LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aceleró las negociaciones con la Legislatura para avanzar con el nombramiento de 210 nuevos funcionarios judiciales y, al mismo tiempo, abrió una negociación con la oposición para intentar aprobar el Presupuesto y la Ley Impositiva 2025.
Los pliegos incluyen nombres de camaristas, jueces de primera instancia, defensores y fiscales.
En el extenso listado de pliegos no hay candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que aún tiene cuatro asientos vacantes.
En cambio aparecen postulantes a camaristas para San Isidro, San Martín, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, Mercedes, Merlo, Moreno, General Rodríguez, Morón, La Plata y Quilmes, entre las decenas de nombres enviados, que comenzaron a ser revisados por los bloques de la oposición. También hay postulantes para fiscales y defensores de Casación.
Al mismo tiempo, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, comenzó a negociar con la Legislatura la aprobación de las leyes clave para 2025. Durante la primera reunión en el Senado, a instancias de la vicegobernadora Verónica Magario, hubo un mensaje para Axel Kicillof de parte de los intendentes: no habrá acuerdo hasta que no regularice las deudas de 2024.
El enojo de los intendentes, manifestado a través de los legisladores de la oposición, se centra en los atrasos en los envíos del Fondo de Infraestructura Municipal acordado para la aprobación de la Ley Impositiva vigente.
Por fuera de esa deuda hay también atrasos por compromisos del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y el Instituto de Previsión Social (IPS)
Los fondos para los municipios, acordado para 2024, fue de 116 mil millones de pesos.
De ese dinero, el Poder Ejecutivo transfirió unos 80 mil millones. La deuda es de, al menos, 36 millones de pesos, según cálculos extra oficiales de los intendentes.
Los alcaldes quieren que en 2025 se cree un nuevo fondo, con un alza del 30 por ciento mínimo sobre el aprobado para el año actual. Pero endurecieron su posición y dieron orden a los legisladores de no negociar los nuevos instrumentos legales para cálculo de gastos y recursos, ley impositiva o autorización para tomar deuda sin que antes de cancelen todos los compromisos correspondientes a la cuarta cuota del Fondo.
De la reunión participaron los presidentes de los bloques mayoritarios: participaron los oficialistas Teresa García y Facundo Tignanelli (Unión por la Patria) Diego Garciarena (UCR) Agustín Forchieri y Agustín Maspoli (PRO) entre otros.
La provincia de Buenos Aires prevé para 2025 un gasto de 34 billones con un déficit primario de 600 mil millones más el déficit financiero 1.4 billones y una necesidad de financiamiento de 2.4 billones de pesos.
El Poder Ejecutivo solicitó permiso para tomar nueva deuda neta por 1.1 billones de pesos – que se tomará en moneda extranjera- más letras del tesoro y financiamiento con organismos multinacionales (ya aprobado en años pasados) por otro 1.2 billones de pesos.
En 2024 la provincia pidió autorización para tomar USD 1800 dólares de deuda, pero no colocó más de USD 700, según informó López. No tuvo acceso a mercados y la Nacion demoró las autorizaciones según aseguró el gobierno.
El stock de deuda de la provincia descendió tras el canje que se acordó con los bonistas en 2021: se ubica en 11 mil millones de dólares. Este año, una corte de New York ordenó pagar a la provincia USD 123 millones de los bonistas que no entraron al canje suscripto por mayoría del 98 por ciento de acreedores. “Hay instancias judiciales pendientes; vamos a agotar todas las instancias”, dijo López.
Mientras dilata cancelación de este compromiso, la provincia espera tomas nueva deuda: “El año que viene esperamos poder tomar más para cumplir con todas las proyecciones de recursos, gastos e inversiones”, dijo López a los legisladores.
El funcionario – que el viernes pasado invitó a un asado a los legisladores para intentar acercar posiciones y no tuvo alta convocatoria- aseguró que el año que viene los fondos municipales no están contemplados.
“La última cuota está en plazo – aseguró López a los legisladores. Siempre hubo quejas, pero estamos muy a tiempo con estas transferencias: Ya transferimos 80 mil millones. Vamos a cumplir los próximos días”, dijo el ministro de Economía a La Nacion.
“La carga tributaria no se incrementa en alícuotas de ingresos brutos. pero si incrementarán topes de facturación de Ingresos Brutos. Y en los impuestos patrimoniales no habrá mayor presión tributaria, en términos reales. No habrá cuota adicional o quinta cuota. Habrá bonificaciones por pago anula y por buen contribuyente”.