En junio de 2024, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley con el objetivo de combatir las llamadas y mensajes spam. Sin embargo, desde que fue remitida al Ejecutivo, la presidenta Dina Boluarte ha observado tres veces la iniciativa, deteniendo su promulgación. Infobae Perú se comunicó con Wilson Soto y Jorge Morante, quienes impulsan la medida, a fin de conocer sus posiciones respecto a los argumentos de la jefa de Estado.
La primera observación ocurrió en abril de 2023, seguida por una segunda en octubre del mismo año y la tercera en julio de 2024. El Ejecutivo argumenta que la ley eliminaría la posibilidad de que las empresas realicen un “primer contacto” con los usuarios para obtener su consentimiento.
“Esta prohibición imposibilitaría la manifestación expresa e inequívoca del propio consentimiento del titular para las posteriores comunicaciones de tal índole, limitando no solo el interés del responsable del tratamiento de los datos personales (en este caso, el anunciante), sino también el del titular de los datos personales, impidiéndole elegir acceder a ofertas, en el caso de que sean relevantes para él”, se lee en el oficio enviado al Parlamento.
Además de calificar el argumento de “absurdo” por parte de ambos parlamentarios, Soto cuestiona la posición de la jefa de Estado, ya que previo a remitirlo al Pleno, la Comisión de Defensa del Consumidor solicitó la opinión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el cual es adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, y el organismo se pronunció a favor.
“De repente hubo presiones de algunos grupos. Ella no quería pelearse y nos ha tirado el tema a la cancha del Parlamento, pero nosotros no hemos aceptado y por eso hemos aprobado el mismo texto”, mencionó a Infobae Perú.
“¿Quién no recibe todos los días llamadas cuando uno ni siquiera lo ha autorizado? Yo, por ejemplo, recibo llamadas hasta de otros países, como la India, Pakistán y yo nunca lo he autorizado. […] Es molestoso y muchas veces también camufla las extorsiones. Entonces, yo creo que es importante por la tranquilidad de los peruanos que esta norma se apruebe”, acotó.
Al respecto, Morante coincidió en que el objetivo principal es la tranquilidad de las personas y el impacto en su seguridad, pues muchas veces “las empresas dan a terceros, los call centers y a su vez estos a sus proveedores, los teléfonos y nombres de clientes. Este listado puede caer en manos de gente vinculada a actos ilegales y facilitarse la extorsión”.
En ese sentido, recordó un megaoperativo en los distritos de Lince, San Isidro y Cercado de Lima, donde operaban locales que funcionaban como call center para extorsionar bajo la modalidad del ‘gota a gota’. Dicho hecho se reportó el pasado 13 de enero.
Uno de los inmuebles está ubicado en la cuadra 24 de la avenida Arequipa, en el edificio El Dorado. Mientras que el otro bien intervenido fue a media cuadra, conocido como Sky One Apartments, ubicado en Domingo Casanova 173. También se ingresó a un tercer edificio ubicado en la cuadra 2 de la avenida República de Chile.
¿Habrá pérdida de empleo?
El principal argumento por parte de la Asociación Peruana de Experiencia de Cliente (APEXO) es que, de promulgarse, 20 mil familias perderían su empleo, lo que afectará negativamente a las empresas de call centers.
“Detrás de esta actividad tenemos 20,000 familias. Las personas que trabajan en este sector pueden ser jefes de familia, estudiantes que pagan sus estudios o una combinación de ambas. Al afectar a 20,000 familias que perderían el trabajo de inmediato el día en que esta ley entre en vigencia, lo cual no debería ocurrir, se impacta en el fondo a 60,000 personas, ya que cada familia tiene en promedio tres a cuatro integrantes”, declaró Pierino Stucchi a Latina.
Aunque reconoce que “hay ciudadanos que reciben llamadas a horas inadecuadas, con teléfonos desconocidos y de manera persistente, esa es una realidad”, insiste que “la solución es regular, pero no prohibir”.
Apexo agregó que se limita el derecho de información de los consumidores y los obliga a ser ellos quienes siempre tomen la iniciativa para consultar sobre los beneficios, campañas y promociones a las que pueden acceder, pese a que, de dar su consentimiento, podrían ser informados sobre las ofertas a su disposición.
Sobre ello, Soto menciona que “no es tan cierto, ya que los operadores seguirán con su trabajo. Por ejemplo, hablando de los bancos, el área de cobranza no es que no te va a llamar, porque existen obligaciones que deben cumplirse, pero incluso para ello se ha dado un consentimiento previo”.
“No es que estemos perjudicando a miles de trabajadores. En todo caso, se estaría combatiendo las áreas que, pese a que no existe una autorización expresa, llaman; pero todas las demás, continuarán”, mencionó.
Al respecto, Morante también expuso que tenía dudas sobre los argumentos de quienes se oponen a la norma. “Por último, la tranquilidad y la paz del consumidor es mucho más importante. Estoy seguro de que de una u otra manera, de haber pérdidas de empleo, las empresas podrán redefinir su sistema de negocio que no se enfoque en ser invasivo para las personas, pero lo único que se busca es hacer respetar el consentimiento y tranquilidad de la población”, sentenció.
Perú es el segundo país más afectado por spam
En Perú, los ciudadanos enfrentan un desafío creciente con las llamadas spam, un problema que ha llevado a la imposición de sanciones significativas. Desde enero de 2020 hasta diciembre de 2023, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha aplicado 78 sanciones a 53 proveedores, acumulando multas que superan los cinco millones de soles. Este incremento en las sanciones refleja la magnitud del problema, ya que cada peruano recibe un promedio de 18 llamadas no solicitadas al mes, posicionando al país entre los más afectados a nivel mundial por este tipo de prácticas.
El informe Truecaller Insights, elaborado por la empresa de tecnología Truecaller, destaca que Perú se encuentra en una situación crítica respecto a las llamadas spam. A pesar de los esfuerzos previos para mitigar este problema, como el sistema “Gracias, no insista”, Indecopi ha confirmado que dicho sistema ya no está operativo. Esta situación ha llevado a los usuarios a buscar alternativas para protegerse de estas llamadas no deseadas.
Entre los canales que continúan en funcionamiento se encuentra la Subdirección de Atención al Ciudadano, donde se puede usar el formulario en línea “Vigilancia Ciudadana” para elevar quejas por llamadas no deseadas.
También pueden mandar un correo a [email protected] o llamar a los teléfonos 224 7777 (Lima) y el 0-800-4-4040 (gratis desde regiones). Se debe colocar el nombre de la compañía, el producto o servicio que se deseaba ofrecer y brindar el número telefónico al que timbraron. El problema es que ello no garantiza que las llamadas se detengan, pues suelen hacerse de distintos números.