Las autoridades instauradas en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad por la ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) han condenado este jueves el asesinato de un fotógrafo que trabajaba para la agencia estatal de noticias, SANA, después de ser secuestrado por personas no identificadas en la provincia de Hama (centro).
El Ministerio de Información sirio ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que «condena el asesinato del fotógrafo Ibrahim Ajaj», al tiempo que ha mostrado su «total compromiso con el apoyo a la libertad de prensa».
Así, se ha comprometido a «proteger a los periodistas, como derecho fundamental para todos», al tiempo que ha recalcado que trabaja con el Ministerio del Interior para «esclarecer las circunstancias de este crimen» y «hacer que los responsables rindan cuentas y que se haga justicia».
Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión siria Syria TV, el cuerpo de Ajaj fue localizado el miércoles en la ciudad de Hama, apenas un día después de que personas no identificadas le secuestraran en su vivienda, sin que por ahora haya más detalles y sin que se hayan producido detenciones.
Ajaj se convierte así en el primer periodista que trabajaba para un medio estatal durante el régimen de Al Assad asesinado desde su huida a Rusia el 8 de diciembre de 2024 por los avances de yihadistas y rebeldes, que acabaron por tomar Damasco e instaurar unas autoridades encabezadas por el jefe de HTS, Ahmed Husein al Shara, conocido como Abú Mohamed al Golani.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha afirmado que Ajaj fue asesinado a tiros por «personas desconocidas» y ha reclamado que se garantice la «protección» de los periodistas en el país, al tiempo que ha ensalzado «los sacrificios de los que perdieron la vida en Siria y en todo el mundo realizando su labor periodística para informar de la verdad y documentar las violaciones».
El organismo, con sede en Londres, ha afirmado que hasta la fecha ha documentado cerca de 150 asesinatos en el país en el marco de lo que describe como «represalias» contra personas por su vinculación o supuestos lazos con el régimen de Al Assad.