La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este lunes la Ley Bolívar, una medida bipartidista que prohíbe al gobierno estadounidense contratar con empresas que realicen operaciones comerciales con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela o con cualquier gobierno sucesor no reconocido por Washington.
La legislación fue impulsada por los congresistas Mike Waltz y Debbie Wasserman Schultz, quienes subrayaron la importancia de cortar las fuentes de financiamiento a la dictadura de Caracas.
“Venezuela está en crisis debido al gobierno ilegítimo y autoritario y a las políticas marxistas de Nicolás Maduro y su cártel de Caracas”, afirmó Waltz en el Congreso.
El legislador destacó que Nicolás Maduro ha ignorado la voluntad electoral del pueblo venezolano e incitado violencia contra la oposición democrática.
“Nuestra política debe basarse en solidaridad con los valientes activistas que buscan romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda ni consuelo a sus opresores”, agregó.
Ampliación de restricciones contra el régimen chavista
La Ley Bolívar complementa sanciones existentes, como la Sección 890 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2020, que ya prohíbe al Departamento de Defensa (DoD) firmar contratos con empresas vinculadas al régimen de Maduro.
La nueva legislación amplía estas restricciones al resto del gobierno federal. En 2023, el DoD ejecutó más de 36 millones de contratos, lo que representó el 60 % de los contratos gubernamentales totales. Con esta medida, se asegura que ninguna agencia federal financie directa o indirectamente a la dictadura venezolana.
Aunque la ley incluye exenciones para contratos relacionados con asistencia humanitaria y respuesta a desastres, su propósito central es evitar que Maduro utilice recursos provenientes de acuerdos comerciales para sostener su aparato represivo.
Según Debbie Wasserman Schultz, “este proyecto de ley corta el apoyo financiero al régimen y envía un mensaje claro: los estadounidenses no tolerarán la represión antidemocrática, y mucho menos la subsidiarán”.
Entretanto, la congresista María Elvira Salazar afirmó que esta medida elimina un “salvavidas financiero adicional” para el régimen y reafirma el compromiso de Estados Unidos con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Además, Salazar agradeció a Waltz y Wasserman Schultz por su apoyo a la oposición venezolana en un momento crucial.
El impulso de la ley también coincide con la preparación del congresista Mike Waltz para asumir el cargo de asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump. Waltz, conocido por su postura firme contra regímenes autoritarios, enfatizó la necesidad de mantener y expandir las sanciones para limitar los recursos de Maduro y debilitar su capacidad de reprimir al pueblo venezolano.
La Ley Bolívar ha sido celebrada por quienes abogan por el fin del régimen chavista, al considerarla un mensaje contundente de que no habrá tolerancia para las acciones ilegales de dictadores como Maduro. Waltz aseguró que la legislación no solo apunta a Venezuela, sino que también envía una advertencia a otros regímenes autoritarios en el mundo.
La aprobación de esta medida ocurre en un contexto donde el régimen de Maduro busca desesperadamente recursos para mantenerse a flote, mientras enfrenta presiones internas y externas.
La congresista Wasserman Schultz recordó que durante la última década ha luchado por sanciones más severas contra el chavismo, apoyo humanitario robusto e incrementar la presión internacional para proteger los derechos humanos y el estado de derecho en Venezuela.
“Hasta que Estados Unidos no elimine los intereses corporativos que permiten la corrupción y el fraude electoral de Maduro, no podremos decir que estamos verdaderamente comprometidos con el pueblo venezolano”, advirtió.