El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, podría tener buenas noticias de parte de la Legislatura antes de lo esperado. Esta semana giró el proyecto del Presupuesto 2025 y la Ley Fiscal Impositiva y las conversaciones con los bloques no peronistas aliados empezaron a desarrollarse con cierta fluidez y en un contexto de acompañamiento sobre otros proyectos que se aprobaron en las últimas horas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerense.
La sesión en la Cámara alta provincial de este jueves que dejó la aprobación de una nueva ley de jubilaciones para trabajadores del Banco Provincia -restituyendo el haber del 82% y la edad jubilatoria a partir de los 60 años para mujeres, entre otros ítems- sumado a la conversión en ley del Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas, –renombrado RIGI bonaerense, que propone facilidades impositivas para los proyectos que no son alcanzados por el RIGI nacional– funciona como muestrario de cómo se están dando las negociaciones por el Presupuesto y la Ley Fiscal 2025. Para esos proyectos, el peronismo consiguió el respaldo del bloque Libertad Avanza que integran Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura. Se trata de una bancada que se escindió de la estructura libertaria cuando el entonces candidato a presidente Javier Milei acordó con Patricia Bullrich un respaldo de cara al balotaje contra Sergio Massa. Un movimiento que también se replicó en la Cámara de Diputados bonaerense, con la diferencia de que ese bloque se llama Unión Renovación y Fe y cuenta con nueve integrantes.
Esa es una de las llaves con las que cuenta el Ejecutivo en el terreno legislativo. Es que en ambas cámaras, el peronismo no tiene mayoría. Si bien es primera minoría, en el Senado, Unión por la Patria, cuenta con un bloque de 21 sobre 46 senadores; mientras que en Diputados tiene 37 miembros sobre un total de 92. En el Senado requiere de tres votos para conseguir la mayoría simple. En Diputados, de diez legisladores.
Parte de la estrategia planteada este año es ir sobre los bloques libertarios dialoguistas. En ese escenario se mueven también los titulares de Unión por la Patria en la Legislatura, Teresa García en el Senado y Facundo Tignanelli en Diputados. Tanto en el PRO como en la LLA hablan de traición de estos bloques dialoguistas. “Me gusta el mote dialoguista, no lo veo nada mal. Creo que la política necesita del diálogo y el consenso, es lo que reclama la gente”, deslizó esta semana el diputado del bloque Unión Renovación y Fe, Fabián Luayza, en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco. El legislador es uno de los interlocutores con el peronismo y ocupa una vicepresidencia en la Cámara de Diputados.
En lo que respecta a las negociaciones del Presupuesto y la Ley Fiscal, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, encabezó un almuerzo convocado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, a autoridades de bloques y de ambas cámaras. De las bancadas en Diputados, ni el PRO, ni uno de los bloques de la UCR en Diputados, asistieron. Tampoco lo hizo la Izquierda y la Coalición Cívica, que tiene un proyecto macro para intervenir sobre la Ley Fiscal Impositiva. “Queremos eliminar facultades delegadas, incorporar por ley exenciones a buenos contribuyentes y ahora empezamos a analizar la ley impositiva que ingresó recién esta semana”, le dijo la presidenta del bloque de la CC, Maricel Etchecoin Moro a Infobae.
Las bancadas que no asistieron al almuerzo que encabezó el funcionario de Kicillof plantean, en líneas generales, que el Presupuesto se debe discutir en el ámbito de las comisiones. Sí participó del almuerzo el titular del bloque de LLA en la Cámara baja, Agustín Romo; activista de la política digital de LLA y de acceso directo al despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo. También, se hizo presente el libertario Guillermo Castello.
La comitiva peronista del Senado estuvo encabezada por la vicegobernadora, Verónica Magario y la titular del bloque de UP, Teresa García, además del senador Marcelo Feliú -que será el miembro informante cuando el proyecto se discuta en el recinto-. López fue acompañado por parte de su equipo del ministerio. La reunión -que incluyó asado de almuerzo- corrió en buenos términos, según confiaron distintos asistentes a este medio. Se espera que ahora los funcionarios provinciales concurran a las comisiones de Presupuesto.
Pero técnicamente, algunos integrantes de los espacios que no fueron parte del almuerzo de este viernes reconocieron que el Presupuesto bonaerense “es prolijo”; al igual que la Ley Fiscal Impositiva. “El tema de la impositiva fue el año pasado, este proyecto es más tranquilo, llamémosle. Algún cambio vamos a pedir, pero en líneas generales parece correcto”, admite un legislador del radicalismo. Este viernes el senador del bloque UCR+Cambio Federal, Marcelo Daletto, anunció incluso que acompañará el Presupuesto. “Le vamos a buscar la vuelta, vamos a tratar de consensuar, pero el gobernador tiene que tener esa herramienta, la Provincia no puede transitar el 2025 con lo convulsionado que va a ser sin esa herramienta”, dijo en declaraciones a El Termómetro Radio.
En números, el Presupuesto 2025 plantea que habrá $32,8 billones en ingresos totales, con un incremento del 35,9% respecto a la proyección de cierre de 2024. De ese total, el 99,7% corresponde a recursos corrientes, principalmente tributarios de origen provincial ($13,1 billones, +33,4%) y nacional ($11,6 billones, +29,6%). Mientras que prevé un gasto total de $34,3 billones (+34,2%). El 92,2% corresponden a gastos corrientes ($31,6 billones, +31,7%), mientras que los de capital alcanzan $2,7 billones (+73,5%).
Además, incluye un endeudamiento que, nominado en dólares, se proyecta en USD 1.045 y por USD 250 millones por letras del tesoro. Se prevé la creación de 2.249 nuevos cargos, principalmente para el Servicio Penitenciario Bonaerense, Poder Judicial y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, junto con 5.000 horas cátedra para educación.
Hay, también, unos $13,6 billones en gastos de personal; $857.590 millones destinados a intereses de la deuda, $5,8 billones a seguridad social y de 1,6 billones será la inversión en Obra Pública.
En cuanto a la Ley Fiscal Impositiva, el proyecto propone una actualización de los impuestos patrimoniales con límites. Para el impuesto Inmobiliario, tanto en su versión urbana como rural, se establece un tope de aumento del 28% anual. Este porcentaje se calcula comparando la última cuota de 2024 con la primera de 2025. En cuanto al impuesto a las Patentes, que grava a los vehículos, el tope de ajuste será del 19%, aplicable principalmente a los vehículos de mayor valuación, aunque se espera que en promedio los aumentos sean menores.
El proyecto también incluye incentivos para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales. El Ejecutivo plantea que la idea es sostener en 2025 la misma presión tributaria alcanzada en 2024. Además, el proyecto de ley no contempla cambios en las alícuotas de Ingresos Brutos ni de Sellos, lo que sugiere un enfoque en la estabilidad fiscal, intentando fomentar la recuperación económica.
En el encuentro de este viernes, algunos legisladores trasladaron consultas a López referidas a la Ley Fiscal Impositiva. La oposición buscará en esa negociación que la valuación fiscal quede establecida de acuerdo a lo que se establezca en la Legislatura y no que sea una potestad de ARBA. El bloque Acuardo Cívico-UCR + GEN, es una de las bancadas que empuja estas modificaciones
En tanto, integrantes del bloque del PRO y La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados ya cuestionaron un artículo del proyecto referido a la sobre tasa destinada a la actividad portuaria que fue incluida temporalmente en el Presupuesto 2020 y ahora, según los diputados Fernando Compagnoni (LLA) y Matías Ranzini (PRO), se le busca darle carácter definitivo.
Los legisladores sostienen que la iniciativa genera preocupación entre los operadores portuarios que temen que los costos adicionales disminuyan su competitividad frente a otros puertos, como los de la Ciudad de Buenos Aires y los del Río Paraná. Según Ranzini, “más del doble de lo ya existente es lo que Kicillof les quiere exigir a los puertos”.
Frente a estos cambios legislativos, se anticipa una discusión en la Cámara de Diputados, en la que tanto los legisladores como los intendentes de zonas portuarias expondrán el tema para prevenir efectos adversos en las operaciones y la eficiencia portuaria. Compagnoni subrayó: “No entienden que hay que sacarle el pie de la cabeza al mundo logístico para no encarecer la cadena de valor”.