La Argentina sabrá esta semana si supera el examen de los países que combaten el lavado de dinero y evitan el financiamiento del terrorismo internacional. Entre el miércoles y jueves se realizará en París la reunión del grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) donde cerca de 200 países debatirán si la Argentina superó los estándares normativos y de eficiencia para combatir el lavado de dinero o si lo colocan en la temida “lista gris” de países incumplidores, lo que genera perjuicios para la economía y el acceso al crédito internacional.
Pese a lo que está en juego, hay optimismo en el Gobierno con superar esta prueba. Y una evidencia de que piensan que el país puede superar el examen es la amplia comitiva que viajará a París, integrada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el viceministro Sebastián Amerio; el jefe de la delegación argentina, el embajador Eugenio Curia; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci; el presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky; el fiscal federal Diego Velasco, de la fiscalía antilavado, y Silvina Rivarola, del Banco Central, mientras que por la Corte Suprema participará el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), Juan Tomás Rodríguez Ponte.
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“Imagínese que con esta representación no creo que vayan a recibir malas noticias”, dijo un funcionario que sigue este proceso de cerca. En la delegación argentina prima la cautela y el secreto. No quieren que se filtre nada para no predisponer de manera negativa a los que tienen que votar en París.
Sin embargo, el clima en la delegación es bueno: “La Argentina levantó puntos. A principios de este año el panorama era bastante complejo y desalentador. Hoy el panorama está abierto y la Argentina tuvo posibilidades de demostrar las fortalezas del sistema antilavado y que ha obtenido resultados”, dijo una fuente del Gobierno.
Antes de esta reunión entre los evaluadores del GAFI y los funcionarios argentinos, el pronóstico era dramático. Ahora hay un mucha cautela, pero buenas vibras.
Lo que ocurrirá el jueves es la votación en el plenario del GAFI del informe de evaluación sobre la situación en la Argentina con respecto al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Junto con el informe de la Argentina se votará el de Omán. El GAFI es el organismo internacional G40 integrado por los países más influyentes del mundo y organismos internacionales tales como la OCDE, el Banco Mundial, el FMI, la Comisión Europea y las Naciones Unidas. Busca reforzar los sistemas nacionales de prevención en materia de lavado de dinero, terrorismo y financiamiento del terrorismo.
Ese informe contendrá las conclusiones sobre la normativa que se aplica en la Argentina, si está adecuada a los parámetros internacionales exigidos por el GAFI y sobre la efectividad del sistema, es decir si hubo condenas, multas o sanciones, y si funcionaron los mecanismos de prevención, investigación y sanción.
En marzo, la Argentina informó al GAFI un fuerte incremento de las condenas por lavado de dinero –de tres 77 sentencias– y otros tantos decomisos por millones de pesos. Fue durante la reunión con los evaluadores del GAFI que se llevó a cabo en la Cancillería, con representantes de la justicia federal, el Ministerio Público Fiscal y el Banco Central. Además, el Congreso cambió la ley de lavado y el Gobierno incluyó a los abogados como sujetos obligados de realizar reportes de obligaciones sospechosas de sus clientes, además de impulsar otra adecuaciones normativas.
El proceso de evaluación que concluirá este jueves comenzó en noviembre 2023, cuando se presentaron los primeros informes argentinos. Continuó con la visita a Buenos Aires, entre 6 y el 26 de marzo de este año, de los evaluadores y funcionarios de la Secretaría del GAFI/GAFILAT, que evaluaron el período abarcado entre 2019 y marzo de 2024.
Esos 25 evaluadores que permanecieron en Buenos Aires durante tres semanas elaboraron un informe sobre el estado de situación del cumplimiento técnico de los estándares y el cumplimiento de la efectividad de esos estándares.
Ese informe fue revisado en tres ocasiones, con idas y vueltas de borradores que recibían comentarios de la Argentina y más preguntas de los evaluadores internacionales. Ese proceso se extendió entre abril y septiembre, incluyendo una reunión frente a frente, en las afueras de París, de todos los actores involucrados en la evaluación. Por parte de la Argentina, el proceso de evaluación esta en cabeza del Ministerio de Justicia.
El desafío que perturba al Gobierno
En las últimas semanas, el informe final de la evaluación argentina fue distribuido a las 200 jurisdicciones que integran la red global del GAFI para recoger sus comentarios y observaciones. El jueves 24, en la sede de la OCDE, el GAFI dará a conocer sus conclusiones.
El resultado del proceso consistirá en la aprobación por parte de los miembros del GAFI de un informe final que, más allá de las calificaciones, contendrá un plan de acción que la Argentina deberá valorar para la gestión del sistema de prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
La última evaluación formal había ocurrido en 2012, cuando la Argentina cayó en la lista gris. Luego, en 2014, el país logró salir de esa lista.