El 1° de diciembre de 2024 se fijó como fecha límite para que todas las entidades que ofrecen planes de salud financiados con fondos de la seguridad social se inscribieran en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud. Esta medida, impulsada por la Superintendencia de Servicios de Salud, tiene como propósito garantizar que esas entidades operen dentro de los marcos legales establecidos y bajo un control regulado.
En ese sentido, fuentes de la Superintendencia señalaron a Infobae que, en el caso del incumplimiento de este requisito, “se impediría la comercialización de los planes, lo que podría derivar en la apertura de procedimientos sumariales y la imposición de sanciones a las entidades que no cumplieran con las normativas”.
Además, la resolución estableció un cambio en la forma en que los beneficiarios del sistema de salud se vinculan con las entidades prestadoras de servicios médicos. A partir de la implementación de la medida, la intermediación será eliminada. “Es un universo de casi 1.400.000 millones de personas que representan más de 30 mil millones de pesos mensuales“, señalaron a Infobae.
De acuerdo a lo expresado por el ente nacional, esta acción permite que los aportes se dirijan directamente a las entidades que gestionan los planes de salud. Según detallaron, “los beneficiarios ahora tendrán un acceso más directo a los servicios de salud, lo que simplifica el proceso de vinculación”, ya que “tendrán la libertad para elegir durante los próximos 60 días si quieren continuar derivando sus aportes a la prepaga o prefieren volver a la obra social”.
Asimismo, la medida busca evitar la triangulación de los aportes, en la que los recursos pasaban por diversos intermediarios antes de llegar a las entidades de medicina prepaga. Según la Superintendencia de Servicios de Salud, “la eliminación de esta intermediación permitirá un uso más eficiente de los recursos destinados a la salud pública, mejorando la administración y control de los fondos”.
“Esta decisión termina con la intermediación de las obras sociales ‘sin actividad real’, transparenta el sistema y genera un ahorro para el beneficiario, al enviarse sus aportes de manera directa a la prepaga, eliminando los costos de intermediación, que representaban entre un 3% y 10%, y que sostenían el funcionamiento de algunas obras sociales”, aseguraron a Infobae.
El fin de la triangulación en el sistema de salud
De acuerdo a lo expresado por el Gobierno Nacional, esta medida se implementa en el marco del reordenamiento del sistema de salud impulsado por el Ministerio de Salud, en el cual la Superintendencia de Servicios de Salud tomó la decisión trascendental. Según señalaron fuentes de la Superintendencia a Infobae, “el anterior sistema permitió que se concentraran más de 30 mil millones de pesos al mes, es decir, 300 millones de dólares al año. Este esquema operó de esta manera durante los últimos 20 años”.
“Con una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Superintendencia determinó el pasaje de casi 1.400.000 millones de titulares que todavía no habían hecho el trámite para terminar con la triangulación, algo permitido con la Resolución 3284/24 que entró en vigencia el 1/12/2024″, destacaron.
Este cambio también apunta a beneficiar económicamente a los usuarios del sistema, según señalaron desde la Superintendencia a Infobae: “La medida busca transparentar el sistema y le genera al beneficiario un ahorro, ya que al enviarse sus aportes de manera directa a la prepaga, dejará de pagar la intermediación, que representaba entre un 3% y 10% y sostenía esquemas que no cumplían con las funciones esperadas de las obras sociales”.
Además, remarcaron que esta resolución busca devolver la libertad de elección a los ciudadanos. “El beneficiario tendrá 60 días para elegir si se queda en la prepaga donde deriva sus aportes o prefiere regresar a la Obra Social con la que triangulaba”, detallaron las fuentes a Infobae.
Desde el Ministerio de Salud destacaron su compromiso con la transparencia: “Trabajaremos para erradicar las irregularidades que afectan el sistema de salud”. Según indicaron, la medida forma parte de las metas del gobierno para devolver el control de los aportes a los trabajadores.
La nueva inscripción obligatoria y sus implicancias
Con la Resolución 3284/24 publicada en el Boletín Oficial, la Superintendencia de Servicios de Salud apunta a garantizar la regulación y protección de los derechos de los trabajadores que realizan aportes al sistema de salud.
Según indicaron desde la Superintendencia a Infobae, la inscripción “habilitará a las entidades a ofrecer planes de salud, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en las Leyes N.º 23.660, 23.661, 26.682, sus modificatorias y reglamentarias”.
De acuerdo a lo argumentado, este registro obligatorio busca garantizar que las entidades que operan en el sistema cumplan con los estándares legales y normativos, siendo que esta medida responde a un problema persistente en el sistema.
“El procedimiento (NdeR: de triangulación) resulta innecesario y añade falta de transparencia a una acción que debería ser tan eficiente como el manejo y la administración de los fondos de los trabajadores”, señalaron fuentes oficiales a Infobae.
La transparencia, gestión de fondos y control
Las fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud destacaron que “el principio de transparencia se encuentra reconocido como un valor fundamental en la gestión de fondos, asegurando que los recursos de los trabajadores destinados a su cobertura médica se manejen con claridad”.
En este marco, las autoridades señalaron que resulta fundamental asegurar que los aportes canalizados a través de los empleadores y la AFIP lleguen efectivamente al destino correspondiente: “Básicamente, el dinero de los beneficiarios que era desviado por ciertos sectores a través de un sistema legal pero cuestionable, diseñado para financiar prácticas poco transparentes”.
Según pudo conocer Infobae, “el mencionado procedimiento resulta ocioso y nutre de opacidad operativa a una acción tan diligente como debe ser el manejo y administración de los fondos de los trabajadores”. “Ante este nuevo escenario, el gobierno insta a las empresas de medicina prepaga a priorizar el bienestar de la población, evitando incrementos y evaluando la posibilidad de reducir las cuotas en los próximos meses”, agregaron.
El rol de la Superintendencia en este proceso es central, ya que se encarga de fiscalizar a los Agentes del Seguro de Salud y exigir que todas las entidades cumplan con lo estipulado en las Leyes N.º 23.660, 23.661 y 26.682.
Además, señalaron que “la medida está diseñada para poner fin a prácticas cuestionadas históricamente y beneficiar a la clase media mediante un sistema más transparente, que permitirá generar un ahorro para los beneficiarios”. “Este paso representa el cumplimiento de uno de los objetivos planteados al inicio de la gestión del presidente Javier Milei: eliminar prácticas cuestionables asociadas a ciertos sectores”, agregaron.
Este control estricto “garantiza un control efectivo por parte de la Superintendencia sobre el uso de los recursos que provienen de la seguridad social”. “Este mecanismo busca generar mayor confianza entre los trabajadores que realizan aportes al sistema. Al mismo tiempo se le devuelve su plata al beneficiario y se le da la libertad para que elija con que Agente del Seguro quedarse”, indicaron.
Por último, la Superintendencia remarca que la transparencia y el cumplimiento de la normativa permiten consolidar un sistema más justo y efectivo para todos los beneficiarios. Mientas que desde la cartera de Salud afirmaron “que se trabajará incansablemente para eliminar todas las irregularidades que afectan el sistema de salud y garantizar el bienestar de todos los argentinos”.
Y concluyeron: “Por decisión del ministro Mario Lugones, el organismo fiscalizador tomó medidas definitivas contra las irregularidades en ciertas obras sociales de funcionamiento cuestionable, las cuales representaban una caja de más de 30 mil millones de pesos mensuales”.