Los biocombustibles llevan décadas presentes en el mundo, consolidándose como una alternativa viable y sostenible para la energía. Estados Unidos lidera el consumo global, seguido de Brasil —donde el 73% de los vehículos funcionan con bioetanol—, y otros países como China, Francia e Indonesia también han adoptado estas tecnologías de manera significativa.
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La Argentina, con una gran inversión del sector agropecuario en capital, trabajo e I+D, inició su camino dando valor agregado a la soja, la caña de azúcar y al maíz. La producción de biodiesel ronda el millón y medio de toneladas, con una capacidad de llegar a los cuatro millones, en el caso del bioetanol se llegó a producir 1,17 millones de m3 sumando caña y maíz. Una parte de esta producción se exporta, otra va a los cortes obligatorios en naftas y diésel en el orden del 12% de bioetanol y 7,5% de biodiésel respectivamente.
Con un conocimiento del negocio consolidado, está la oportunidad de seguir creciendo en producción de bioetanol y biodiésel, una posibilidad es la liberación del mercado.
Este debate, sobre el mercado de biocombustibles, ha sido extenso desde que el gobierno nacional presentó, a fines de diciembre de 2023, un proyecto original de Ley de Bases que planteaba liberar el mercado. Este proyecto proponía eliminar varios artículos de la actual Ley 27.640, que regula los cortes mínimos en naftas y diésel, así como los precios de venta de bioetanol y biodiésel.
Por otro lado, existen iniciativas promovidas por algunos productores de biocombustibles que buscan aumentar los cortes obligatorios a través de una mayor intervención estatal. Esto crea dos posturas opuestas: por un lado, la intención del Gobierno de liberar completamente el mercado, y por el otro, el deseo de ciertos sectores privados de reforzar la regulación estatal.
Sin embargo, existe una alternativa intermedia o momentánea que podría implementarse. La Ley 27.640 ya permite la liberación parcial del mercado de biocombustibles en los siguientes términos:
“Art 13. (segundo párrafo) Las empresas encargadas de llevar a cabo las referidas mezclas obligatorias podrán adquirir libremente biocombustibles para obtener mezclas superiores a las del porcentaje obligatorio vigente, pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos, al igual que en los casos en que se lleve a cabo la comercialización de biocombustibles que no tenga por destino la mezcla obligatoria con combustibles fósiles”.
Para avanzar en esta dirección, solo se necesitan dos medidas concretas:
- Que la Secretaría de Energía establezca las especificaciones de calidad de los biocombustibles (artículos 3, inciso b y 23 de la Ley 27.640), permitiendo su venta en cualquier surtidor habilitado.
- Homologar los equipos y/o motores Flex que permitan el uso de bioetanol al 100%.
Estas acciones podrían anticiparse al vencimiento de la Ley 27.640 en 2030, cuando se discutirá nuevamente si los cortes obligatorios deberán continuar. Además, generarían incentivos para desarrollar un mercado alternativo a las naftas y el gas, fomentando la participación de más actores en el sector.
Lo más importante es que esta medida representaría un beneficio para todos los argentinos, tal como ha sucedido en otros países. Habría un impacto positivo en las cadenas de valor de cereales y oleaginosas, se generaría empleo en las economías regionales, aumentarían los ingresos económicos generales y se reducirían los costos de acceso a los combustibles. En definitiva, avanzar hacia la liberación del mercado de biocombustibles no solo es viable, sino que también es una oportunidad para crear un modelo de ganar-ganar para toda la sociedad.
El autor es diputado nacional (UCR-Córdoba)