El caso $LIBRA, la criptomoneda que Javier Milei promocionó a través de un tuit y que tuvo un colapso sospechoso que involucra un presunto desfalco de alrededor de U$S 100 millones, agita al Gobierno. Los principales referentes políticos de la Casa Rosada trabajan para desterrar el tema de la agenda pública y evalúan alternativas para desarticular la sesión del próximo miércoles en Diputados, donde la oposición -sin el kirchnerismo- busca avanzar en la investigación de este hecho.
Los teléfonos se activaron el mismo día en que se hizo público el pedido para abrir el recinto. La movida la empujaron los radicales de Democracia -referenciados con Facundo Manes y el senador Martín Lousteau-, parte de Encuentro Federal y el larretista Álvaro González, todavía dentro del bloque Pro. En una jugada calculada, dejaron afuera a Unión por la Patria (UP): saben que espantan votos clave para abrir el recinto, pero confían en que, cuando llegue la hora, se sentarán en sus bancas.
El oficialismo recurrió a su ya conocido manual de procedimiento. Se apoyó en sus aliados de la UCR y macrismo así como en los gobernadores, deseosos de llegar a un acuerdo con la Casa Rosada que redunde en beneficios para sus territorios. En Pro intentaron, sin éxito, frenar al único diputado del espacio que firmó el pedido, el larretista Álvaro González. Fue una mala señal para la Casa Rosada: el viejo truco de vaciar el recinto podría no alcanzar.
El Gobierno aceleró el plan B: Guillermo Francos. Los libertarios ofrecen al jefe de Gabinete, curtido en batallas políticas, para dar explicaciones sobre el caso $LIBRA.
No está claro que la oposición acepte esta oferta. Hay diferencias sobre los términos y condiciones bajo los que Francos podría presentarse en Diputados. Mientras que el Gobierno pretende circunscribirlo a los informes ordinarios de gestión y diluirlo entre un mar de preguntas sobre la marcha de la administración, la oposición apuesta a una interpelación por el criptogate.
La definición de la estrategia se juega en las próximas horas. La clave está en si la oposición logra mantener el quorum hasta el miércoles. Si resisten la presión, el Gobierno podría verse obligado a ceder.
La denuncia de la Coalición Cívica contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, encendió todas las alarmas. Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro la acusan de cohecho, tráfico de influencias y violación de la Ley de Ética Pública. En su presentación ante la Justicia, sostienen que la hermana del Presidente manejaba la agenda de audiencias y que habría pedido sobornos a cambio de favores políticos. La acusación se apoya en mensajes de chat filtrados, donde el trader Hayden Davis la señala directamente.
“En la Justicia de Estados Unidos, la nombrada está acusada de ser quien coordinó las reuniones entre el Presidente y los promotores de la polémica cripto”, agrega la denuncia.
Una sesión temida por el oficialismo
Si la oposición rechaza la propuesta de los libertarios y logra el quorum para abrir el recinto, el golpe para el oficialismo no será letal, pero marcará un primer paso para poner en aprietos a los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, en manos del libertario Nicolás Mayoraz y la macrista Silvia Lospennato. La presión busca obligarlos a abrir el debate en comisión, con dos caminos posibles: interpelar a funcionarios del Ejecutivo o crear una comisión investigadora.
Si la sesión se abre, el caso $LIBRA volverá al centro de la agenda y el oficialismo sumará otra crisis. Hay varios proyectos en danza. Los más agresivos, promovidos por el socialismo y Unión por la Patria, buscan el juicio político al Presidente, pero fueron excluidos del temario. Otros apuntan a la interpelación de funcionarios clave, con matices sobre a quiénes sentar en el banquillo y bajo qué términos. La tercera vía, empujada por los radicales de Democracia, apuesta por una comisión investigadora con poder para citar testigos, pedir informes y, eventualmente, escalar la ofensiva.