Cuando la Asociación Bancaria expresó su rechazo al reciente decreto que transforma al Banco de la Nación Argentina (BNA) en sociedad anónima, denunciando un “negociado espurio y una nueva estafa”, dio señal indubitable de que el Gobierno avanza por el camino correcto. Sergio Palazzo, el combativo diputado nacional de Unión por la Patria que dirige el gremio, se alineó en su crítica con otros próceres del kirchnerismo, como Felisa Miceli, condenada a prisión por el caso de la bolsa de dinero en el baño, y Roberto José Feletti, de nefasta actuación como secretario de Comercio Interior de Alberto Fernández.
La reciente medida cautelar dictada por el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, a pedido de Palazzo, frenando la transformación del BNA, demuestra lo difícil que es superar la fuerza de los intereses creados en la Argentina. Sería bueno que el juez tuviera presentes algunas cuestiones para su análisis.
El Banco Nación, creado en 1891 por Carlos Pellegrini, cuenta con 17.500 empleados y una red de 720 sucursales por todo el territorio nacional. Con una cartera de préstamos por 12.500 millones de dólares, un patrimonio neto de 14.500 millones de dólares y un resultado operativo de 11.500 millones de dólares, según el balance al 30 de septiembre de 2024, es el mayor banco del país. Según su página web, su principal función es atender a las Pymes, al campo, a la industria, a las economías regionales y al comercio exterior. Aunque Pellegrini jamás hubiera imaginado su expansión posterior en un “Grupo Banco Nación” para realizar negocios muy poco transparentes en seguros, reaseguros, bolsa, fondos comunes de inversión y “servicios” difusos.
Como señalamos en nuestro editorial de ayer, el proyecto inicial de la Ley Bases contemplaba su privatización, pero eso no fue aprobado por el Congreso. De todas maneras, al declarar esa ley, la emergencia económica y delegar funciones en el Poder Ejecutivo, permitió el dictado del Decreto 116/25 transformando al ente autárquico en sociedad anónima.
Como en todo organismo fondeado con recursos estatales, son múltiples los interesados en aprovecharse de estos a falta de un accionista que cuide su bolsillo. En el Banco Nación se conjugan, por lo menos, tres grupos que dicen defenderlo, cuando en realidad, contribuyen a debilitarlo.
Los políticos históricamente lo usaron para devolver favores con designaciones, influenciar sobre los préstamos, dirigir contrataciones o ubicar a personajes eyectados de otras reparticiones. Como María Delfina Rossi, hija del exministro de Defensa Agustín Rossi, designada directora mediante un “decretazo” de Cristina Kirchner para complacer a su papá. O Silvina Batakis, expulsada del Ministerio de Economía por Sergio Massa y quien luego, como presidenta del BNA, designó a familiares en cargos gerenciales, mientras su amiga María del Carmen Barros, gerente general, contrataba a “Pitty, la numeróloga” como “coach” personal para sacarle el “stress” de la gestión.
En segundo lugar, “La Bancaria”. El gremio liderado por Palazzo gravita aún más que la política por su estabilidad en el tiempo, lo cual le permite consolidar estructuras de poder internas que ningún gobierno ha podido o querido modificar. Y finalmente, ciertas corporaciones rurales, habituadas al apoyo financiero, que también se inquietaron ante su eventual privatización sin advertir que sin cambios de fondo el BNA no podrá acompañar las futuras necesidades de un sector que requiere cada vez más tecnología e inversiones.
Estamos ante un organismo por donde se filtran gastos innecesarios, sobreprecios ilegales y privilegios sindicales
Un organismo que tiene personal en exceso, otorga préstamos a tasas inferiores al mercado, acumula “clavos” crediticios por razones políticas y tiene cientos de agujeros incontrolables por donde se filtran gastos innecesarios, sobreprecios ilegales y privilegios sindicales, no cuida su propia viabilidad en el largo plazo, aunque tenga resultados positivos. Habría que decir, con tono de sorpresa: “¡aun así gana plata!”. Siempre que el Estado asigna recursos públicos para negocios que benefician a políticos, sindicalistas o grupos sectoriales a costa del interés general, se califica de “estratégica” su decisión para pintar de celeste y blanco lo que luce marrón oscuro.
Si la Argentina logra vencer la inflación, comenzará un fuerte proceso de monetización que obligará a los bancos a capitalizarse para crecer como lo exigen las normas de Basilea. Si el Banco Nación no aumenta su capital, no podrá expandir su crédito a las Pymes, ni al campo, ni a la industria, ni a las economías regionales, ni a las familias. El objetivo de incorporar capital privado, entonces, es consistente con el propósito de mantener su liderazgo sin quedarse afuera de ese proceso de expansión.
Esa participación implicará además la adopción de una firme disciplina de gestión y transparencia. Es cierto que el Banco Nación exhibe utilidades en sus balances, pero ellas no le dan carta blanca para mantener prácticas incompatibles con el interés de sus verdaderos dueños: los contribuyentes de impuestos. La estrategia de incorporar accionistas privados lo forzará a cuidar el bolsillo, mejorando sus resultados para fortalecer su balance y poder prestar más.
Los créditos del BNA deben ser auditados con lupa, para evitar casos como los de la curtiembre Yoma, la aceitera Vicentín o Molinos Cañuelas. Un banco no puede dirigir sus préstamos según los llamados recibidos de la Casa Rosada, de gobernadores, legisladores, gremialistas o dirigentes empresarios. Ni tampoco otorgar quitas o refinanciaciones injustificadas a cambio de arreglos por debajo de la mesa. Cuanto mejores sean los activos de su cartera, mayor será su potencial para apoyar a sectores productivos.
Otra área de muy difícil control es la mesa de dinero. Con nuevas reglas de compliance, sus prácticas deberán ser revisadas a fondo, ya que es habitual que, en estos casos, se trabaje en forma discrecional con financistas privados que tienen “la vaca atada” mediante esquemas de retornos a los operadores.
De la misma manera, deberán replantearse los negocios del llamado “Grupo Banco Nación”, con sus ramificaciones en seguros, fondos comunes, bursátiles y de servicios. Medio de casualidad y no por una auditoría interna, se descubrió la red creada por Alberto Fernández mediante la contratación obligatoria de seguros para todos los riesgos del Estado a través de Nación Seguros (decreto 823/21) que favoreció a Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria privada.
En cuanto a Nación Servicios, el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, hizo un detallado estudio hace dos años, revelando que tenía 1185 empleados –ahora serían 1300–, de los cuales la mitad estaban afectados a la tarjeta SUBE, con 23 cargos gerenciales y cinco directores con sueldos astronómicos. Si bien el reciente decreto 698/24 amplió los medios de pago para el transporte público, esta subsidiaria del BNA continúa creciendo, “inventando” negocios para justificar su subsistencia. Se presenta ahora como una firma especializada en soluciones tecnológicas aplicadas a medios de pago, movilidad inteligente y soluciones comerciales cuando, en realidad, realiza trabajos para otras reparticiones públicas, facturando sin competencia. Una nube de humo artificial e intraestatal que dio cabida a militantes, facilitó contratos discrecionales y creó otra gran caja para gestionar con poco control.
Definitivamente, Pellegrini no justificaría la presencia del Estado en ninguna de esas actividades ajenas a su función crediticia y propias del sector privado. Con sabio juicio de estadista aplaudiría, en cambio, la decisión de convertirlo en sociedad anónima para darle robustez cuando el exhausto Tesoro Nacional no puede hacerlo.