BARCELONA.- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha encontrado nueva munición para su estrategia de acoso y derribo del presidente Pedro Sánchez. Un informe de la Guardia Civil conocido la semana pasada apunta que José Luis Ábalos, ex ministro de Transporte y mano derecha de Pedro Sánchez, habría participado en la trama corrupta de tráfico de influencias y blanqueo de dinero en la que estaba implicado uno de sus subordinados, Koldo García. El Partido Socialista (PSOE) ha respondido con duros ataques contra el PP, que atesora un largo historial de casos de corrupción, algunos todavía en los tribunales. Mientras en las calles se multiplican las movilizaciones por la falta de viviendas a precios asequibles, la política española se hunde un poco más en el fango.
El llamado “caso Koldo” no es nuevo, sino que estalló hace medio año, y conllevó entonces la detención de García, el que fuera asesor político de Ábalos, y del empresario Víctor Aldama. Desde entonces, las autoridades policiales han continuado investigando unos presuntos contratos fraudulentos para la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid. Si bien en un primer momento el ex ministro Ábalos no se vio salpicado directamente por el escándalo, las nuevas informaciones sugieren que él también participó y se lucró de las comisiones ilegales vinculadas a los contratos. La Fiscalía Anticorrupción ha hecho suyo el informe de la Guardia Civil, y asigna un “papel principal” a Ábalos en el entramado.
Aunque se halla a un paso de ser formalmente imputado, el ex ministro socialista ha continuado defendiendo su inocencia ante los medios. Ábalos fue expulsado del PSOE a finales del pasado mes de febrero, pocos días después de salir a la luz pública el escándalo, pero se negó a entregar el acta de diputado y pasó al grupo mixto del Congreso. Hombre de confianza de Sánchez antes incluso de llegar a la Moncloa, fue defenestrado del Gobierno en 2021 de forma inesperada.
El PP ha aprovechado las nuevas revelaciones para apuntar directamente contra el presidente Sánchez, al que acusa de ser el verdadero cerebro de la trama y le ha instado a dimitir. “En todos los puntos de la corrupción aparece la cara de Pedro Sánchez … Cuanto antes se vaya, mejor”, espetó la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. El pasado lunes, el partido opositor fue más allá y presentó una querella contra el PSOE por financiación ilegal, algo que no aparece en el “caso Koldo”. Su querella se basa en el testimonio de un empresario anónimo recogido por The Objective, un controvertido medio online, en el que asegura haber entregado en negro “bolsas con billetes” por valor de 90.000 euros a la sede del PSOE.
El “caso Koldo” no es la única sospecha de corrupción que sobrevuela el entorno de Sánchez. En primavera, un juez abrió una investigación a su esposa, Begoña Gómez, también por tráfico de influencias. Entonces, el presidente, que alegó ser víctima de una caza de brujas, hizo un amago de dimisión que mantuvo al país en vilo durante cinco días. A diferencia de las recientes acusaciones a Ábalos, en las que ya existen evidencias de actos fraudulentos, la investigación a Gómez se ha basado hasta la fecha en conjeturas.
Por esta razón, Sánchez decidió presentar una querella por prevaricación contra el juez que imputó a su esposa, Juan Carlos Peinado. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el viernes admitir a trámite la querella. En la Moncloa están convencidos de que una parte de la judicatura se ha sumado a la campaña de acoso y derribo del Gobierno liderada por Feijóo. Según argumentan, una de las pruebas más claras es la decisión de muchos magistrados de no aplicar la ley de amnistía a los políticos y activistas catalanes favorables a la independencia, el elemento central del pacto que mantuvo a Sánchez en la presidencia.
Además de negar la comisión de cualquier delito por parte de sus miembros, el PSOE ha reaccionado a la ofensiva del PP con una estrategia de contraataque. “Nos están pidiendo explicaciones desde una sede, la del PP, pagada en [dinero] negro. ¿Quién nos está pidiendo cuentas, los Soprano?”, exclamó Esther Peña, la portavoz socialista. Durante la última década, los populares han protagonizado numerosos casos de corrupción, entre ellos, el conocido como “Gürtel”, que acabó provocando la caída del presidente Mariano Rajoy. Entonces, los tribunales consideraron probada la existencia de una estructura ilegal en las finanzas del partido desde su creación, en 1989.
Sin embargo, las tribulaciones de Ábalos no han sido las únicas que han sacudido la política española durante los últimos días. En un decisión inédita, la sala penal del Tribunal Supremo abrió el miércoles una causa contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Habida cuenta que el Fiscal General es un cargo nombrado por el Gobierno, el movimiento del Supremo ha intensificado la refriega partidista.
Mientras el PP no tardó en exigir la inmediata dimisión de Ortiz, Sánchez defendió al Fiscal General y argumentó que quien debería dimitir es Díaz Ayuso por haberse beneficiado del fraude fiscal de su novio. “Ha hecho su trabajo y ha hecho lo que debía hacer: perseguir al delincuente y combatir un bulo”, dijo Sánchez en referencia a la intervención de Ortiz en la que desmintió una información propagada por el entorno de Ayuso según la cual su pareja habría sido víctima de un chantaje por parte de Hacienda. La mayoría de analistas políticos atribuye la sorprendente imputación de Ortiz a la lucha dentro de la judicatura española entre su ala progresista y su ala conservadora, hegemónica en las altas esferas judiciales.
Las sospechas de corrupción del entorno de Sánchez pondrán a prueba una vez más sus conocidas dotes de supervivencia. Mientras suben los decibelios de la bronca política, el PSOE negocia con Junts per Catalunya y el resto de socios de investidura la aprobación de los presupuestos del año próximo. En caso de cerrar el acuerdo, Sánchez habría conseguido blindar la continuidad de la legislatura, siempre y cuando no se destape una vinculación personal suya con un caso de corrupción.