A finales de enero, el secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en el Wall Street Journal que parte de la política de Trump de “América Primero” incluye prestar más atención al hemisferio occidental. Rubio afirmó que las administraciones anteriores han pasado por alto a América Latina, pero aseguró que las cosas serían diferentes a partir de ahora.
En contraste con la estricta política de Donald Trump hacia países como México y Canadá, Rubio considera que la reubicación de vitales cadenas de suministro a América Latina podría acelerar el crecimiento económico de los países centroamericanos y reducir su dependencia de China.
Según Rubio, reforzar las relaciones con América Latina también podría reducir los incentivos para la emigración y fortalecer la capacidad de sus gobiernos para combatir el crimen e invertir en el país.
En un breve pasaje, Rubio menciona otra amenaza importante para América Latina, que no es menos urgente: el papel cada vez más dominante de los cárteles de la droga en la región y la presencia de regímenes rebeldes como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Rubio no profundizó mucho en este punto. Sin embargo, es precisamente en el tema del crimen transnacional y sus colaboradores donde es esencial buscar la cooperación con los países de la región.
Donald Trump declaró a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Esa es una medida crítica porque permite a la Administración utilizar métodos antiterroristas como el lanzamiento de operaciones encubiertas y otros medios para combatir el crimen transnacional. La Administración Trump ya procedió a desplegar más tropas en la frontera sur, y en coordinación con México, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) está recopilando inteligencia sobre las operaciones de los cárteles. Esos pasos, según James Fowler y Alicia Nieves del Atlantic Council, pueden indicar que Estados Unidos está dispuesto a llevar a cabo una acción militar directa “unilateralmente o con el ejército mexicano, contra los cárteles en suelo mexicano”.
De ser así, estamos asistiendo, por primera vez en mucho tiempo, a un intento serio de combatir a los cárteles de la droga, que no sólo son responsables de actividades ilícitas y violencia, sino también de debilitar a los gobiernos nacionales y locales, a las instituciones judiciales y a la policía. Este caos convierte a la región en uno de los territorios más anárquicos del mundo. Como bien señaló el difunto académico Ángel Rabasa, los territorios sin gobierno son caldo de cultivo para más delincuencia y terrorismo.
Sin embargo, como Trump tiende a rechazar la idea de una participación directa de Estados Unidos en aventuras militares, la cooperación con los gobiernos latinoamericanos, especialmente México, es esencial. Es en este sentido que las amenazas a México en materia de aranceles y la reacción de México en forma de medidas recíprocas no ayudan a crear un ambiente propicio para construir un proyecto conjunto tan importante. De hecho, reducir el poder de los cárteles es del interés de los países latinoamericanos, tanto como del de Estados Unidos. Por lo tanto, la Administración debe tener cuidado de no distanciarse de México. De hecho, los cárteles de la droga no sólo han cooperado con organizaciones terroristas como Hezbollah (que ya tiene una presencia significativa en América Latina), sino que algunas de ellas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otras han sido también cárteles de droga. El ingreso que proviene del tráfico de estupefacientes permite la supervivencia de estos grupos y sus aliados. Como ha concluido el Centro Interregional de Investigaciones sobre Delincuencia y Justicia de las Naciones Unidas, “las organizaciones criminales adoptan cada vez más tácticas terroristas para perseguir sus objetivos económicos. Al mismo tiempo, las organizaciones terroristas en América Latina se han transformado en entidades híbridas impulsadas tanto por creencias ideológicas como por ganancias económicas”.
El crimen transnacional también se asocia con gobiernos. Tal es el caso de Venezuela. De hecho, el gobierno de Maduro sostiene su régimen autocrático apoyándose en los ingresos del narcotráfico.
Según una importante investigación periodística, Venezuela es ahora un importante centro de transporte de cocaína que envía toneladas de cocaína, principalmente a los Estados Unidos, lo que genera miles de millones de dólares en ingresos. Los altos escalones políticos y militares venezolanos constituyen un cártel de la droga que también coopera con las guerrillas colombianas no solo en el tráfico de drogas sino también en actividades ilegales de minería de oro que involucran trata de personas, esclavitud, trabajo infantil, tortura, amputaciones y asesinato de trabajadores y un amplio conjunto de violaciones de los derechos humanos.
Más recientemente, la administración Trump revocó la licencia de Chevron para extraer petróleo de Venezuela. Sin embargo, esto está lejos de ser suficiente para debilitar al nefasto gobierno de Maduro, y mucho menos para cambiar el régimen. Además, dadas las circunstancias, es más probable que tales medidas afecten a la población venezolana más que al propio régimen.
El desafío para la administración Trump es doble. En primer lugar, es crucial combatir las actividades de narcotráfico del gobierno venezolano y detener las principales fuentes de oxígeno que sustentan al régimen. Por lo tanto, la administración debe instruir a la CIA y a la DEA que desarrollen una estrategia para acabar con todos los cárteles de la droga en América Latina, ya que debilitan a los estados soberanos, convierten a los estados en cárteles de la droga (narcoestados), producen violencia y sufrimiento a millones de personas. Esa es precisamente la razón por la que la administración debe mantener relaciones decentes con gobiernos como México y otros grupos de la región que pueden ayudar a Estados Unidos a eliminar las entidades delincuentes y rebeldes.
En segundo lugar, como Trump está trabajando para mejorar las relaciones con Putin, este es el momento de pedir algo a cambio. Rusia está profundamente involucrada en el apoyo al gobierno venezolano con armas. Desde mediados de la década de 2000, Venezuela ha comprado casi 20 mil millones de dólares en equipo militar a Rusia a cambio de futuros envíos de petróleo venezolano. Muchas de estas armas fueron transferidas a las guerrillas colombianas en el pasado y corren el riesgo de caer en manos de grupos armados irregulares y criminales (incluidos cárteles de la droga y grupos terroristas).
De igual manera, Rusia brindó su apoyo político a Venezuela, realizó fuertes inversiones en el sector petrolero del país y ayudó al país a eludir las sanciones internacionales.
Asimismo, Rusia mantiene una cooperación militar con países hostiles a Estados Unidos y que causan inestabilidad en la región (además de Venezuela, esta alianza incluye también a Cuba y Nicaragua). Dicha sociedad le permite a Rusia colocar sus instalaciones logísticas navales dentro de su territorio. Trump debe exigir a Rusia que anule estos acuerdos y retire sus bases de estos países. América Latina no es otra zona remota del mundo. Está en el mismo vecindario que Estados Unidos. De hecho, es esencial contrarrestar la influencia económica y política de China en la región, como lo afirmó el secretario Rubio. Asimismo, tener anarquía, crimen, terrorismo y militares rusos en su vecindario tampoco es conveniente para los Estados Unidos.