Nahuel Agustín Gallo continúa secuestrado en Venezuela. El cabo primero de la Gendarmería Nacional fue detenido ilegalmente por las fuerzas de seguridad del gobierno bolivariano el 8 de diciembre del año pasado. El gobierno argentino de Javier Milei considera que se trata de una “desaparición forzada” y avanza en un informe para denunciar a Caracas por violaciones a los derechos humanos. Nicolás Maduro, líder del régimen chavista que se negó a dejar el poder el 10 de enero, cuando finalizó su mandato, radicalizó su postura contra la Casa Rosada y apeló a la figura del gendarme como herramienta extorsiva para negociar impunidad.
Pese a las gestiones diplomáticas, el chavismo le bloquea todo tipo de información a la Casa Rosada sobre la actualidad del gendarme. Se niegan a dar a conocer detalles sobre su estado de salud, su paradero exacto, y su situación procesal, si es que está siendo sometido a algún tipo de investigación judicial.
Lo peor: Maduro no permite, incluso, que la familia del gendarme pueda comunicarse con él o visitarlo. Ante la consulta de Infobae, María Alexandra Gómez, la novia de Gallo, explicó que no tienen novedades sobre la situación del padre de su hijo de dos años y que el chavismo rechaza cualquier tipo de contacto.
El régimen de Maduro no solo ha restringido el acceso a información sobre Gallo, sino que también ha utilizado su detención como una herramienta de presión política. Es que el gobierno venezolano ha radicalizado su postura hacia Argentina, utilizando el caso del gendarme como una pieza de negociación para buscar impunidad en el sistema internacional. Esta estrategia no es nueva, ya que el chavismo ha aplicado tácticas similares con otros detenidos internacionales con paradero desconocido.
La familia de Gallo, incluida su pareja, María Alexandra Gómez, asegura que le impiden la comunicación con el detenido. La madre del hijo de dos años de Gallo explicó a Infobae que no recibió novedades sobre su situación y que las autoridades venezolanas rechazan cualquier intento de contacto.
La única vía que tiene la familia del gendarme para ser asistida es a través del apoyo consular que la Embajada de Brasil en Caracas le concedió a Argentina. Esa posibilidad se activó en diciembre pasado, ni bien se supo del secuestro de Gallo. La Cancillería argentina, a cargo de Gerardo Werthein, se contactó con Itamaraty, ministerio de Relaciones Exteriores de Lula Da Silva, para solicitar la asistencia diplomática. Brasilia hizo lugar y la situación permanece inalterada desde entonces.
Idéntica situación ocurre en la Embajada argentina en Caracas, que permanece desde agosto de 2024 bajo resguardo de Brasil, luego de que Maduro expulsara a la delegación nacional de Venezuela. Además, allí residen seis dirigentes del equipo de la líder opositora Corina Machado que están recibiendo asilo porque pesa sobre ellos una polémica orden de detención. Las personas que están refugiadas son Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola y Magalí Meda.
El rol de Brasil y la expulsión de la delegación argentina
La relación diplomática entre Argentina y Venezuela es irreconciliable. Desde agosto de 2024, la Embajada argentina en Caracas permanece bajo la protección de Brasil, luego de que el régimen de Maduro expulsara a la delegación argentina. Esta situación limitó aún más las posibilidades de contacto directo entre ambos gobiernos, ya que ni siquiera los diplomáticos brasileños tienen permitido ingresar a la residencia argentina en Caracas.
En la embajada argentina, actualmente bajo resguardo brasileño, también se encuentran refugiados seis dirigentes del equipo de la líder opositora venezolana Corina Machado, quienes enfrentan órdenes de detención emitidas por el régimen chavista. Los asilados son Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola, y Magalí Meda. Este contexto refuerza la complejidad de las relaciones diplomáticas y la dificultad para avanzar en la liberación de Gallo.
Denuncias internacionales y gestiones diplomáticas
El gobierno argentino, no obstante, intensificó sus esfuerzos para denunciar la detención de Gallo como una violación a los derechos humanos. La Cancillería argentina continúa trabajando en un informe que busca presentar pruebas de que el caso del gendarme constituye una desaparición forzada. Este documento será utilizado para elevar a tribunales internacionales contra el régimen de Maduro. Además, el gobierno de Javier Milei ahonda la búsqueda de contactos con interlocutores globales para recabar información sobre el paradero y las condiciones en las que se encuentra el cabo primero.
La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, también ha estado involucrada en las gestiones para lograr la liberación de Gallo. La funcionaria participó en reuniones con la familia del gendarme y ha sido una de las principales voces del Gobierno en su postura crítica contra el régimen chavista.
Condiciones inhumanas y una estrategia de presión
De acuerdo con la información recabada por la Cancillería argentina, Gallo permanece detenido en condiciones que han sido calificadas como “inhumanas”. Además, el caso de Gallo no es aislado: el chavismo reconoció la existencia de al menos 120 ciudadanos internacionales que permanecen detenidos en Venezuela sin que se conozca su paradero.
Es por eso que el Gobierno considera que el caso de Gallo se enmarca en una estrategia más amplia del chavismo para negociar impunidad con gobiernos y organismos internacionales.
Futuro incierto
Mientras el Gobierno argentino intensifica los esfuerzos diplomáticos, la situación de Nahuel Agustín Gallo es incierta. Desde principios de diciembre pasado, Brasil brinda apoyo consular a Argentina a través de su embajada en Caracas, pero los avances son limitados. La falta de cooperación del régimen de Maduro y las tensiones diplomáticas entre ambos países complican aún más la posibilidad de una resolución pronta.