El Castillo de Manzanares El Real, uno de los monumentos más emblemáticos de la Comunidad de Madrid, cierra sus puertas al público tras la devolución de su gestión a la escritora Almudena de Arteaga y del Alcázar, XX duquesa del Infantado. Esta medida se produce después del vencimiento del contrato de arrendamiento que la familia mantenía con el Gobierno regional desde hace décadas, lo que ha puesto fin a su uso como espacio cultural y turístico.
El castillo, construido en 1475 por orden de Diego Hurtado de Mendoza y Figueroa, primer duque del Infantado, es una joya arquitectónica diseñada por el arquitecto de los Reyes Católicos, Juan Guas. Originalmente concebido como una residencia palaciega y una fortaleza militar, reflejando la transición entre el gótico tardío y el renacimiento español, combinando elementos defensivos con detalles decorativos que lo convierten en una obra maestra de la arquitectura de la época.
Durante siglos, fue testigo de importantes eventos históricos y está estrechamente vinculado al linaje de los Mendoza, una de las familias más influyentes de la nobleza castellana. Hoy en día, su estructura incluye almenas, torres y un patio de armas que evocan la grandeza del pasado. Declarado Bien de Interés Cultural (BIC), ha sido gestionado por el Estado y la Comunidad de Madrid desde 1965, período en el que se llevaron a cabo importantes obras de conservación y reconstrucción. Además, fue el lugar donde se firmó el Estatuto de Autonomía de Madrid en 1983, convirtiéndose en un símbolo de la región.
Una controversia administrativa y legal
El cierre del castillo al público responde a la falta de licencias que permitan su apertura como espacio turístico, según informaron fuentes cercanas a las negociaciones entre la familia Arteaga, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Manzanares El Real. La calificación del terreno como rústico, así como la ausencia de una licencia urbanística específica, han dificultado la continuidad de las actividades que se venían desarrollando en el inmueble.
Miguel Temboury, abogado de la familia Arteaga, ha manifestado que esta situación podría resolverse con voluntad política y ha instado a las administraciones a encontrar una solución urgente. “Existen vías legales que permitirían una rápida reapertura de la fortaleza. Es fundamental agilizar los trámites necesarios para que este bien patrimonial vuelva a ser un espacio de encuentro y disfrute para todos”, recogen fuentes de EFE.
Impacto local y futuro incierto
Este acontecimiento supone un golpe para la economía de Manzanares El Real, una localidad de 9.000 habitantes que ha visto en este monumento un importante motor turístico. La duquesa del Infantado expresó su deseo de mantener el castillo abierto al público, dada su relevancia para el turismo y la identidad cultural de la región.
Fuentes del Ayuntamiento han indicado a EFE que el castillo ha estado funcionando sin licencia desde hace más de 50 años, lo que complica la situación actual. Según explicaron, la actividad comenzó antes de que las normas urbanísticas de 1977 fueran adoptadas, por lo que no existe una regulación específica para este caso. Aunque la modificación de las normas subsidiarias es una opción, este proceso requiere tiempo, algo que tanto la familia como las administraciones buscan reducir al mínimo.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha declarado que continúa trabajando para encontrar una solución que permita la continuidad del uso público del castillo. Sin embargo, han precisado que las licencias necesarias recaen en el ámbito municipal, lo que exige colaboración entre todas las partes implicadas.