La publicación en su perfil de Instagram tenía varios errores de ortografía. Pero era un resumen perfecto del poder económico detrás de la organización criminal que, junto con otros delincuentes, lideraba. “Y pensar que en dos años compré una casa para mí y una para mi mamá. Puse tres locales. Ise [sic] departamentos y me compré lo que quise y enzima [sic] a la gorra y a la brigada [por la policía] los baile como quería. Ahora estoy pagando un poquito de lo que ise [sic]”.
Cuando Iván Gabriel Galán, apodado Memeco, hacía referencia a “pagar un poquito” lo que había hecho, se refería a que desde el 10 de julio pasado estaba preso en una cárcel de Entre Ríos acusado de encubrimiento y resistencia a la autoridad.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo a LA NACION que la organización criminal desbaratada en las últimas horas tenía una distribución de roles “muy sofisticada” y estimó que los delincuentes se hicieron de un botín estimado de entre 20 y 25 millones de dólares.
Memeco Galán, Jonathan Díaz, alias Jony; Lidia Núñez, conocida como Aldana, y Gonzalo Rico, apodado El Misio, eran los líderes y organizadores de “una asociación ilícita, con sus roles y acciones definidas, con el fin de cometer diversos delitos, entre ellos la adquisición de automóviles de procedencia ilícita; la adulteración de documento público del rubro automotor y el encubrimiento automotor con fines de lucro en todas sus modalidades”, según se desprende de una resolución de la jueza federal de San Martín Alicia Vence donde, al subrogar el Juzgado Federal N°3 de Morón, procesó a 15 sospechosos.
En un informe del Ministerio de Seguridad bonaerense al que tuvo acceso LA NACION, se explicó que “la organización criminal operaba en el conurbano, sustrayendo vehículos mediante la modalidad de robos violentos con uso de armas de fuego, mayormente en La Matanza, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Morón, Merlo y Moreno. Robaban diez por día y en lo que va del año se habría apoderado de 3000 unidades de distintas marcas y modelos para luego enfriarlos en cocheras y/o depósitos situados en La Matanza y General Rodríguez, pagando los vehículos robados dependiendo de sus características, entre $1.200.000 y $1.500.000 los autos y $3.000.000 las camionetas. Con documentación apócrifa los trasladaban a Misiones para su desguace y/o su venta en agencias de autos o para cruzarlos a Paraguay, Bolivia y Brasil, donde los comercializarían en la frontera entre 5000 y 8000 dólares, según la marcas y el modelo”.
Según surge del expediente judicial, la investigación, de la que participó la Dirección de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad Automotor de la policía bonaerense, comenzó en abril pasado después de una llamada anónima. En la comunicación se dieron detalles de cómo operaba “la banda de Memeco y Jhony”. El denunciante explicó que usaban como base de operaciones una “metalera” de Isidro Casanova, en La Matanza.
Estar tras las rejas no le impidió a Memeco estar en comunicación el resto de la banda. “Desde su celda de la cárcel de Gualeguay, en Entre Ríos, tendría activa comunicación telefónica y por redes sociales con diferentes miembros de la organización”, según el expediente judicial.
Sí, la organización criminal, tras la detención de Galán, hizo una modificación para trasladar a Misiones y Corrientes los automóviles y camionetas robadas: contrató una empresa de logística para que llevara los vehículos sustraídos en contenedores.
“Entre los días 4 y 5 de octubre pasado, bajo la supervisión y control de Díaz, Núñez y Rico, una camioneta marca Chevrolet modelo S10 negra adulterada y con pedido por robo en La Matanza fue transportada de manera clandestina, oculta en un contenedor, por un camión marca Volvo 400 blanco desde una empresa de logística situada en Loma Verde, en Escobar hasta una empresa compañía dedicada a la pavimentación de rutas y asfaltos de la localidad de Gobernador Virasoro en Corrientes”, según se sostuvo en la citada resolución a la que tuvo acceso LA NACION.
Al llegar a destino, el chofer, identificado como Lucas Gabriel O., utilizó una precaria rampa para bajar la camioneta y la estacionó en paralelo al camión para luego esperar unos minutos la llegada de una persona con la que se entrevistó,
Lucas Gabriel O. recibió dinero y después entregó la camioneta. La persona que “compró” la 4×4 había llegado al lugar acompañado por El Misio, que se quedó a una distancia de 50 metros desde donde “supervisó y controló” la situación, según surge del expediente judicial.
La camioneta, que había sido robada el 24 de septiembre pasado en La Matanza, según las tareas encubiertas que hicieron los detectives de la policía bonaerense, continuó viaje hasta la localidad de Garupa, en Misiones, donde viven El Misio y Lucas Gabriel O.
Cuando fue indagado tras su detención, el chofer del camión en el que se trasladó la camioneta sostuvo: “Lo único que quiero decir es que soy inocente, que soy un simple chofer, que a mí me encargaban transportar autos, me daban toda la documentación en una carpeta y me decían que lo presentaran ante un posible control policial en la ruta”.
Lucas Gabriel O. fue procesado por la jueza Vence como miembro de una asociación ilícita. No se le dictó la prisión preventiva, pero se le fijó una caución de 5.000.000 de pesos y se le prohibió salir del país.
El ministro Alonso explicó a LA NACION que El Misio, que por el momento se encuentra prófugo, desde Misiones o Corrientes, encargaba, las marcas y modelos de autos y camionetas que se tenían que robar. “Memeco se encargaba de contactar a los ‘pistoleros’, los ladrones que sustraían a punta de pistolas los vehículos”, dijo el funcionario bonaerense.
Por orden de la jueza Vence, detectives de la policía bonaerense hicieron 55 allanamientos y secuestraron 16 vehículos, entre ellos un BMW I325, una camioneta Toyota Hilux, un Volkswagen (VW) Vento y una camioneta VW Amarok con pedido de secuestro por robo.
“Quedó evidenciada la voluntad común de los encartados en el desarrollo de la actividad ilícita, una mínima organización, duración en el tiempo y la afectación de varios bienes jurídicos, para cuya ejecución cada uno habría contribuido para lograr el fin perseguido. De manera tal, existen indicios unívocos, precisos y concordantes, que demuestran intervención objetiva y subjetiva de los encartados en el delito reprochado”, sostuvo la jueza Vence al dictar el procesamiento de los sindicados líderes de la organización criminal y fijar un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 50.000.000 de pesos. En el expediente, el Ministerio Público es representado por el fiscal federal Sebastián Basso.