Con el reinicio de la actividad judicial tras la feria de verano, la Corte Suprema de Justicia ingresa este lunes en una nueva etapa, integrada por solo tres jueces, dividida por sus diferencias internas y con la obligación de consensuar los fallos. Es que el máximo tribunal del país solo puede firmar una sentencia si hay tres votos coincidentes y no le es posible sacar un fallo con dos votos por un lado y otro en disidencia.

Esa situación refleja, sin embargo, lo que viene sucediendo en la Corte. La Juan Carlos Maqueda el 27 de diciembre del año pasado, dejó al tribunal integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Pero la interna abierta entre Rosatti y Lorenzetti los lleva a votar, en muchos casos, de manera contrapuesta.

Si a partir de ahora ocurriera esta circunstancia, los jueces tendrán dos opciones: poner la causa a un lado a la espera de que la Corte tenga nuevos integrantes; o llamar a conjueces para que voten en el caso.

Los conjueces son los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país y se designan por sorteo para cada caso. En una Corte de tres jueces se sortean dos conjueces para integrarla con cinco magistrados.

Antes de fin del año pasado, la Corte dictó un reglamento especial de conjueces que prevé que para los mismos problemas se llame a los mismos conjueces, de modo de no dispersar la jurisprudencia del máximo tribunal.

En este marco, un asunto son las causas judiciales, donde las internas de la Corte quedan a un lado a la hora de votar, y otro es la gestión del máximo tribunal, donde Rosatti y Rosenkrantz funcionan en tándem y Lorenzetti expresó su disconformidad con las decisiones que tomaron sus colegas.

Las diferencias fueron virulentas el año pasado, con sonoras disidencias firmadas por Lorenzetti ante -por ejemplo- la reorganización del área de administración, la obra social judicial, la designación de un secretario de la secretaría penal del tribunal o el reglamento de conjueces.

Lorenzetti señalaba que estas reformas administrativas que llevaban adelante sus colegas, estaban condicionando a los futuros jueces que integrarían el máximo tribunal. La diferencias llegaron al punto de que Lorenzetti no participó del acto de homenaje en el Patio de Honor realizado para despedir a Maqueda de la Corte, liderado por sus colegas.

El oriundo de Rafaela les reprochó a sus colegas que la Corte funciona mal, gasta descontroladamente el presupuesto judicial y realiza nombramientos injustificados. La mayoría de la Corte respondió con la publicación de estadísticas de resolución de causas.

En este clima interno, la Corte comenzará sus tareas desde este lunes. Las primeras semanas todo funcionará a paso lento. En el funcionamiento interno del máximo tribunal, durante la feria de verano, las causas que están en la vocalía de cada juez son enviadas a la secretarías respectivas.

Ahora deben regresar a cada vocalía y determinar cuáles son la que están en condiciones de ser firmadas, es decir cuáles son las causas donde hay tres votos coincidentes, y cuales son las que se deben resolver con conjueces o las que pueden esperar. Esta dinámica obliga a una Corte dividida a consensuar para sacar sus fallos.

El primer desafío que enfrenta la nueva Corte de tres jueces es la rebelión de los jueces de la justicia nacional ordinaria que se alzan contra el fallo Levinas que obliga a que todos sus casos sean revisados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, como tribunal de alzada.

Las cámaras en lo comercial, civil, penal, laboral y de Casación Penal Nacional se reunirán la semana próxima para determinar si firman acordadas o fallos plenarios para impedir esa intervención de la Justicia porteña. Interpretan además que es un avance hacia la disolución de la justicia nacional, para convertirse en justicia local.

El procurador Eduardo Casal también se sumó. Pidió a la Corte Suprema que suspenda el fallo Levinas porque dijo que los fiscales nacionales (él es su jefe) no pueden litigar ante la justicia de la Ciudad. No es un desafío menor para la Corte, ya que sin Maqueda la Corte no tiene hoy mayoría para decidir lo mismo que dijo en el fallo Levinas, pues en ese caso votaron de la misma manera Rosatti, Maqueda y Lorezentti. Rosenkrantz lo hizo en disidencia, defendiendo la justicia nacional ordinaria. Hoy solo están Rosatti y Lorenzetti con esa postura y Rosenkrantz con la contraria.

Si los tribunales nacionales buscan forzar que la Corte decida en nuevos casos, según este precedente no contaría con los votos necesarios para hacerlo. “No hay otros asuntos espinosos en lo inmediato, no debería haber problemas”, dijo a LA NACION una fuente de la Corte que mencionó que en la cuestión administrativa (de superintendencia en la jerga de la Corte) ya fueron tomadas la principales decisiones.

Incluso hubo un reforma reglamentaria para llevar estos asuntos, donde se determinó que bastan la firma de dos jueces para, por ejemplo, disponer contratos, compras, licencias y otros asuntos de la gestión diaria del tribunal.

La visión del Gobierno

En el Gobierno, en cambio, creen que esta es una Corte que puede funcionar, pero que “está rota” y bregan por una pronta integración para de alguna manera sanear al tribunal de sus diferencias internas. “La Corte está rota; es necesario integrarla para que con los nuevos jueces que lleguen disminuyan estos enfrentamientos y cambie el clima interno de trabajo”, dijo a LA NACION una alta fuente del Gobierno.

El presidente Javier Milei propuso para integrar la Corte Suprema de Justicia a dos candidatos: el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla. El pliego de Lijo ya tienen nueve firmas y está en condiciones de ser tratado en el Senado en el período de sesiones extraordinarias, que vencerá el 17 de febrero.

En el Gobierno creen que pude haber un acercamiento con el kirchnerismo para votar el pliego de Lijo. Un escenario que parece inverosímil debido a que en 15 días difícilmente se puedan juntar los votos que no tuvieron en nueve meses.

En tanto, la situación de García-Mansilla es más delicada, ya que no reúne ni siquiera las firmas mínimas que requiere el dictamen para su tratamiento, por lo que las fuentes del gobierno especulan con que una solución es que sea designado por decreto en comisión por un año. Y en ese año, avanzar en una negociación política con el kirchnerismo que contemple la ampliación de la Corte Suprema de Justicia para permitir que ingresen los dos candidatos propuestos y otros por la oposición.

La idea de que exista un acuerdo político con el kirchnerismo es rechazada por los propios kirchneristas, mientras en el Gobierno hacen gestos de acercamiento, que no son retribuidos por Cristina Kirchner, la única que puede destrabar los votos de los senadores que le son afines, necesarios para ungir a los jueces.

Las quejas internas en el Gobierno ante la reapertura de una causa por errores en una declaración jurada de Cristina Kirchner o la insistencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) en querellar en casos contra el kirchnerismo, que no fue bien vista en el seno del Poder Ejecutivo, fueron una señal de acercamiento con el cristinismo.

En al Corte miran de reojo al Congreso, pero en el corto plazo avanzan como si nada fuera a ocurrir. De hecho, el máximo tribunal intervendrá en la causa en la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por favorecer con licitaciones viales santacruceñas direccionadas en favor de Lázaro Báez en lo que se conoce como el caso Vialidad. También se dispuso su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la condena, pero el fiscal Mario Villar y las defensas de los acusados plantearon un recurso extraordinario para que la Cote revise esa condena. El fiscal quiere elevarla a 12 años y las defensas quieren la absolución. La Casación podría tratar este recurso en el primer semestre del año. Si lo admite y envía el caso a la Corte, no lo hará antes de las vacaciones de invierno próximas.

Si lo rechazara, la jurisprudencia de la Casación señala que el fallo es ejecutable. Sn embargo, la propia Corte -en el precedente Olariaga- dijo que las sentencias quedan firmes cuando es ella la que rechaza el último recurso de la defensa. “La inmutabilidad propia de la cosa juzgada recién se adquiere con la desestimación del recurso de queja por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo el máximo tribunal en un fallo de 2007.

Si se rechaza el recurso extraordinario, los abogados pueden plantear un recurso de queja directo ante la Corte. Todas estas vías recursivas determinarán que a fin de este año o el próximo la Corte pueda tomar una decisión sobre la expresidenta. Si confirma su condena, Cristina Kirchner deberá cumplirla, aun en arresto domiciliario.

Pero todo este escenario es lejano en una Corte que se apresta comenzar el año judicial disminuida en su cantidad de integrantes y con el desafío de que las diferencias internas no afecten su funcionamiento.