Un promedio diario de 17 personas murieron en nuestro país en siniestros de tránsito a lo largo de 2023, más de 6000 en el año, que se suman a los heridos según informes de la ONG Luchemos por la Vida (LxV). En reiteradas oportunidades nos hemos ocupado del tema de la inseguridad vial desde este espacio editorial. Se trata de una enfermedad social absolutamente controlable a pesar de que se insista con hablar de accidentes ante infinidad de situaciones prevenibles.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial recibe más de 30 millones de dólares al año, pero la baja de la siniestralidad parece cada vez más lejana. Desde la activa LxV advierten que aún las mejores leyes del mundo no sirven si no se controla su cumplimiento. Podríamos agregar que resulta igualmente clave que se penalice ejemplarmente a los infractores.
La diputada Patricia Vásquez (Pro-Buenos Aires), la misma que presentó el proyecto de modificación del sistema de registros automotores, ingresó otra iniciativa que busca declarar la emergencia vial. Propone cambios a la ley nacional de tránsito que pasaría a revestir carácter de orden público con aplicación nacional, evitando las excepciones jurisdiccionales y unificando criterios que hoy varían según provincias y municipios. Al cuerpo normativo nacional vigente, que no cuenta con una adhesión generalizada, se le sumaron reglamentaciones propias y la ausencia de un registro centralizado de infracciones de tránsito completa ese heterogéneo panorama. Ejemplo de esto es que hay multas registradas con el dominio del vehículo y otras con el DNI del propietario. La legisladora nacional, acusada de adeudar infracciones, pone su propio ejemplo. Argumenta que jamás fue notificada, que hay infracciones con autos que ya no le pertenecen y que, si cometió faltas, responderá y ejercerá su derecho a defenderse.
Si en el pasado fue la Policía Caminera el tramposo ente recaudador, hoy lo son muchas municipalidades del interior del país. Un lector mencionaba día pasados lo que ocurre en la ruta 14, en Entre Ríos, y reclamaba al gobernador Rogelio Frigerio que tome cartas en el asunto. Los derechos ciudadanos se violan cada vez que las notificaciones por infracciones supuestamente cometidas no llegan nunca al infractor, privándolo de realizar el correspondiente descargo y obligándolo a abonarlas para renovar las licencias o vender los vehículos.
En la ciudad de Buenos Aires, las dos empresas contratadas para registrar fotomultas contabilizaron que, entre enero y agosto de este año, el 40,7% correspondió a exceso de velocidad y el 37,9% a estacionamiento indebido. El resto se divide entre violación de luz roja, evasión de peajes, uso indebido de celular y alcoholemia, entre otras. Los ingresos por estos conceptos se destinan a rentas generales. En la provincia de Buenos Aires se procesan un promedio de 450.000 fotomultas por mes con una recaudación que iría en un 40% al municipio, 40% al prestador y 20% a la Provincia.
Hoy las fotomultas prescriben a los 5 años, según la ley nacional. El infractor no suele ser notificado y los montos por pagar se ven groseramente actualizados al momento de tramitar el libre deuda. Con la nueva ley, la prescripción de las multas pasaría a operar al año por faltas leves y a los dos años para la acción por falta grave y sancionable, en consonancia con el Código Penal. Pasado ese período, la sanción se eliminaría del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito.
En cuanto a las fotomultas, también conocidas como “cazabobos” , el proyecto contempla que las infracciones detectadas por dispositivos automáticos de control sean declaradas nulas cuando estos no se encuentren debidamente señalizados y no brinden todos los datos específicos. Está visto que responden a un fin meramente recaudatorio con empresas concesionarias de cámaras que también reciben su porcentaje. Al analizar la localización y el funcionamiento de muchos de los radares, se comprueba que artera y premeditadamente su ubicación induce a infracciones difíciles de evitar, como reducciones tan imposibles como peligrosas de velocidad entre dos señales, antes que a prevenir accidentes o a crear conciencia vial. Vásquez insiste con “terminar con los curros” y enfatiza que las fotomultas deben ser un medio secundario y auxiliar que acompañe el control policial y jurisdiccional presencial. Claramente, el objetivo punitorio pasa por alto el de evitar que las infracciones se repitan, es decir, pierden la que debería ser su verdadera esencia. Muchos países suman a las multas cursos obligatorios de rehabilitación o trabajos comunitarios con mejores resultados.
En la provincia de Buenos Aires se dispuso la constitución obligatoria de un domicilio vial electrónico para evitar la falta de notificación, una sana disposición que debería imitarse. En tiempos de virtualidad debería también instrumentarse que los reclamos o eventuales desconocimientos de un cargo –comunicado en tiempo y forma, según lo dispuesto por la ley nacional de tránsito– puedan gestionarse sin necesidad de que el conductor deba presentarse ante el juzgado del municipio que labró el acta, con las molestias que los traslados y trámites revisten.
De aprobarse el proyecto, se garantizará la razonabilidad y transparencia que hoy falta. Se propone la constitución de un Fondo Nacional de Infracciones para destinarlo a una educación vial, que ya a esta altura debería ser materia obligatoria en las escuelas–; a la mejora y reparación de rutas, caminos y accesos a las zonas urbanas; a la prevención y a asistencia a las víctimas.
Los controles deben dejar de ser intermitentes y aleatorios, para volverse sistemáticos y generalizados. Complementados con un sistema de sanciones diseñado para que las faltas no se repitan, privilegiando el scoring, estaremos más cerca de ver garantizado nuestro derecho a movernos de manera segura. Ayer fue el Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Tránsito: sus vidas perdidas nos interpelan.