este individuo (…) Tenemos un grupo investigativo que trabaja de manera articulada con agencias de los Estados Unidos y empezamos a intercambiar información, es así como se logra detectar saliendo de Miami. Cuando se revisa su celular tenía videos explícitos de menores de edad”, agregó el jefe de la Policía Criminal colombiana.
Qué dicen los activistas de la ciudad
Sara Jaramillo Gómez, integrante de la veeduría contra la trata de personas en Medellín, explica el contexto de la explotación sexual de niñas y adultas en la capital de Antioquia, situación que se ha agudizado en los últimos años. Esto, en parte, tiene que ver con nuevas dinámicas como el aumento del turismo y el hecho de que la ciudad se haya convertido en uno de los destinos predilectos en América Latina para los nómadas digitales.
“No solamente están las redes de trata, sino que también hay una normalización de la explotación sexual. Es una ciudad donde ser niña de una comuna popular, ser niña nacida en un barrio pobre, de una familia de bajos recursos, implica una vulnerabilidad tremenda y básicamente el abanico de oportunidades que abre en esta ciudad es la explotación sexual. Entonces es muy complejo. No son niñas abusadas por extranjeros, son niñas explotadas sexualmente por extranjeros”, dijo Jaramillo Gómez en diálogo con Infobae.
La activista colombiana señala que el gran desafío que enfrenta Medellín es revertir años de normalización y abandono estatal que permitieron que la explotación sexual se convirtiera en un lucrativo negocio controlado por bandas criminales y redes de proxenetas.
“Esta es una problemática con unas dimensiones y unos temas sociales que tienen la cara, insisto, de las mujeres más precarizadas de la sociedad y del que se están lucrando en su mayoría bandas criminales y personas que cometen los delitos de proxenetismo. Estas mujeres las contactan por WhatsApp. Hay grupos de WhatsApp literalmente donde están metidas todas estas niñas y el proxeneta pregunta disponibilidades y ahí aparecen todas”, agregó Jaramillo Gómez.
Esta realidad puede verse a plena luz en el sector de los bajos de la estación Prado y la llamada calle del Pescado, donde se calcula que unas 300 menores de edad son forzadas a la prostitución.
Las autoridades parecen incapaces de hacer frente a una problemática que tienes sus raíces en la pobreza, la inequidad y la falta de oportunidades. Sofisticadas redes delincuenciales controlan este lucrativo negocio que deja a las menores en un estado de altísima vulnerabilidad. Jaramillo Gómez señala que la permisividad y la descomposición del tejido social han permitido que la mercantilización de los cuerpos infantiles se normalice en las calles de Medellín.
Por su parte, Tyler Schwab, representante de la ONG Libertas International, dijo a Infobae que lamentable es probable que más casos como los de Correa sucedan.
“Las autoridades tendrían que preguntarse: ¿por qué visitan en un año tantas veces Colombia? Tendrían que justificar esas visitas. El caso de Correa me recuerda al de químico estadounidense Richard Opalinski, que también abusó de menores y visitó Colombia 65 veces”, dijo Schwab a Infobae.
Según datos del Observatorio de Explotación Sexual, Comercial De Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), en 2023 se reportaron 329 víctimas por delitos relacionados con la explotación sexual de menores en la ciudad. Una cifra alarmante que refleja la magnitud del problema.